Por fin en el territorio nacional se comienza a avanzar de acuerdo con la tendencia internacional, que muestra que en el mundo las empresas resolvieron tomar cartas en el tema y asumir la corresponsabilidad que les atañe en un hecho que las involucra tanto como a los entes públicos. Muestra de las iniciativas de autorregulación internacional son, por ejemplo, los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de Transparencia Internacional y Social Accountability International, hoy aplicados en muchos países del mundo; el Décimo Principio del Global Compact de la Organización de Naciones Unidas que establece que las empresas deben trabajar en contra de este flagelo en todas sus formas; la propuesta Paci del Foro Económico Mundial, cuyo objetivo es la identificación de políticas exitosas de combate al vicio mencionado en la empresa privada y la promoción de una actitud de ‘cero tolerancia’ frente a este; las reglas de conducta de la Cámara de Comercio Internacional que buscan la eliminación de tales prácticas a través de una combinación de acción pública e iniciativa privada; o el FTSE4Good Index Series que busca crear incentivos de mercado que impulsen el mejoramiento de la conducta empresarial en distintos temas, entre ellos el cohecho. En Colombia, el camino es largo y retador. Pero bien vale la pena. Romper el círculo vicioso de la corrupción parece posible, aún para los más incrédulos. ¿Qué se requiere? Asumirlo y enfrentarlo. Tomar la decisión radical de decirle no al soborno en cualquiera de sus formas: no ofrecer, no pagar, no recibir, no pedir. Y de manera paralela, un trabajo juicioso, sistemático y permanente al interior de las empresas que permita generar nuevos hábitos en las relaciones con contratistas, proveedores y representantes de ventas, y por supuesto, en las relaciones con el Estado. Es pertinente identificar cuándo una práctica comercial comúnmente aceptada puede convertirse fácilmente en un hecho venal. Definir el límite parece a veces difícil, cuando las metas de ventas están por encima de cualquier consideración. Pero ahí está el reto. En Colombia, hay quienes de manera valerosa se han atrevido a dar los primeros pasos. Varias de las compañías fabricantes de tuberías para acueducto y alcantarillado se han unido -a pesar de ser competencia-, han establecido reglas de mercado claras y se han puesto de acuerdo en un objetivo común: decirle no a los pagos ilegales, en un sector particularmente susceptible al mismo. Otras, han decidido estimular en las entidades vinculadas a su cadena de valor las mejores prácticas y preferir a proveedores que tienen en marcha programas de ética y anticorrupción. Y algunas, más comienzan a pensar en acciones gremiales similares. Junto a estas semillas iniciales, los resultados de la primera encuesta nacional de prácticas de prevención contra el soborno, dados a conocer la semana pasada, confirman el largo camino por recorrer. Si bien, el 72 por ciento de los empresarios considera útiles las prácticas para evitar el cohecho, entre 33 y 47 por ciento reportan no aplicar ‘ninguna’ de las prácticas de prevención propuestas en la encuesta frente a temas como donaciones, manejo de regalos y gastos de representación, canales de denuncia, régimen de sanciones y relaciones con contratistas, proveedores y representantes de ventas. Un reto adicional, para romper el círculo, lo tienen los consumidores cuando toman la decisión de castigar a las compañías y no comprar los productos de quienes cometen los pecados mencionados. No obstante, en este campo en Colombia la tarea está toda por hacerse. No se trata de saludos a la bandera, sino de voluntad y liderazgo, acompañado de acciones concretas para decirle no al soborno. '' En Colombia se empiezan a dar los primeros pasos de autorre- gulación para prevenir, detec- tar y controlar riesgos de corrupción. WILABR