Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Foto: Archivo Portafolio.co

Gremio de infraestructura responde a informe de Contraloría sobre sobrecostos en vías por concesión.

El sector de la infraestructura colombiana aseguró que las adiciones por 1,5 billones de pesos, detectadas por la Contraloría General de la República en un análisis hecho a 11 concesiones viales, no solo tuvieron el visto bueno de las entidades contratantes, sino que fueron sometidas a filtros institucionales de la talla del Consejo de Ministros.

De esta forma, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), gremio que representa a las firmas de ingeniería civil, le salió al paso al reporte del organismo de control e incluso cuestionó que en las interpretaciones del informe existan visos de estigmatización.

El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, advirtió que desde hace varios lustros se viene discutiendo cuál es el límite para las adiciones en contratos como las concesiones viales, punto sobre el cual ha habido varias interpretaciones jurídicas, "todas ellas plausibles y válidas".

"Lo cierto es que las adiciones que la Contraloría cuestiona fueron revisadas y aprobadas por las entidades contratantes y sometidas a todos los filtros previstos en la ley, e incluso a algunos más, como el Conpes, el Confis y el Consejo de Ministros", indicó.

Agrega que es obvio que ni las entidades contratantes, para ese entonces el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), ni los concesionarios hayan celebrado actos contractuales de adición, en las cuantías conocidas y reveladas por EL TIEMPO, si no estuvieran plenamente convencidos y respaldados en una lectura razonable de la ley.

"Que la Contraloría tenga otra lectura distinta -como suele suceder en el mundo de la interpretación jurídica- no puede traer como consecuencia que los adherentes a la primera interpretación sean estigmatizados como responsables de una violación", indica el Presidente de la CCI, quien recuerda que durante muchos años el Estado no fijó topes a las adiciones en las concesiones, tal como estaba en la Ley 80 de 1993 de contratación pública.

Explica que dichos límites se fijaron solo hasta el 2007, cuando en la Ley 1150 se estableció un techo para las prórrogas en materia de tiempo, pero no en materia de cuantía, y que fue con base en el artículo 28 de esta ley, aprobado por el Congreso y recientemente avalado por la Corte Constitucional, que se hicieron la mayoría de las adiciones que ahora la Contraloría cuestiona.

"Esas adiciones no se hicieron por debajo de la mesa", subrayó. Para el dirigente gremial no contribuye a la seguridad jurídica ni a la paz institucional y económica que los organismos de control cuestionen "con todo el poderío de sus herramientas jurídicas decisiones y acciones basadas en una válida interpretación de la ley".

SEGUIRÁN, PERO CON LICITACIÓN

Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (antes Inco), dijo que el problema se resolvió con la ley de asociaciones público-privadas, que limitó las adiciones al 20 por ciento del valor del contrato y dejó reglas muy claras de cómo hacerlas. Si el porcentaje no alcanza, porque los requerimientos de las vías son mayores, se determinó que todo contrato tenga un valor de recompra para el Estado.

Y, para no repetir errores, en cada adición se exigirá una licitación, de manera que el precio lo defina el mercado y no los concesionarios.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS