‘Estamos estudiando 557 solicitudes de licencias’, Anla

Los sectores con más pedidos a la entidad son, en su orden, agroquímicos, infraestructura, energía, hidrocarburos y explotación minera.

Claudia Victoria González Hernández, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Claudia Victoria González Hernández, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Archivo particular.

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Portafolio
agosto 08 de 2017 - 09:18 p.m.
2017-08-08

Pese a la incertidumbre generada por la proliferación de las consultas populares, la desaceleración de la economía y las limitaciones territoriales para la explotación de recursos naturales no renovables, Colombia sigue siendo un país atractivo para los inversionistas.

Así se desprende de los resultados, al primer semestre del año, de la solicitud de licencias ambientales para megaproyectos de infraestructura, minería, energía e inyección de recursos en agroquímicos y exploración y explotación de hidrocarburos.

Portafolio habló con la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia Victoria González, quien señaló que el acuerdo de paz ha mejorado la confianza entre los inversionistas.

¿Cuál es el resultado del licenciamiento ambiental en el primer semestre del año?

Con la oficina de Planeación de la Anla acabamos de hacer un corte a 30 de junio del presente año sobre el total de las licencias solicitadas y las que están en evaluación.
Encontramos que, en el global, están en este estado 557 solicitudes, de las cuales 250 ingresaron en el primer semestre y 307 vienen de atrás, pero que requieren pronunciamiento de la entidad en los próximos meses.

¿Cuáles son los sectores más dinámicos en solicitudes?

Si excluimos agroquímicos, que registró un total de 166 solicitudes, infraestructura –vías 4G, puertos, aeropuertos–, ocupa el primer lugar con 40. Siguen energía, que incluye generación y transmisión, con 21; hidrocarburos, con 16 y el sector de minería, con 4.

¿Por qué hay tan pocas en minería? ¿Por las consultas populares?

Lo que sucede es que la competencia de la Anla en minería es exclusiva para megaproyectos. La del tipo pequeño y mediano le corresponde a las corporaciones autónomas regionales. Hay que precisar también que en la etapa de exploración en minería, no se requiere licencia ambiental.

¿Cómo explicar que en época de desaceleración económica y de incertidumbre por las consultas populares, se mantenga interés por la industria extractiva?

El presidente Santos, en el foro con empresarios realizado esta semana, lo explicó: los inversionistas tienen confianza en el ajuste económico, en la estabilidad en sus instituciones y en los efectos de los acuerdos de paz y en el proceso de su implementación. Los megaproyectos en los cuales nosotros tenemos competencia son de largo plazo y hay una apuesta por el futuro del país.

Volvamos a las cifras. ¿De las 557 solicitudes de las que usted habla, cuántas se han resuelto?

A 30 de junio, y ya hemos tomado decisiones adicionales, ya teníamos 229 solicitudes resueltas. La Anla está prácticamente al día con sus cronogramas, aunque hay rezagos que se presentan por diferentes razones como deficiencias en los estudios de impacto ambiental, necesidad de información adicional, incumplimiento de requisitos relacionados con consultas previas, superposición de proyectos y levantamiento de vedas, entre otros.

Algunos gremios se quejan de la demora en el trámite de la licencia. ¿A qué se debe?

Básicamente, a las situaciones enumeradas antes. Si se detecta la necesidad de solicitar información adicional, por ejemplo, o se requiere una audiencia pública, los tiempos se alargan, pero son exigencias contempladas en la ley.

¿Cuántas solicitudes de información adicional han hecho ustedes en el transcurso del año?

A la fecha van 63, la mayoría de ellas –alrededor de 36– corresponden a infraestructura. Siguen hidrocarburos, energía, minería y agroquímicos.

¿Cuál es la importancia de la información adicional?


Este es un valioso instrumento, porque le permite a la entidad tener la información para tomar la decisión de la viabilidad ambiental de los proyectos. El cambio importante que se dio en este instrumento es la oralidad, que viene funcionando desde febrero de 2015 y que permite que en un mismo escenario, donde está presente un equipo interdisciplinario de la Anla, el titular del proyecto, y los consultores, se precise, se aclare y se defina la información adicional, que es fundamental para precisar y darle alcance a la información entregada en el estudio ambiental.

¿Y sobre las audiencias públicas?

Es uno de los mecanismos de participación ciudadana, en donde la comunidad puede expresar sus temores y expectativas frente a la llegada de un proyecto. En la evaluación siempre hemos tenido en cuenta las ponencias escritas y verbales que nos presentan los distintos actores durante cada una de ellas. Ha sucedido en las cinco que llevamos este año.

¿Cuáles son?

La de Termopaipa, Unidad funcional 1 vía Villavicencio-Cumaral-Yopal, Rubiales, mina de caliza de Cemex y Ataco (Tolima), relacionadas con minería de aluvión. Sobre algunas de ellas ya se produjo el acto administrativo correspondiente y sobre otras se está en la etapa de evaluación.

¿Qué tanto se ha modernizado la Anla?

Mucho, nuestros procesos son en línea, aunque este es uno que se encuentra en mejoramiento continuo, acorde con los desarrollos tecnológicos. En este momento hay alrededor de 58 trámites que se pueden realizar virtualmente, entre ellos la solicitud de audiencias públicas, al igual que de licencias, trámites y permisos, concesión de agua superficial y subterránea, vertimientos y beneficios tributarios. Todo eso se puede hacer a través de la Ventanilla de Trámites Ambientales (VITAL).

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