Así quedó la reforma al reparto de las tutelas

Los ajustes hechos buscarán aliviar la congestión en los despachos judiciales. Los aspectos relacionados con competencia no se tocaron.

Tutela

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diciembre 10 de 2017 - 07:30 p.m.
2017-12-10

Tal como lo había anunciado el presidente Juan Manuel Santos durante la clausura del XXIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tuvo lugar el mes pasado, el Gobierno Nacional finalmente expidió la reglamentación al reparto de las acciones de tutela, pronunciándose sobre una materia que no ha sido ajena a la polémica.

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A través del Decreto 1983 de 2017, que lleva la firma del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el Ejecutivo busca racionalizar o desconcentrar el reparto de las acciones de tutela que se interpongan contra autoridades públicas y particulares.

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Cabe recordar que en Auto del 2015, la propia Corte Constitucional había señalado que en materia de competencia, “el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales”, acotando que el mencionado decreto es inferior jerárquicamente respecto a las disposiciones legales y constitucionales que regulan la materia. Con el citado Decreto 1983, expedido el pasado 30 de noviembre, el gobierno modifica el Decreto 1069 de 2015, también conocido como Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho.

Para el ex ministro y ex delegatario de la Asamblea Constituyente Juan Carlos Esguerra, uno de los artífices de la acción de tutela en la Carta de 1991, lo que media en el Decreto 1983 de 2017 “son razones de orden lógico para el reparto de las tutelas que en sí mismas, no afectan negativamente las ideas que inspiraron la creación de esa figura, siempre y cuando no se toquen aspectos de su esencia como son el acceso directo y oportuno que debe tener una persona ante cualquier juez de la República para hacer valer sus derechos fundamentales”.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?

En primer lugar, el decreto establece que las acciones de tutela interpuestas contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal, y contra particulares, serán repartidas a los Jueces Municipales para su conocimiento en primera instancia.

Si las tutelas se interponen contra autoridades, organismos o entidades del orden nacional, irán a los Jueces del Circuito o con igual categoría, también en primera instancia.

En segundo lugar, las tutelas contra altos dignatarios del Estado (Presidente de la República, Contralor General, Procurador General, Fiscal General, Registrador Nacional y Defensor del Pueblo, entre otros) serán repartidas en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos.

Como tercer aspecto, se establece que las tutelas dirigidas contra las actuaciones de fiscales y procuradores, serán repartidas en primera instancia al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante la cual intervengan. El decreto, también señala las reglas aplicables para los Fiscales y Procuradores que intervienen ante las Altas Cortes.

Un quinto punto, tiene que ver con las reglas en materia de tutelas interpuestas contra jueces o tribunales, que según la norma, irán en primera instancia ante el respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

Por último, el decreto fija las pautas que deberán seguirse en el caso de tutelas interpuestas contra Consejos Seccionales de la Judicatura y demás órganos de gobierno judicial; contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; contra Tribunales de Arbitraje y contra otras autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. En uno de los parágrafos, el gobierno señala que las mencionadas reglas de reparto “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

AJUSTES A LOS REGLAMENTOS

Comentario aparte merece el artículo 2º de la norma, en el que se establece que los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura “podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones o subsecciones conformadas para tal fin”, respetándose así la autonomía de la rama en esta materia.

Sobre las reglas contenidas en el nuevo decreto, el Gobierno Nacional precisó que solamente aplicarán para las solicitudes de tutela que sean presentadas con posterioridad al 30 de noviembre de 2017.

Más allá de las buenas intenciones en el propósito de buscar salidas a la congestión de los despachos judiciales, hay quienes consideran que el problema de la tutela es mucho más de fondo, y que esta figura, que nació como una herramienta subsidiaria y excepcional para proteger derechos fundamentales, se ha convertido en la regla general, colapsando la administración de justicia incluso al más alto nivel.

Recuperar su esencia amerita ajustes que desbordan las competencias del gobierno.

“La tutela se descuadernó cuando se convirtió en el medio para controvertir providencias judiciales, dejando de lado los recursos ordinarios y extraordinarios que ya existen para esos efectos”, agrega Esguerra.

Pero además de esto, también se ha desnaturalizado por cuenta de la paquidermia judicial, cuando no por la mala fe de quienes acuden a ella de manera perversa y temeraria, alimentando un peligroso círculo vicioso que mantiene en vilo a una de las grandes conquistas de la Constitución del 91.

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