Avanza reglamentación del ‘crowdfunding’ financiero en Colombia

El Ministerio de Hacienda alista un decreto para la administración de plataformas electrónicas de financiamiento colaborativo.

Crowdfunding
POR:
Portafolio
enero 21 de 2018 - 09:11 p.m.
2018-01-21

Desde hace cerca de dos años, el Ministerio de Hacienda viene trabajando en la modificación del Decreto 2555 de 2010 (que compila las normas del sector financiero, asegurador y del mercado de valores) con el fin de “reglamentar la actividad de administración de plataformas electrónicas de financiación colaborativa”, sobre las cuales se soportará en Colombia el llamado crowdfunding financiero, que surgió al comenzar la década del 2000 como un mecanismo de financiación de pequeñas y medianas industrias, incluidos los emprendimientos.

Según un documento de consulta preparado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera del Minhacienda, se estima que solo el volumen de préstamos podría crecer a 70 billones de dólares en 2019, y alcanzar los 150 millones de dólares en 2025, un mercado nada despreciable.

Hoy existen diferentes modelos de negocio para el financiamiento colaborativo y las diferencias radican en la categoría (préstamos o valores) y en la regulación del país en que esté ubicada la plataforma digital a través de la cual realiza su operación.

LA PROPUESTA  

Al referirse a la actividad de administración de plataformas electrónicas de financiación colaborativa, el borrador de decreto especifica que se trata de aquellas que emplean interfaces, páginas de internet u otro medio de comunicación electrónica para poner en contacto de manera profesional a un número plural de aportantes con receptores que solicitan financiación en nombre propio para destinarla a un proyecto productivo de inversión.

Así las cosas, no se tendrían en cuenta las plataformas de financiación colaborativa cuando tengan como destino la realización de una donación o la recepción de un bien o servicio a cambio.

Los proyectos productivos, precisa el documento, son aquellos desarrollados por personas naturales o jurídicas “con el fin de obtener una rentabilidad económica a partir de actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios”.

En síntesis, las modalidades de financiación colaborativa que estarían autorizadas por el gobierno, serían de dos tipos: las que se realicen a través de valores representativos de deuda o de valores representativos de capital social.

Un segundo aspecto importante en la propuesta, tiene que ver con las entidades autorizadas para administrar plataformas electrónicas de financiamiento colaborativo.

Según el borrador, dicha administración solo podría ser desarrollada por sociedades anónimas de objeto exclusivo “que pongan en contacto de manera profesional a un número plural de aportantes con receptores que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto productivo de inversión, las cuales se denominarán administradoras de plataformas electrónicas de financiamiento colaborativo”.

Toda entidad que realice esta labor de administración, deberá estar inscrita en el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores, y quedará sometida a la inspección y vigilancia de la Superfinanciera.

Un tercer punto, señala que la normatividad regirá únicamente para entidades administradoras que ejerzan su actividad en el territorio nacional. En tal sentido, aclara el documento, los receptores deberán tener la calidad de residentes colombianos y los proyectos productivos estar ubicados en el país. Las disposiciones no aplicarían para actividades de residentes colombianos en plataformas domiciliadas en el extranjero.

En cuarto lugar, el decreto establece, entre otros aspectos, los montos máximos de financiación, número mínimo de aportantes, y límites a la inversión. En el Título 5, se ocupa de los requisitos de emisión, el deber de información y la circulación de los valores de financiación colaborativa.

En cuanto a las reglas aplicables y deberes a cargo de las entidades administradoras, el decreto señala que la información sobre los proyectos productivos deberá ser clara y concisa, e incluir las condiciones del componente de financiación indicando, por ejemplo, montos, plazos, tasa o precio de emisión, y tabla de amortizaciones con el monto, número y periodicidad de los pagos para el caso de los títulos de deuda.

La entrega de reportes periódicos con información detallada será decisiva para combatir el lavado de activos y la captación ilegal.

LAS OBSERVACIONES 

Aunque se trata apenas de un proyecto de decreto, los comentarios sobre cómo impactará este reglamento el impulso de la innovación y la creatividad a través de la financiación colaborativa de proyectos, no se han hecho esperar.

De entrada, se hace evidente que una estricta regulación territorial pude ser contraproducente para un negocio que en su desarrollo global rebasa todos los límites geográficos.

Para la abogada Natalia Ospina Díaz, experta en derecho informático y nuevas tecnologías, “el proyecto de decreto es un gran avance y un acierto del ministerio. Pero hay temas que ameritan una revisión más detenida, como por ejemplo, el hecho de restringir territorialmente las posibilidades del emprendedor colombiano. Claro, hay que combatir las captaciones ilegales de dinero y el lavado de activos, pero el fintech es una realidad mundial a la que Colombia no puede ser ajena. Las nuevas tecnologías financieras hacen que los sistemas sean tan abiertos que mantener ese velo se vuelve algo muy complejo porque los emprendimientos de hoy no tienen fronteras”.

Otro punto que genera inquietud tiene que ver con los límites a las inversiones realizadas por aportantes extranjeros a proyectos de colombianos que residan fuera del país, pues mucho del talento innovador se desarrolla con apoyo de instituciones y recursos venidos de otras jurisdicciones.

Se espera que tras los ajustes finales, el decreto sea expedido durante el primer semestre del año.

Juan Martín Fierro
Especial para Portafolio
@jmartinfierro

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