El director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, está de acuerdo con una reforma pensional, pero no con la propuesta de marchitar Colpensiones.
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El funcionario asegura que el nuevo sistema debe montarse sobre pilares en ambos regímenes (público y privado), buscando equidad y progresividad. Dijo que en el Gobierno se ha hablado del tema, pero aún no se está trabajando en un borrador de proyecto de reforma pensional.
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Mejía habló con Portafolio.
¿Qué acciones concretas se han venido trabajando desde el Gobierno para mejorar la productividad?
Primero, el tema de la calidad del gasto, especialmente en lo que tiene que ver con los subsidios y las transferencias a los hogares. Alrededor del 20% del gasto se va a este tipo de ayudas, donde el 70% de estos recursos se orienta a pagar pensiones. Estamos trabajando en un proyecto de ley que fue radicado en el Congreso para hacer más eficientes los subsidios.
Un segundo factor es el de la regulación. Hemos logrado posicionar a este tema como prioritario. El año pasado hicimos un estudio sobre el ritmo de expedición de normas. Descubrimos que se han expedido unas 95.000 normas en este siglo, es decir, 2,8 decretos y 11 resoluciones diarias, que dejan claro que estamos haciendo cosas para solucionar el tema de la regulación.
¿Qué ejemplos concretos existen de lo que han hecho?
Hasta hace unos años no había mecanismos de participación ciudadana para garantizar que la regulación que haga el Gobierno sea de calidad. Desde marzo del año pasado, ninguna norma se puede expedir si no está expuesta 15 días antes para consulta pública y para comentarios.
¿Y se ha notado el impacto de esas normas?
Este es un tema de largo plazo. Sobre el análisis de impacto de la regulación le puedo decir que este año dejaremos listo un plan para medir el efecto, a fin de establecer si lo que se requiere es menos regulación, pero que esta sea más pertinente y de calidad.
¿Pero se puede medir la productividad por el número de leyes ?
No, pero le doy un ejemplo de leyes aprobadas. La más reciente, y de impacto, fue la de los pliegos tipo para los contratos de infraestructura. Esa Ley es clave porque acaba con los pliegos sastre y crea los pliegos tipo que garantizan transparencia y competencia. Esa clase de normas son sustanciales.
¿Qué se está haciendo para solucionar el problema de los subsidios?
Hay dos dimensiones en este tema. El primero es el instrumento de focalización que es el Sisbén. Y ahí hemos hechos cosas como la depuración de los colados. Hemos sacado de la lista a más de medio millón usuarios que habían mentido en las entrevistas o habían fallecido. El segundo punto es que arrancamos el Sisbén 4.0.
¿En qué consiste?
Es una nueva metodología que les facilita a los hogares beneficiarios entrar y salir del sistema y que hace más justo el tema del puntaje para acceder a los subsidios. No puede ser que porque alguien tiene una nevera no puede recibir ayudas del Gobierno, pero tampoco es posible que personas de ingresos razonables tengan derecho a los subsidios.
Después de más de dos años de trabajo con el Banco Mundial, se acordó que hay que identificar los hogares más vulnerables desde el punto de vista de los ingresos y no de las condiciones de su vivienda. Puede haber personas que no tengan ingresos pero viven en una casa decente, y al revés, alguien que tenga una vivienda precaria pero sus ingresos sean razonables.
¿Cuándo estará listo el Sisbén 4.0?
Hay que reconocer que nos tomaremos un tiempo. El plan había iniciado pero tocó suspenderlo temporalmente por la época electoral. No queríamos que el levantamiento de la información se hiciera en medio de las campañas regionales para aspirantes al Congreso. El primer barrido del año pasado nos permitió visitar 180 municipios. Y el segundo lo terminaríamos a finales del 2019.
¿Por qué en Colombia no es ágil entrar y salir del Sisbén, como lo hacen los sistemas de subsidios de desempleo en países desarrollados?
Estamos avanzando en esa dirección. Depuramos los colados tomando la base del Sisbén y cruzando esa información con los registros administrativos que manejan otras entidades. Se hizo un convenio con la Dian para cotejar los nombres de los usuarios del Sisbén, con los ingresos reportados a la hora de pagar la seguridad social (Pila). Descubrimos personas que ganaban más de $3,8 millones mensuales estaban en el Sisbén recibiendo subsidios, y las retiramos del sistema.
Con el Sisbén 4.0 vamos a cruzar la información con unos 23 registros administrativos de personas que tiene el Estado. También debemos a fijar sanciones a quienes le mientan al Sisbén o hagan trampa.
¿Cómo cambiar la cultura de que si soy formal me toca pagar impuestos, y por eso es mejor ser informal?
Lo que estamos estudiando es la eliminación del requisito de que para estar en el régimen subsidiado de salud haya que estar en el Sisbén. De esa manera, una persona cuyo puntaje lo deje por fuera los subsidios del sistema, tenga derecho a la salud subsidiada.
¿Qué plantea el proyecto de ley de subsidios?
Plantea tres cosas. Una, criterios de focalización, es decir, a dónde deben ir los subsidios y los mecanismos de salida.
El segundo tema es el de la información y la transparencia. El tercer componente es el tema de la evaluación del impacto que generan las ayudas que se le otorga a la gente. Todos los subsidios deben ser evaluados al menos una vez cada cuatro años.
¿Cómo hacer para que las regalías no se conviertan en una fábrica de elefantes blancos?
En esto han pasado muchas cosas. Antes había mucha flexibilidad para aprobar un proyecto, pero luego nos pasamos al otro lado, es decir, que aprobar una iniciativa es tedioso.
Pero en el sistema actual no se ha vuelto a hablar de proyectos de piscinas con olas. Sin embargo, eso llevó a que en mayo del 2017 hubiera $12,5 billones de la plata de las regalías guardados en cuentas bancarias. Con el plan de choque, el año pasado cerramos con una ejecución de $6,2 billones de un total de $7,3 billones.
¿Qué se va a hacer este año en regalías?
Paras este año tenemos dos metas. Uno es lograr la aprobación de proyectos por unos $5 billones en el primer semestre. Además, garantizar la contratación y su ejecución.
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