La paz y el posconflicto tendrán un costo de aproximado de 187 billones de pesos en 10 años según Bank of America, costo que sumado al déficit fiscal del Gobierno de 30,5 billones de pesos (3,6 % del PIB), aumentan la presión fiscal para financiar el desarrollo sostenible del país. Como una de las respuestas a esta tensión financiera, el Gobierno presentará ante el Congreso la reforma tributaria en la que hace énfasis en la transparencia de los recursos públicos y el control sobre la evasión. Sin embargo, hay un sinnúmero de propiedades que han sido extintas o están en proceso de extinción que pueden representar una fuente importante de ingresos. (Lea: Sector privado, clave para el posconflicto)
Se trata de bienes que tiene el Gobierno por medio de la Sociedad de Activos Especiales de Colombia (SAE) para subastar y comercializar que representan ingresos importantes.
Son más de 90 mil activos especiales que tiene la nación en su poder y que le significarían mayores ingresos para el posconflicto.
De este número de activos se ha logrado comercializar más 21.000 millones en ventas de los cuales cerca de 16.200 millones de pesos se recogieron a través de bienes inmuebles vendidos electrónicamente por medio de la Central de Inversiones del Gobierno (Cisa), otros 13.826 millones de pesos en bienes inmuebles por ventas directas y cerca de 1.075 millones de pesos en bienes muebles.
Por otro lado, los activos muebles totalizan 780 piezas de colección, 9 obras de arte, 17 busetas, 4 carros y una aeronave que están en proceso de subasta para tratar de recaudar más de 2.431 millones de pesos en el 2016. Hay hasta porcelanas, vajillas, cubiertos, jarrones, bomberas y obras de arte de artistas como Alejandro Obregón, Luis Caballero y Belarmino Miranda. (Lea: La paz no es el abono de la economía que el Gobierno vende: Universidad de La Sabana)
¿QUÉ ES LA SAE?
Cabe mencionar que la Sociedad de Activos Especiales SAE es sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, que tiene por objeto administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio. Entre sus funciones está la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que antes dirigía la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que tenía a cargo los bienes en extinción de dominio de la mafia y otros actores al margen de la ley.
¿CÓMO SE RECUPERAN LOS BIENES?
El proceso de recuperación de predios comienza con la emisión de la resolución de desalojo con la que se hace efectiva la visita al bien y se llevan a cabo los acercamientos con los ocupantes para lograr una conciliación efectiva. De no conseguir el proceso de legalización de la ocupación del inmueble, la Sociedad inicia el proceso administrativo de desalojo con la solicitud a las inspecciones de policía, las cuales son las que definen la fecha de la respectiva diligencia. Recuperar la tenencia material de los bienes extinguidos y afectados con medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio administrados por la SAE, que presenten ocupación por terceros no autorizados, se realiza conforme a las facultades de policía administrativa delegadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, consagradas en el Decreto 2897 de 2011.
Según la Sociedad de Activos Especiales, esta adelanta acciones de recuperación de predios que presentan ocupación ilegal en todo el territorio nacional. A la fecha 800 resoluciones de desalojo fueron emitidas entre el periodo del 2015 y el primer trimestre del 2016 con el fin de llevar a cabo acciones de recuperación de los activos y ejercer control y seguimiento sobre los mismos.
¿CUÁL ES EL MANEJO DE ESTOS RECURSOS?
Según el artículo 90 de la ley 1708 del 2014, esta entidad descentralizada tiene la responsabilidad de administrar y destinar los bienes sujetos a extinción de dominio en primer lugar para el pago de los pasivos y gastos de funcionamiento de Frisco. Los excedentes deberán ser repartidos de la siguiente manera, 25% para la rama judicial, otro 25% para la Fiscalía General de la Nación para proyectos de inversión previamente aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el 50% restante para el Gobierno Nacional, quién reglamentará la distribución de este porcentaje.
CRÍTICAS
El año pasado, la Contraloría recordó en un comunicado que a pesar de que la SAE asumió en 2014 las funciones de administración del Frisco, que tenía la DNE, y que a pesar de los esfuerzos por conocer los bienes que administra, a finales de 2015 solo tenía información confiable del 26 % de inmuebles.
Ese porcentaje resulta de comparar el número de bienes recibidos por la SAE con el número de visitas realizadas a los inmuebles, con corte a noviembre de 2015.
Según los registros, la SAE recibió 19.819 bienes, solo mediante unas actas, sin un orden sumario. Del total de bienes recibidos, dice la Contraloría, la SAE solo ha realizado 5.220 visitas a nivel nacional.
Cristóbal Vásquez
Redacción Portafolio
