En el segundo trimestre había 2’446.000 desempleados en Colombia, según el Dane.
Foto: Archivo Portafolio.co

Quienes se quedan desocupados no son necesariamente los mismos que logran engancharse de nuevo.

Además, las ganancias en el empleo tampoco se presentan en las mismas regiones o sectores donde se pierden, aclaró el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, al intervenir en un foro sobre protección a los trabajadores cesantes, organizado por Asocajas y la revista ‘Semana’.

De acuerdo con el Dane, en el segundo trimestre había 2’446.000 desempleados, de los cuales, 2’147.000 eran cesantes, es decir, trabajadores que habían perdido su empleo.

Según estudios del Gobierno, los hombres consiguen empleo en menor tiempo que las mujeres: en promedio, el 60 por ciento de aquellos logra engancharse en los primeros cinco meses, mientras que las mujeres tardan en promedio 15 meses, es decir, tres veces más.

Según el Ministro, cuando la desocupación se alarga mucho, por ejemplo, más de seis meses, es muy difícil que el trabajador se vincule nuevamente a un empleo formal y lo más probable es que termine en la informalidad y, en la mayoría de los casos, deja de cotizar para la pensión.

Esos son algunos de los argumentos oficiales para justificar la necesidad de crear un mecanismo de protección al cesante, que tomó forma de proyecto de ley y que el Senado ya aprobó en primer debate.

Esa herramienta tiene tres componentes: asesoría permanente para lograr el reenganche laboral, capacitación para el trabajo y protección económica para que quien pierde el empleo no quede desamparado.

El último punto es el que más controversia ha generado, porque la propuesta es que con la mitad de las cesantías generadas a partir de la aprobación de la iniciativa y por un tiempo máximo, que podría ser cinco años, se construya un seguro de desempleo para el evento en que el trabajador quede cesante.

Se trata, explicó Pardo, “de que haya un ‘colchón’ de ingresos adecuado con el que se puedan satisfacer las principales necesidades. Si no hay desempleo, estos recursos seguirán ahorrándose. Las cesantías son y seguirán siendo de los trabajadores”.

El proyecto es rechazado por las centrales obreras porque, dijo el presidente de la CGT, es “un asalto a las cesantías” porque, entre otras cosas, solo sobre la mitad de las ellas se pagarán los intereses del 12 por ciento anual que reconocen los empresarios a los trabajadores.

El seguro de desempleo, según la iniciativa del Gobierno, entregaría por un máximo de seis meses una porción del salario del trabajador que pierda su empleo. Si los dineros no alcanzan, lo que falte saldrá de un fondo de solidaridad que crea el proyecto.

Dicho fondo se alimentaría con uno de los cuatro puntos que entregan los empresarios a las cajas de compensación como aporte parafiscal, lo que fue cuestionado por el presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo.

El Ministro del Trabajo recogió la crítica y ahora considera que los 200.000 millones de pesos que tiene el Fonede (fondo administrado por las cajas que entrega subsidios a los desempleados) serían suficientes para cubrir el primer escalón de ayuda solidaria a los cesantes.

Ese planteamiento fue bien recibido por Cobo, porque las cajas seguirán invirtiendo los cuatro puntos de parafiscales en el sistema de subsidio familiar.

Por otro lado, Pardo manifestó que el Gobierno también aportar recursos a dicho fondo pero a partir de determinado nivel de desempleo, que estaría por definir.

JORGE AUGUSTO CORREA
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS