InterBolsa era la comisionista de bolsa más importante del país, y tenía una participación del 35 por ciento del mercado bursátil.
Cuatro meses antes de ser intervenida, administraba activos por 9 billones de pesos, aproximadamente.
De esos recursos, la plata que se puso en riesgo fueron cerca de 600 mil millones de pesos, es decir, menos del 10 por ciento de los activos que manejaba.
En total, 812 personas presentaron 1.112 reclamaciones al agente liquidador de la holding, Pablo Muñoz.
Luego del análisis de cada reclamación, se rechazaron reclamos por 234.547 millones de pesos.
Será tarea de un juez de concurso debatir exactamente cuál es el pasivo de cada reclamante, para quienes objetaron esta situación y, luego, una actuación judicial resolverá esa disputa entre el liquidador y las personas rechazadas.
De otro lado, luego de la labor de intervención de inventarios, se sabe que habría 163.325 millones de pesos para pagarles a las víctimas.
Sin embargo, de esta cantidad no se puede contar con 93.479 millones de pesos, que corresponden a deudas del Grupo Corridori.
Las autoridades señalan que, en el mejor de los casos, máximo el 10 por ciento de esta cantidad, unos 10.000 millones de pesos, podrán ser recuperados, para sumarle a la cantidad total que habría para la reparación.
Es decir, habría una cifra cercana a los 80.000 millones de pesos para resarcir a las víctimas.
Más grave aún es que esa cantidad existente se usará con prioridad para quienes invirtieron en Holdco, la filial con la que InterBolsa operaba en Luxemburgo.
¿Por qué?
A dichos inversionistas se les debe responder por 88.914 millones de pesos, y serán privilegiados en primera fila de pagos, pues ese dinero hizo parte del mercado público de valores, y como los bonos de Holdco fueron emitidos en un mercado de estas características, así haya sido en otro país, se deben excluir de los acuerdos de reestructuración y tienen prioridad.
En resumidas cuentas, la plata de la holding intervenida ya tiene dueño, y el pasivo laboral, el fiscal, los prendarios, las deudas hipotecarias y los quirografarios, lo más seguro es que pierdan su dinero.
¿QUIÉNES SON LOS QUE DEBEN?
Los deudores son personas o compañías vinculadas a InterBolsa. Sobre ellos se adelanta la gestión de cobro, pero el agente liquidador no es muy optimista de que se puedan recuperar estos montos. Sus pronósticos de recuperación son pesimistas.
Algunos activos que alcanzaron a ser enajenados están a nombre de la Supersociedades y son parte de la fuente de pago a los perjudicados.
CARGOS, IMPUTACIONES Y EMBARGOS...
El último año, los entes de control han adelantado actuaciones con implicaciones jurídicas y penales.
Tras la sorpresa que les causó el descalabro bursátil de InterBolsa hace un año, los últimos doce meses han sido de medidas de choque y control contra los responsables.
En el mes de julio pasado, la Supersociedades ordenó la intervención, mediante la toma de posesión de los bienes de Valores Incorporados y otras 25 sociedades y 22 personas naturales, vinculadas con el Fondo Premium.
La idea es cuidar esos activos para que llegado el caso sean rematados y se les pueda devolver dinero a ese grupo de inversionistas. Esta decisión del ente de control incluyó a las familias y sociedades de Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo.
La captación masiva es un delito y, según declaraciones del Superintendente de Sociedades, da penas entre diez y 20 años.
Alejandro Revollo, interventor del Fondo Premium, informó que la semana pasada la Supersociedades aceptó a 1.026 de las 1.058 personas y entidades que se presentaron como víctimas.
Las pretensiones reconocidas suman aproximadamente 164 millones de dólares.
“Ahora viene una de dos posibilidades: tratar de lograr un plan de desmonte con los responsables de la captación y, paralelamente, con todos los involucrados en Curazao y Panamá para quede una sola estructura en Colombia e iniciar la devolución de los recursos”, dijo.
Por su parte, la Superintendencia Financiera trabaja en 33 actuaciones administrativas que ya tienen pliegos de cargos.
Las respectivas decisiones podrían dictar inhabilidades, multas y expulsiones.
En el tema penal, la Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a 22 personas, consideradas responsables de la quiebra de InterBolsa.
JARAMILLO, ORTIZ Y MALDONADO NEGOCIAN
Las víctimas del Fondo Premium podrían recibir dinero antes de finalizar el año.
Los principales señalados del descalabro bursátil de InterBolsa y de supuesta captación masiva de dinero, a través del Fondo Premium, en un comienzo se negaron a negociar, pero poco a poco, para evitar líos de tipo penal, han manifestado su disposición de resarcir a las víctimas.
El abogado Alejandro Revollo, encargado por la Supersociedades de recuperar el dinero de los inversionistas de Premium, explica que Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y, en menor proporción, Alessandro Corridori, han manifestado la intención de pagar sus deudas.
Advierte que el proceso depende de la voluntad de devolución de recursos que tengan las personas intervenidas y que se comprometan a poner recursos para pagar las reclamaciones.
“He encontrado respuesta favorable de Maldonado, Ortiz y Jaramillo. Un lío es que Maldonado no acepta estar intervenido, sino que dice que es deudor, pero la Súper lo considera responsable de la captación y debe responder por créditos y por el monto total de Premium”.
Por su parte, Jaramillo y Ortiz también han manifestado que quieren ajustarse al plan de desmonte, es decir, acuerdo de pagos.
Los activos de Premium ‘facialmente’ valen 174 millones de dólares, pero en condiciones de mercado, 80 millones. Hay un faltante de 90 millones de dólares.
