Foto: Archivo Portafolio.co

Las pretensiones ascendían a $2,1 billones, según informe de la Procuraduría General de la Nación.

El Estado colombiano está sacando las garras en defensa de los recursos públicos. De ser uno de los grandes perdedores en materia de demandas, está pasando a ser un mejor conciliador. 

En temas como la seguridad social y las reclamaciones a los Ministerios de Defensa y de Transporte, principalmente, las conciliaciones están a la orden del día.  En los últimos años se dispararon de forma notoria, al pasar de 7.586 en 2008 a 50.349 en 2011.

“Se incrementaron las pretensiones contra el Estado, reclamando resarcimiento económico por un supuesto daño causado, porque aumentaron las indemnizaciones, en especial, en temas relacionados con los derechos humanos”, señala Roberto Serrato, Procurador General Delegado para las conciliaciones. 

Agrega que “hubo incidentes vinculados a salud y pensiones que motivaron el aumento de las conciliaciones”. 

Así, en el 2011, gran número de acuerdos tuvieron que ver con el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), porque las EPS no le giraban los recursos que debían a los municipios, o porque las IPS no recibían la plata de las EPS por el recobro de medicamentos y tratamientos. 

Si bien el nivel de acuerdo logrado, frente al alto volumen de pretensiones, aún es bajo (1 de cada 10 casos termina en acuerdo), el impacto económico es significativo. “Dentro de las conciliaciones extrajudiciales las pretensiones eran por 2,1 billones y tras los acuerdos se logró un ahorro de 1 billón de pesos. Sólo se pagaron 1,1 billones”, indicó. La conciliación es el paso previo a la demanda, proceso que termina siendo más engorroso y costoso para ambas partes, según Serrato.

“Un proceso de conciliación no puede tardar más de 100 días, porque si no se resuelve en ese tiempo se va a demanda. Mientras que una demanda puede demorar 100 meses”. 

Ricardo Bonilla, autor del libro ‘Pensiones: el costo de las demandas’, sustenta que el demandante invierte el 40 por ciento del resultado de la demanda en la defensa judicial. 

Para el Estado, la conciliación también es el mejor camino pues, según Serrato, en las pretensiones se sobredimensiona el costo del supuesto daño causado. “Si un abogado hace una pretensión por 300 pesos y en el acuerdo se logra pagar solo 80, el ahorro es de 220. Esto, en términos netos, representa muchos recursos públicos ahorrados”. 

De acuerdo con datos de Bonilla, la defensa judicial total, es decir, lo que paga el Estado y el demandante, ambos en su defensa, le cuesta un 15 por ciento a la institución oficial involucrada y el 75 por ciento restante lo aporta el reclamante.

UNA META AMBICIOSA 

En el ranking de las entidades que mayor número de peticionarios de conciliación tienen, está en primer lugar el Ministerio de Defensa. Le siguen todas las que tienen que ver con seguridad social, tema en el que llevan la batuta el Seguro Social y Cajanal. Otro sector con alto número de reclamantes que prefieren conciliar en vez de demandar, es el de infraestructura.

Allí, Mintransporte, Invías e Inco son las que más procesos conciliatorios adelantan. Precisamente, una de las labores de la nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado, creada en la reestructuración institucional del Presidente Juan Manuel Santos, será la de buscar acuerdos concilia- torios que tengan alta probabilidad de condena en contra del Estado.

La Procuraduría delegada en conciliaciones apoyará ese objetivo, por lo que Serrato tiene la meta de incrementar los resultados en un 200 por ciento.

“Hasta hace poco, 5 de cada 100 demandas se lograban conciliar. Pasamos a 1 de cada 10 en el 2011 y aspiramos este año a llegar a 3 de cada 10”.

MARTHA MORALES M. 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS