Consultas populares ponen en peligro el desarrollo nacional

Fallo de la C. Constitucional, que faculta a las autoridades locales para decidir el uso del suelo, es un golpe a quienes invirtieron en la industria.

Minería ilegal será delito en Perú

La desinformación sobre la minería legal ha sido promovida, en parte, por la minería ilegal.

Economía
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Portafolio
noviembre 02 de 2016 - 10:29 p.m.
2016-11-02

Tanto los acuerdos de paz, como los recientes fallos de algunos Tribunales Administrativos y el fallo proferido el 11 de octubre por la Corte Constitucional promueven una mayor descentralización del proceso político y fomentan la autodeterminación local por parte de las comunidades; sin que exista una política clara del Gobierno en relación con cuál es el grado de autonomía aceptable de las administraciones locales y en qué momento dicha autonomía tiene cabida.

En ese contexto, un creciente número de municipios ha aprobado la realización de consultas populares con para prohibir actividades mineras en sus territorios.

El pronunciamiento de la Corte es un grave golpe a quienes han invertido en la industria minera colombiana y una advertencia para quienes pretenden hacerlo en el futuro.

También afecta negativamente la economía nacional, pues la industria minera según la Asociación Colombiana de Minería es responsable de 21 por ciento de las exportaciones de Colombia, así como de 4,4 por ciento de la inversión extranjera directa, y genera 350.000 empleos directos y 900.000 indirectos.

Adicionalmente, los impuestos y regalías que le aporta la minería al Estado ascienden a un total de 3,5 billones de pesos. En relación con las regalías, es importante advertir que la decisión de la Corte desarticula el régimen económico y de la hacienda pública dispuesto por nuestra Constitución, dejando en manos de los entes territoriales la decisión de la explotación de recursos naturales y por ende, la causación de las regalías que le pertenecen a la Nación, y no a un ente territorial particular.

La sentencia determinó que las administraciones locales pueden bloquear de manera efectiva los proyectos mineros por motivos medioambientales o cuando dichos proyectos amenacen con cambiar significativamente el uso del suelo de un territorio determinado, menoscabando así la competencia constitucional del Estado y las decisiones tomadas por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y el Ministerio del Medio Ambiente.

La sentencia sugiere que aunque las comunidades locales no tienen facultades legales con respecto a los derechos del subsuelo, sí tienen competencia en la determinación del uso del suelo y pueden intervenir, por medio de consultas populares, en proyectos que consideran perjudiciales para el medio ambiente o que amenacen con cambiar significativamente el uso del suelo en su territorio.

La decisión no solamente incidirá en la actividad minera, pues abre la puerta también a consultas populares que busquen impedir ciertas actividades como la exploración y explotación petrolera, la construcción de hidroeléctricas y, en menor medida, los proyectos de infraestructura vial. No sabemos si el fallo implica que las demás actividades económicas que utilicen el suelo sean también sujetos de consultas populares o sus repercusiones sobre proyectos que ya estén en marcha.
Incremento de riesgos regulatorios y de integridad

La Corte concluye en su fallo, que actualmente el Estado no cuenta “con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”.

Para ello, otorga al Gobierno un plazo de dos años para llevar a cabo un estudio científico y sociológico para determinar cómo la minería ha impactado el medioambiente y formular recomendaciones para mejorar la regulación.

La realización de este estudio, sin estar enfocado en cada proyecto minero y sus afectaciones reales, no tendrá sentido alguno, pues los impactos medioambientales de cada exploración/explotación minera son diferentes y sus métodos de compensación y amortiguación ambiental son propios y particulares. Esa es la razón por la cual todos los proyectos mineros cuentan con licenciamientos sociales y ambientales como requisito previo al inicio de la actividad.

La claridad del marco regulatorio minero en Colombia podría definir unas reglas de juego claras y transparentes para todos los actores, especialmente aquellos en áreas rurales. No es cuestión de percepción, sino que es un hecho que en áreas rurales la corrupción está desbordada.

La Contraloría General de la República ha encontrado que las Corporaciones Autónomas Regionales están entre las entidades más corruptas del país. El superior número de incidencias de corrupción en las regiones sugiere un mayor riesgo de corrupción en estos territorios haciendo necesario un mayor énfasis en las capacidades investigativas y administrativas anticorrupción en esas zonas.

Teniendo en cuenta que los proyectos mineros son proyectados a 20 y 30 años, no es claro cómo los periódicos cambios de alcaldes afectarán a estos proyectos. Del mismo modo tampoco hay mayor información sobre lo que esto significa para proyectos que se encuentren entre dos municipios, o peor aún, en dos o más departamentos.

Panorama

La desinformación sobre los impactos sociales y ambientales de la industria ha sido promovida por los opositores de los proyectos de minería a gran escala, entre ellos quienes se dedican a la minería ilegal e informal, y se verán beneficiados por el fallo de la Corte, al colocar más trabas a la existencia de la minería legal y regulada en los territorios.

Las preguntas tendenciosas incluidas en las consultas populares influencian indebidamente la voluntad del votante e inducen a una respuesta negativa al ser preguntados sobre proyectos en la industria minera y extractiva. El precedente establecido por la Corte es una talanquera al proceso de concesión y licenciamiento impulsado por el Gobierno Nacional a través de sus órganos regulatorios.

La Corte Constitucional compromete las perspectivas de inversión para Colombia y los mandatarios locales, amparada en sus facultades para proteger el medio ambiente aumentando las restricciones para la minería legal, creando un ambiente propicio para la minería ilegal.

Claudia Fonseca (Garrido & Asociados Abogados) y Sergio Guzmán (Control Risks)