Consultas previas no podrían demorarse más de 9 meses

El Mininterior comenzó la ‘socialización’ del proyecto de ley, que estima radicar en el Congreso entre finales de octubre e inicios de noviembre.

Con consultas previas se han intentado frenar varios procesos de exploración en el país.

Archivo Portafolio.co

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agosto 21 de 2017 - 08:18 p.m.
2017-08-21

A las comunidades indígenas, afros y roms, y a los privados, les llegó la hora de ponerse serias con las consultas previas.

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Esto, luego de que el Ministerio del Interior comenzara la ‘consulta previa’ del proyecto de ley que regula dichos mecanismos, y que estaba previsto para presentarse ante el Congreso el pasado 20 de julio. Sin embargo, las revisiones le tomaron más tiempo al Ejecutivo.

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El ministro del Interior, Guillermo Rivera, le aseguró a Portafolio que “el articulado entró en su fase final de ajustes, la cual debe surtirse porque se trata de una ley estatutaria”. Y, añadió: “Esperamos que esta pueda ser presentada no solo en esta legislatura, sino específicamente en este periodo legislativo”, es decir, antes del 16 de diciembre del 2017.

PROCESOS LIMITADOS

El proyecto establece, en principio, que los mecanismos solo podrían durar seis meses, lapso que sería prorrogado por otros tres meses, en caso de que se trate de un caso extraordinario.

Posterior a ello, se establece es que las consultas deben hacerse de buena fe, con lo cual acciones como la dilatación innecesaria sería causal de suspensión o de que no se logre un acuerdo.

Entre los vicios de ilegalidad también estarían “promover migraciones de individuos para acreditar de manera irregular la condición de pueblos en el área” y “adoptar acuerdos de imposible cumplimiento, o sin la intención de cumplirlos”.

El listado comprende otros siete móviles que van en contra de la buena fe y que, de primerazo, limitarían peticiones de algunas comunidades como recibir ‘tajada’ de los peajes, o que se las dote de servicios básicos, aun cuando estas necesidades no son de competencia de los concesionarios.

“Acá, más que una socialización, estamos hablando de una ‘consulta previa’ para el proyecto de ley de consultas previas, porque, como esta legislación impacta a las comunidades, por ley, debemos surtir el proceso que buscamos reglamentar”, destacó Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior.

Agregó que ya están consultando con las comunidades y la idea es que se desarrolle en unos dos o tres meses, con lo cual el proyecto se radicaría a finales de octubre o comienzos de noviembre.

Este comprende también crear la Unidad de Consulta Previa (UCP), que sería financiada con el Fondo para la Financiación de las Consultas Previas, siendo este el que invertiría los recursos asignados para sufragar los costos del mecanismo, o la expedición de leyes o actos administrativos.

Los dineros llegarían del presupuesto nacional y de “aquellos recaudados por concepto de las tasas de certificación”, que serían asumidas por las empresas interesadas, que, según Gómez, ya han manifestado estar de acuerdo con pagarlas.

RESPONSABILIDAD MUTUA

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, señaló que el gremio sigue revisando el proyecto. “Reiteramos que conviene sobremanera a las comunidades, dado que sus legítimos intereses han sido manipulados por abogados inescrupulosos e incluso por las mafias de la corrupción. Veremos también si incluye los llamados ‘fundamentales’ de una ley estatutaria de este tipo”, dijo.

El proyecto, que consta de 124 artículos, determina además que las comunidades tendrían obligaciones como mantener actualizados sus datos en el Registro Único Nacional de Etnias, acudir a las convocatorias de la UCP, intervenir activa y propositivamente y, sobre todo, estar dispuestas a llegar a un acuerdo, además de cumplir los logrados.

También, el Mininterior es enfático al decir que las comunidades que no se certifiquen antes del inicio de las consultas solo podrán solicitar el proceso si demuestran su “existencia objetiva dentro del área de influencia directa”, pero también deberán inscribirse ante el ente gubernamental correspondiente del proyecto, por lo menos un año antes del comienzo.

DETALLES FINALES

Sumado a lo anterior, el proyecto le daría facultades a la Unidad de Consulta Previa para suspender las actividades que causen riesgos a las comunidades, pero no a toda la obra o unidad funcional.

Además, detalla que solo se aceptarán asesores que vengan de universidades o institutos de investigación acreditados.

Y, finalmente, especifica que la protocolización podrá darse –además de un acuerdo puntual–, sin que se haya logrado un pacto, con la renuncia de alguna comunidad o si se identifican problemas de representatividad.

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