Ante la cascada de consultas populares que ha crecido en las últimas semanas, y que busca a través de las urnas definir la suerte de las operaciones mineras, petroleras y energéticas, el Gobierno Nacional trabaja con celeridad para dejar listo y radicar el mes entrante el proyecto de ley estatutaria que reglamenta las consultas previas.
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Las alarmas están prendidas en el Ejecutivo, ya que en 44 municipios del país, en donde existe operaciones minero energéticas, han manifestado su intención de adelantar este mecanismo de participación ciudadana para avalar proyectos mineros (25), petroleros (16) y generación de energía (3).
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PROMESA DEL GOBIERNO
La reglamentación de las consultas previas, para evitar que las consultas populares definan la continuidad de proyectos minero-energéticos, fue una promesa que hizo el Presidente Juan Manuel Santos al sector extractivo, ante la demanda que manifestaron por la inseguridad jurídica y la falta de reglas claras para la operación.
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“La redacción del proyecto de ley está en manos del Ministerio del Interior”, señala el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, al precisar que la discusión con los gremios de hidrocarburos, minería y energía, y que estaban siendo canalizados por su despacho, ya fue cerrada .
“La fase de comentarios terminó”, recalca el jefe de esta cartera, y agrega que el texto redactado está bajo un principio de acuerdo en los términos incluidos en la ley: “Este articulado es socializado antes de entregarlo al Congreso en la próxima legislatura”.
Uno de los puntos a resaltar en el proyecto de ley tiene que ver con la exposición de argumentos en la que tendrán cabida no solo los movimientos sociales y ambientales, sino también la comunidad, los voceros del Gobierno Nacional y los representantes de las empresas minero-energéticas.
“Ya no sólo se escucharán las voces interesadas en argumentar porqué un proyecto petrolero, energético o minero acabarían con los recursos naturales, sino también se oirán las explicaciones del Gobierno y de las empresas sobre el desarrollo ambientalmente sostenible de los proyectos. También las opiniones y comentarios de las comunidades”, explica Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
OTROS EJES DEL PROYECTO
El articulado del proyecto de ley que será presentado el próximo 20 de julio, además de abrir el espacio para que los diferentes actores expongan sus puntos de vista, sincronizará el uso del suelo que le compete a los municipios con el del subsuelo que es de la nación, sustentado en la premisa constitucional que prima el interés general sobre el particular.
“Lo que buscamos son reglas claras para la realización de las consultas previas con las comunidades étnicas en cuanto a tiempos, procesos y responsabilidades”, indica Carlos Cante, viceministro de Minas.
Por su parte, Luis Ernesto Gómez Londoño, viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, precisa que “este proyecto de consultas previas está siendo socializado con las diferentes comunidades, y la intención es presentarlo como ley estatutaria al Congreso”.
Del proyecto, y al que tuvo acceso Portafolio, se destaca que la futura ley no solo cobijará los proyectos minero-energéticos, sino que además se extenderá a los de infraestructura.
“El proceso de consulta previa deberá surtirse en un lapso de máximo tres (3) meses, contando desde la primera sesión de la que trata el artículo 10 (Fase de Socialización) hasta la protocolización del proceso. Una vez expirado el término sin que haya finalizado el proceso y si existen razones válidas para ello, se prorrogará por una sola vez hasta por un (1) mes”, señala uno de los apartes del proyecto.
A renglón seguido, indica el texto en su artículo 20: “El proceso de consulta previa de proyectos, obras o actividades tendrá las siguientes fases: a) socialización e instalación, b) taller de impactos, y c) acuerdos y protocolización”.
SECTOR PETROLERO
La industria de hidrocarburos en el país está pendiente de la suerte del proyecto petrolero en el municipio de Cumaral (Meta), que el próximo cuatro de junio, decide si continúa la operación de Ecopetrol en la zona.
“Es importante para el país que el sector minero energético tenga un marco normativo claro (reglamentación consultas previas), que sea respetado por todas las ramas del Estado para que sea posible cumplir en los tiempos previstos con los compromisos de exploración y producción”, afirma el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda Mera.
ENERGÍA EN LA MIRA
Además del sector minero y petrolero, la actividad de generación eléctrica con fuentes hídricas también está en jaque por cuenta de las consultas populares.
La más reciente para este sector se realizó el pasado 27 de febrero en Cabrera (Cundinamarca) donde los habitantes del municipio vetaron el proyecto que pretendía construir ocho centrales eléctricas sobre el río Sumapaz.
“Estamos preocupados por los efectos que en materia de consultas populares se puedan generar hacia proyectos de generación y transmisión de energía puesto que en el pasado ya hemos sido perjudicados por el rechazo de las comunidades. Futuros proyectos se pueden ver comprometidos. Es fundamental que el Gobierno reglamente los elementos necesarios, a corto plazo, como la consulta previa”, resalta Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
