Para este año de 2018, la mayor parte de los analistas económicos y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinan que la economía colombiana crecería entre 2.3 y 2.6 por ciento. Es una cifra aceptable, aunque alejada de los niveles de 4.5 a 5.3 por ciento que se estima debería aumentar el producto interno bruto anual (PIB) en el país, con el fin de disminuir de manera consistente las condiciones de pobreza, los que rondarían actualmente, un 26 por ciento de pobreza total.
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No obstante lo aceptable del nivel de crecimiento señalado, uno de los problemas más importantes continúa siendo la relativamente alta cota de elevación generalizada de precios, es decir la inflación en el país. En efecto, de conformidad con bases de datos oficiales y de procesamiento de indicadores de bancos comerciales y entidades financieras -por ejemplo Bancolombia y Old Mutual- de febrero de 2017 a 2018, el panorama indica que aún los efectos alcistas de los precios son preocupantes.
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La inflación total de la economía colombiana contabilizada en el período de un año con final en febrero de 2018, totaliza 5.18 por ciento. Se trata de un alza significativa cuando se le compara, por ejemplo con el 2.1 por ciento que durante el mismo período reporta la economía estadounidense.
Entre los datos más preocupantes, cuando se lleva a cabo un análisis más detenido, está la evidencia de que los alimentos aumentaron 5.22 por ciento; los egresos por motivos de salud 7.83 por ciento, los de educación un 7.52 y de comunicaciones 7.79 por ciento. En el otro extremo, como factor que hace descender el promedio se encuentra que el renglón de cultura y esparcimiento que aumentó relativamente poco, un 1.99 por ciento.
Se hace evidente, que en toda esta situación de encarecimiento de bienes y servicios está afectando la última reforma fiscal del país, misma que entró en vigencia desde enero de 2017. Se trató de una medida que buscaba la eficiencia en el recaudo, esto es que el intervalo entre la medida y el inicio de recuperación de los impuestos no fuese prolongada. De allí que se dio prioridad al aumento del IVA, con eso se contraía la inflación, se generaban recursos frescos para el fisco, pero con un costo: disminuir la capacidad adquisitiva de los asalariados.
Es decir que la última reforma fiscal de Colombia incluyó un rasgo esencialmente regresivo. Terminan pagándola en términos marginales del ingreso y del poder de compra, los sectores que menos capacidad adquisitiva tienen. En este contexto tómese en cuenta que cerca de un 48 por ciento de la población económicamente activa, trata de ganarse el sustento en los laberintos de la economía informal o subterránea.
Además de la inflación –que se espera tienda a estabilizarse durante 2018- se tiene la condición de que este año es electoral. Eso puede traer aparejado, como normalmente ocurre, que las grandes decisiones de inversión se puedan ver aplazadas. En todo caso, es seguro que la devaluación del peso colombiano, que ha llegado a niveles de 60 por ciento, continúe encareciendo las importaciones y con ello, siendo un factor adicional que fortalece la continuidad inflacionaria.
Giovanni E. Reyes
Profesor titular
Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario.
Especial para Portafolio.co