Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda.
Foto: Archivo Portafolio.co

El alto tribunal señaló que la fecha que rige sobre la vigencia de la norma es la de su promulgación.

La Corte Constitucional puso fin a la incertidumbre que había en torno a la aplicación de las disposiciones establecidas en la reforma tributaria aprobada a finales del 2010, al declarar exequible la norma que entró en vigencia el año pasado. Por seis votos contra tres, el alto tribunal consideró que la publicación extemporánea en el Diario Oficial de la Ley 1430 que aprobó dicha reforma no constituye una ilegalidad en el trámite y por lo tanto la norma se mantiene.

Como se conoció esta semana, había 19 demandas relacionadas con el retraso en la publicación, que tenían en vilo el sobrerrecaudo de 6,7 billones de pesos logrado el año pasado tras la entrada en vigencia de dicha norma.

Los demandantes sostenían que la reforma regía para el año posterior a la publicación en el Diario Oficial, y este trámite inexplicablemente se surtió sólo el 4 de enero del 2011, cuando a más tardar debió hacerse el 31 de diciembre del 2010.

La mayoría de los magistrados consideró que el error –que el Gobierno considera originado en intereses ilícitos– no podía echar por tierra un proyecto de ley que surtió correctamente todos los trámites en el Congreso. Señalaron que la fecha que rige sobre la vigencia de la reforma es la de promulgación (29 de diciembre del 2010) y no la de la publicación final en el Diario Oficial.

Portafolio tuvo acceso a la certificación expedida por la Imprenta Nacional, al responder un derecho de petición presentado por la ciudadana, Silvia Isabel Reyes Cepeda, sobre la fecha en que fue recibido el texto de la Ley 1430 y la respectiva orden de publicación. De acuerdo con esta comunicación el material fue recibido por la Imprenta Nacional el jueves 29 de diciembre de 2010 a las 8:25 de la noche y publicado el 4 de enero de 2011 en la página web y un día después en el Diario Oficial impreso.

En una aclaración hecha en mayo del año pasado, la Imprenta señala que el texto fue incluido en el Diario Oficial número 47.937 del 29 de diciembre de 2010.

Ayer en horas de la mañana, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirmó durante el seminario de Anif, ‘Perspectivas económicas 2012’ que ‘alguien’ le pagó a un funcionario de la imprenta para que no metiera a tiempo la ley en el Diario Oficial.

“Estoy indignado. El año pasado pasamos 10 reformas y ninguna se cayó en el Congreso. Lograr eso es difícil, pero el 31 de diciembre no podía estar en la imprenta viendo a ver si alguien le iba a pagar a un funcionario para que no espichara un botón”, dijo.

Además, el ministro informó que para indagar lo ocurrido en la Imprenta Nacional entre el 29 de diciembre del 2010 y el 4 de enero del 2011, se adelantó una investigación disciplinaria.

“Les enviamos a la Fiscalía y a la Procuraduría las solicitudes para que se investigara a los funcionarios que actuaron directamente sobre esto. Hubo una investigación disciplinaria sobre un funcionario que no estuvo involucrado. De manera que todo esto genera aún más suspicacias”, puntualizó.

El sector privado también estaba pendiente de la decisión del alto tribunal. Horas antes, el presidente de la Asociación de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, había expresado su preocupación por la situación y respaldó la posición del Gobierno. “En el 2010 se definieron unas reglas de juego que fueron aceptadas, pero creo que por un tema meramente formal no se puede poner en peligro la situación fiscal”.

Inicialmente, la Corte Constitucional se había declarado inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, lo que dejó la norma en firme y salvó 4 billones de pesos recaudados. La demanda fallada ayer fue posterior a esa decisión.  

Un proyecto que pasó sin mayores tropiezos 

En octubre del 2010, el Gobierno radicó ante el Congreso, la ‘mini’ reforma tributaria, con la cual buscó cerrar las brechas de la evasión que permitían las normas vigentes en ese momento.

La idea de quitar la deducción en el impuesto de renta, del 30 por ciento, para los que invertían en activos fijos, se sustentó con el argumento de que esa medida ya había cumplido su cometido: estimular la inversión en el país.

También se plantearon modificaciones para hacer más eficiente el gravamen a los movimientos financieros y se introdujo un alivio en el pago del impuesto al patrimonio, al proponer que ahora se pagara por cuotas y no de una sola vez. El 15 de diciembre las plenarias de Senado y Cámara le dieron vía libre.