Se agudiza la crisis económica y de seguridad en Cúcuta

La llegada continua de venezolanos ha profundizado problemas estructurales como el desempleo, la informalidad, la delincuencia común y la aparición de bandas criminales.

Venezolanos en Colombia

A falta de dinero para pagar un hospedaje, los venezolanos se instalan en parques y sitios públicos. Este albergue del barrio Sevilla fue desalojado por protestas de vecinos.

Carlos García/Reuters

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enero 29 de 2018 - 09:15 p.m.
2018-01-29

Venezolanos en las calles, en los andenes, en los parques, en los coliseos, en los semáforos, en los buses y barrios vendiendo frutas, verduras, materas, plantas, martillos, cobre, plata, oro, pan, carne y todo lo que pueda tener cualquier valor. Venezolanos durmiendo y haciendo sus necesidades corporales en donde pueden: en los parques, en los andenes, rompiendo tubos del agua para bañarse o lavar la ropa, colgándola en los árboles, en las cercas, en las rejas, hambrientos pidiendo cualquier peso para aunque sea tomar agua.

Venezolanos con morrales y una simple botella de agua caminando en la vía que desde la capital de Norte de Santander conduce a Bucaramanga desafiando los 200 kilómetros con un páramo de por medio de 3.500 metros sobre el nivel del mar y temperaturas bajo cero.

Este es el panorama que se ve en Cúcuta diariamente, a donde arriban personas desde Venezuela huyendo de la crisis humanitaria que cada vez se profundiza más: a manera de escasez de alimentos, medicinas, cualquier clase de artículos, hasta la represión del Gobierno de ese país, que permite que solo puedan medio alimentarse los afectos al chavismo, poseedores del ‘carné de la patria’.

Puente Simón Bolívar
En el Puente internacional Simón Bolívar, entre Cúcuta y San Antonio, las personas se esconden del intercambio de disparos.


Porque esta ciudad fronteriza, como salida natural de Venezuela, se ha convertido en el punto de peregrinaje de la mayoría de los habitantes que deciden dejar ese país: tanto los que deciden quedarse en Colombia como los que atraviesan el país para viajar al resto de Suramérica, en buses con viajes directos hasta Ipiales.

Por este constante flujo se ven que son muchos, pero las autoridades nacionales están tranquilas, pues según sus cuentas muchos están de paso y solo unos pocos se quedan en la ciudad, aunque un dirigente local afirmó que los barrios de invasión se han extendido, principalmente por la presencia de habitantes del vecino país.

Según Migración Colombia, durante los dos últimos años permanecen en el país unos 550.000 venezolanos, de los cuales cerca de 374.000 se quedaron de manera irregular. De ese casi medio millón, unos 58.000 están en Norte de Santander.

Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (NGRD), asegura que no hay alarma porque son “flotantes y no han marcado una situación de un desplazamiento masivo, es esporádico, comparado con agosto del 2015 cuando Maduro ordenó la salida de cerca de 20.000 colombianos de inmediato”.

Pero esta situación, que se agravó cuando los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron reabrir el paso peatonal fronterizo por los puentes en agosto de 2016, ya tiene desesperados a los cucuteños, pues ha afectado a una ciudad que ya tenía unos problemas económicos y de seguridad estructurales.


El impacto económico se debe a que ha aumentado el desempleo y la informalidad en una capital que ya tenía en la última década unas de las cifras más altas del país; y en seguridad porque a los problemas de guerrillas, paramilitares, bacrim, narcotráfico, contrabando y delincuencia común que ya se presentaban e iban apareciendo y mutando en las últimas décadas, ahora se suman los delincuentes venezolanos atracando en las calles y todo tipo de locales comerciales.

Cúcuta terminó el 2017 con la segunda tasa de desempleo más alta del país (14,3%) y una informalidad del (70%), aunque los dirigentes gremiales reconocen que es mucho más alta.

Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, asegura que parte de la culpa de esto la tiene el comercio y la industria local que contrata de manera ilegal a personas llegadas del vecino país con la mitad del salario mínimo en Colombia y sin ningún tipo de prestación social.

Venezolanos en Colombia

Cada día, miles de venezolanos pasan a Colombia a comprar alimentos y medicinas; la mayoría regresa, pero otros se quedan buscando viajar al interior del país o de paso para otras naciones.

Carlos García/Reuters

Para Luna, la situación económica de la ciudad no puede ser una excusa para que no se contraten personas de manera legal y al contrario, en una situación que termina perjudicando a todos.

“El empresario cucuteño tiene que entender que emplear personas sin contrato afecta la dinámica de consumo de los cucuteños porque si las personas de la ciudad no tienen posibilidades de ingreso, termina siendo contraproducente. Los empresarios tienen que entender que la contratación ilegal, en condiciones de explotación y los cucuteños sin trabajo, no es la solución”, enfatiza el dirigente gremial.

Porque hasta el negocio del narcotráfico en el Catatumbo se está viendo beneficiado por esa mano de obra barata venezolana, dice el coronel George Quintero, comandante de la policía en Norte de Santander, “contratan venezolanos a 20.000 pesos el tajo mientras que al colombiano le pagaban 80.000”.

En la central de abastos y los dueños de los supermercados también levantaron su voz de protesta, pues la venta al menudeo de los venezolanos en los barrios ha disminuido sus ingresos. “En su desesperación pasan vendiendo puerta a puerta de todo y a uno le da lástima y les compra lo que puede”, dice María Carolina, habitante del popular barrio La Libertad.

Y también están los profesionales de todo tipo que arriendan habitaciones en los barrios populares para ejercer, por ejemplo, su labor de odontología o medicina a precios irrisorios.

CRISIS PRESTADAS

A esto hay que sumarle que a una ciudad que siempre ha dependido del comercio con Venezuela, las crisis económicas del vecino país siempre se han sentido como propias: en los 80, en los 90 y ahora con todo su drama y su fuerza.

Los venezolanos ya no compran por bultos, como lo hacían hace solo dos años, sino que cuentan sus devaluados billetes tratando de hacer rendir al máximo un dinero que ya poco alcanza. Hace solo dos años un bolívar valía 1,30 pesos, mientras que ahora solo 3 centavos de peso.

“Compran solo alimentos, medicinas y unos pocos artículos de aseo y ni pensar que vayan a comprar ropa porque ya no les alcanza para casi nada”, dice Aura, quien tiene un local de venta de alimentos en la localidad de La Parada, a 50 metros de la línea fronteriza.

Estos dos últimos factores han ocasionado una falta de circulante, por lo que lo que cada vez hay más locales cerrados en el centro de la ciudad.

Según Fenalco Cúcuta, el volumen de ventas disminuyó en todos los sectores económicos, comparados con el 2016, y eso que la frontera con Venezuela se abrió en agosto de ese año.

El gremio hace la aclaración que respecto a la comercialización de víveres y abarrotes, el impacto de compra de los venezolanos es “casi imperceptible para estos establecimientos de comercio”.

Según la encuesta, el 61% de los encuestados declaró que las ventas de alimentos bajaron respecto al 2016, y lo mismo sucede y casi en el mismo porcentaje con la venta de artículos para el hogar, automotores, textiles y confecciones, calzado, artículos de cuero y marroquinería.

El volumen de facturación en el centro comercial Ventura, el más importante de la ciudad, disminuyó un 30% el año pasado, mientras que en Unicentro, en algunas de las tiendas las ventas han disminuido hasta un 50%.

“Después de dos años de cierre total y parcial de la frontera la ciudad se ha visto impactada. Abierta generaba intercambio de bienes y servicios por lo que ahora se ha visto afectada la capacidad de compra”, explica Luna.

Venezolanos en Colombia

En Pamplona, a 72 kilómetros de Cúcuta, las auto- ridades hallaron a 110 ciudadanos venezolanos indocumentados que dormían en calles, parques e iglesias.

Carlos García/Reuters


CONTRABANDO SIN SOLUCIÓN

A pesar de los esfuerzos de las autoridades colombianas por combatir el contrabando, según algunos dirigentes gremiales de Cúcuta, las cifras muestran que el fenómeno está lejos de ser controlado.

De acuerdo al ganadero Andrés Hoyos, miembro del comité de la región, en los frigoríficos de la ciudad solo se sacrifican 50 reses diarias de las 400 en promedio que se consumen en la ciudad, “el resto no se sabe de dónde llega, con el consiguiente riesgo de la aparición de fiebre aftosa y otras enfermedades, como ya ocurrió a mediados del año pasado”, explica.

María Eugenia Martínez, representante legal de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), advierte que el contrabando de gasolina continúa pues la ciudad debería consumir unos doce millones de galones de combustible mensuales y solo se venden unos 8 millones, cuando el cupo del ministerio de Minas y Energía es de 10,3 millones.

Y como lo constató este periodista, en las calles de Cúcuta ya se comenzaron a vender nuevamente pimpinas (contenedores) de gasolina con cartelitos que muestran un $5.000, lo que quiere decir que a ese precio se vende el galón de gasolina en ese sitio, cuando en las estaciones de servicio está a 6.200 pesos.

Todo esto tiene su lógica: un kilo de carne de ganado en pie en Venezuela vale unos 800 pesos y en Colombia llega a 4.000, mientras que la gasolina venezolana apenas alcanza los 11 pesos el galón, cuando en Cúcuta se puede vender a 5.000 pesos.

‘ES UN EMPORIO DE PROBLEMAS’

A todo esto se suma la inseguridad, con muchos actores involucrados, como lo reconoce el coronel Quintero, en donde están las guerrillas, paramilitares, Bacrim y mafias dedicadas al contrabando y la narcotráfico, entre otros, que luchan por los corredores ilegales a lo largo de la frontera.

Otro alto oficial de la policía en la ciudad advierte que “Cúcuta es un emporio de problemas, por lo que combatir la ilegalidad es muy difícil, especialmente cuando hay corrupción a lado y lado, y dentro de las mismas autoridades”.

De acuerdo a la Fundación Progresar, en la región hacen presencia los ‘Rastrojos’, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, las ‘Águilas Negras’, las ‘Autodefensas de Norte de Santander’ y el ‘Ejército Paramilitar Nortesantandereano (EPN)’. Además, en los últimos cinco años han aparecido bandas delincuenciales como ‘Los Diablos’, ‘Los Cebolleros’. ‘Los Canelones’ y ‘Los Carteludos’.

TIERRA DE NADIE

Es tanta la inseguridad y la violencia desatada por el control del contrabando y el narcotráfico, que personas que viven en el barrio La Parada denuncian que los ‘botas de caucho’, una banda que opera en la frontera del lado venezolano, según dicen en connivencia con las autoridades de ese país y que hacen limpieza social en las localidades de San Antonio y Ureña, ya pasan a este sector colombiano en las noches a extorsionar y a matar paramilitares y miembros de las Bacrim.

“A los ‘Talibanes’ (paras) no los hemos vuelto a ver por aquí, los corrieron los ‘botas de caucho’ venezolanos que ahora extorsionan a los dueños de locales en Colombia, matan y además le cobran a los pobres bachaqueros por cualquier bolsa que pasan”, dice un habitante de esa zona.

Durante este año se han registrado 10 muertes violentas mientras que durante el año pasado se produjeron 40 en este barrio de apenas unos 1.000 habitantes.

Además, la inseguridad en el área metropolitana de Cúcuta por la delincuencia común ha aumentado notablemente, tanto que los habitantes del barrio Sevilla, en cuyo escenario deportivo vivían unos 900 venezolanos en lo que denominaban el ‘Hotel Caracas’ decidieron, en una reprochable actitud, atacarlos hasta con bombas incendiarias para desalojarlos, culpándolos de hurtos, prostitución, consumo de drogas y acoso sexual.

La alcaldía y la policía adelantaron un operativo y encontraron que 610 venezolanos no tenían sus documentos en regla.

Según cifras de la Policía Metropolitana de la ciudad, en el 2017 el número de venezolanos capturados por delitos como hurto, porte de armas, estupefacientes y extorsión aumentó en un 110% comparado con el 2016, al pasar de 235 personas a 515.

Mientras que en enero de este año, al 29 de enero, aumentó 43%, al pasar de 30 el año pasado a 43 en lo corrido del 2018.

Pedro Vargas Núñez
Editor Portafolio.co

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