Aunque la Superintendencia de Sociedades ha tasado la defraudación que hizo a través de Elite International Américas –cuyo negocio eran los créditos de libranza– en $440.000 millones, ayer la Fiscalía reveló que hay indicios de que podría superar el billón de pesos.
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Al ordenar la captura de cuatro personas vinculadas con el entramado de Elite, el fiscal General, Néstor Humbeto Martínez, anunció que compulsará ademas copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la presunta participación del exrepresentante a la Cámara Roberto José Herrera, pues dice tener pruebas de que participó en el ilícito mencionado.
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Las aprehensiones, que se hicieron mediante operativos en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, afectan a José Alejandro Navas Vengoechea, socio fundador, miembro de junta directiva y representante legal Elite; Marino Constantino Salgado Carvajal, también fundador, con asiento en la junta y representante legal suplente; Jorge Enrique Navas Vengoechea, suplente en la junta y vicepresidente financiero, y Ana Milena Aguirre Mejía, socia inicial, y miembro principal del consejo de administración de la cooperativa Servicoop de la Costa. También solicitó la captura del español Francisco Javier Odriozola Juan, quien está fuera del país.
Los cargos serían concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro y enriquecimiento ilícito.
Esta indagación fue alimentada en principio por el material probatorio enviado por la Superintendencia de Sociedades, que ordenó la liquidación judicial de Elite en diciembre del 2016, además de la intervención de sus activos, igual que de los bienes de 16 personas naturales ligadas a su operación. En ese proceso se han aceptado 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto defraudado se tasó en $440.574 millones.
EL MODUS OPERANDI
Elite International Américas S.A.S. fue constituida en mayo del 2011, y su actividad comercial estaba enfocada sobre todo a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.
La Fiscalía indaga sobre presuntas ventas que no tenían el respaldo de libranzas, comercialización de pagarés en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’, una modalidad en la que vendían paralelamente la misma obligación financiera. Así, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión.
Asimismo, según el expediente, se evidenció que hubo lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de dólares.
