Análisis

Se necesita que haya realización de derechos en la tercerización laboral

La suspensión provisional del decreto 583 de 2016 debe analizarse de cara a la profundización de las reglas que promueven la contratación directa.

Empleo
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mayo 05 de 2017
2017-05-05 03:55 p.m.

El pasado 17 de marzo el Consejo de Estado suspendió provisionalmente las principales medidas contenidas en el decreto 583 de 2016, que habilitan la tercerización en Colombia en todo tipo de actividades, lesionando la efectividad de los derechos laborales individuales y colectivos que las limitaciones a la subcontratación protegen.

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La tercerización laboral supone una redefinición de la empresa, que redunda en espacios de degradación de la efectividad de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, que demandan sistemas de corrección legales y sindicales orientados a la protección de las garantías laborales.

La estructura de producción moderna determina la ruptura de la relación típica empleador – trabajador, ya que en un sinnúmero de ocasiones la empresa descentraliza sus actividades a través de terceros, que concurren al desarrollo de la actividad productiva vinculando a trabajadores que se ven afectados en la efectividad de derechos salariales, prestacionales y sindicales.

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La identificación del empleador beneficiario de los servicios y responsable de las garantías de los trabajadores constituye la problemática que subyace a la limitación de la tercerización, que supone uno de los principales desafíos para la protección de derechos laborales en las nuevas realidades empresariales.

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La regulación de la descentralización empresarial en materia de protección de derechos que promuevan el trabajo decente resulta de tal complejidad, que en el año 1998 naufragó un proyecto para regular internacionalmente a través de un convenio el trabajo en régimen de subcontratación en la Organización Internacional del Trabajo.

El menoscabo de derechos en estructuras descentralizadas, que fragmentan la responsabilidad patronal y dificultan el ejercicio de derechos individuales y sindicales, determinó como punto de compromiso de Colombia en el Plan de Acción Laboral para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, la prohibición de contratación a través de cooperativas de trabajo asociado de actividades misionales a través del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y la contratación de 100 inspectores para la vigilancia del cumplimiento de esta restricción.

En el año 2013, el gobierno nacional por medio del decreto 2798 intentó modificar sustancialmente el régimen de limitaciones a la tercerización laboral por medio de cooperativas de trabajo asociado que fue derogado meses después por el mismo Ministerio del Trabajo a través del decreto 1025 de 2014 en atención a la omisión de la etapa de consulta en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La importancia de la estrategia de defensa de derechos laborales en los esquemas de tercerización se ve reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que promueve la fijación de “reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización.”

A pesar de la restricción para la contratación de servicios a través de cooperativas, el decreto 583 de 2016 admitió la tercerización de bienes o servicios sin limitaciones en abierta contradicción con la prohibición de la Ley 1429 de 2010 y la orientación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, deteriorando la efectividad de derechos laborales en estructuras productivas tercerizadas por medio de cooperativas.

El estudio de la Sección Segunda del Consejo de Estado llegó a la conclusión de la inadmisibilidad de ampliación del espectro de tercerización a través de cooperativas que fue suspendida provisionalmente, con acierto, estimulando la contratación directa y la prevalencia en la efectividad del disfrute de derechos laborales individuales y colectivos.

En este contexto, resulta determinante la acción de las autoridades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo en la correcta aplicación de las restricciones a la contratación por medio de cooperativas de trabajo asociado y la intermediación laboral que encuentran en la resolución 5670 de 2016 un elenco de lineamientos para el examen y corrección de las situaciones puestas bajo su conocimiento.

La violación a las restricciones en materia de intermediación laboral, son un problema mayúsculo del sistema laboral colombiano como lo demuestran las sanciones impuestas por la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo entre mayo y septiembre de 2016 que por dicha circunstancia condenó a multas equivalentes a 56.752 millones de pesos.

La suspensión provisional del decreto 583 de 2016 debe analizarse de cara a la profundización de las reglas que promueven la contratación directa, los sistemas de extensión de responsabilidad de las empresas, la igualdad de trato para quienes trabajan en el conglomerado empresarial y la declaratoria de relación de trabajo con la empresa beneficiaria en casos de encubrimiento del vínculo laboral.

De la misma manera, deben considerarse los desafíos para la acción de las organizaciones sindicales relativos a la inclusión del grupo de trabajadores de las empresas tercerizadas, a través de la negociación por rama o industria y la adopción de cláusulas convencionales de extensión a través de la igualdad de trato a los trabajadores de los contratistas y las temporales del conglomerado empresarial.

Iván Daniel Jaramillo Jassir
Investigador del Observatorio Laboral de
la Universidad del Rosario

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