La Contraloría General de la Nación advirtió un presunto detrimento patrimonial por más de 2.100 millones de pesos en la contratación del servicio de vigilancia electrónica para personas que están privadas de la libertad pero que se encuentran en detención domiciliaria. El ente de control fiscal señaló que “tal como se pactó en la operación de Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pagó 2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad”.
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En el proceso que se adelantó en la BMC “se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de cumplimiento, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado”.
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Antes de los cambios en estas condiciones, la Uspec únicamente debía pagar el servicio una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en el beneficiario de la detención domiciliaria, “mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad”.
La Contraloría General de la República advirtió además que en el modelo de negocio para la prestación de este servicio no se tuvieron en cuenta los recursos para garantizar la continuidad del servicio. En su labor de control fiscal, la Contraloría constató que “en la última selección de contratista, adelantada por operación de mercado abierto, la entidad no programó recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio de vigilancia electrónica durante el cambio de operador. Por tal razón, la Uspec autorizó la adición de 3.349,7 millones de pesos a la operación ya adjudicada, cuyo destino final fue el pago de monitoreo al anterior operador”, a pesar de que en ese momento estaba vigente un nuevo contrato de operación del servicio que solo entró a operar en junio del año pasado, “habiendo sido adjudicado desde febrero del mismo año”.
Otro hecho denunciado por el ente de control, es que de acuerdo con la ley “el costo del Sistema de Vigilancia Electrónica debe ser sufragado por los beneficiarios de la medida”. Sin embargo, el Gobierno Nacional no ha determinado la tarifa correspondiente después de 4 años de vigencia de la norma.
Finalmente el informe de auditoría señala las ya conocidas deficiencias del sistema de vigilancia a las personas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria, por problemas relacionados “con el insuficiente personal de custodia y vigilancia que se dedica a efectuar el seguimiento a los beneficiarios del mismo, lo que se refleja en imposibilidad material de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica, frente a la violación de las restricciones por parte de sus beneficiarios”.
