Solo 22 días para sacar adelante 4 decretos vitales en salud

En su informe de gestión, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, destaca el aumento en cobertura así como la ampliación y homologación del plan de beneficios como uno de sus principales logros.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social.

Archivo Portafolio.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social.

Finanzas
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julio 17 de 2014 - 02:43 a.m.
2014-07-17

Las tres semanas que quedan del actual Gobierno serán maratónicas para el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, quien quiere sacar adelante cuatro decretos que considera vitales para dejar la casa en orden, en caso de no ser ratificado para el segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos.

Uno, asegura la afiliación de las personas que pierdan el empleo; otro, define un nuevo modelo de atención para zonas apartadas, y un tercero reglamenta la habilitación de las EPS. Y el cuarto decreto busca zanjar la discusión sobre el ingreso de medicamentos biotecnológicos al país.

Gaviria hizo un balance con Portafolio sobre sus 22 meses en la cartera y, aunque confesó que no han sido fáciles, también dijo que se quedaría si Santos se lo pide.

¿Cuáles considera los puntos fundamentales en su gestión?

Resaltaría cuatro cosas: tuve la fortuna de que mientras he estado acá el país ha alcanzado prácticamente la cobertura universal en aseguramiento, se igualaron los planes de beneficios del régimen subsidiado y contributivo de manera sostenible y se ampliaron integralmente esos beneficios.

Paralelamente, se comenzó con el control a los precios de los medicamentos y vale la pena resaltar algunos logros en salud pública que vienen de atrás, pero son importantes, como es haber consolidado el programa de vacunación más completo y mejor manejado de América Latina, según la OPS.

Pero además se empezó a trabajar en la estabilización financiera del sistema de salud.

¿En ese trabajo llegó a lastimar muchos callos?

Las decisiones que hemos tomado sobre los precios de medicamentos han tenido un impacto sobre la industria farmacéutica y también, vale la pena decir, sobre los hospitales, porque estos derivaban una parte de sus ingresos de la administración o gestión de medicamentos y tuvieron que apretarse un poco.

¿Cuáles fueron sus principales dificultades?

Son de naturaleza diversa. Este es un cargo complejo donde, por ejemplo, hay que lidiar con el tema judicial que no es fácil. Tenemos la sentencia T-760 (sobre el derecho a la salud) y por eso debemos rendirle cuentas a la Corte Constitucional de manera permanente. Además, ni el Congreso ni los diferentes intereses que hay en este sector son fáciles (de colmar) porque cada uno espera una cosa distinta.

Se ha dicho que el gasto en salud del país no se compadece con la calidad. ¿Qué opina de esto?

El país gasta el 6,5 por ciento de su PIB, que es menor al promedio de la región. Por habitante, son 600 dólares o un poco más y los países con los que quisiéramos compararnos –Brasil, Argentina, Uruguay o incluso México– gastan más de 1.000. Estados Unidos gasta 8.000 dólares por habitante y España destina más de 3.000. Quienes nos miran desde afuera nos dicen que hacemos mucho con muy poco.

¿En qué se va a concentrar hasta el 7 de agosto?

Tenemos una agenda para terminar, de cuatro decretos importantes: uno que va a hacer una revolución callada en las normas de afiliación al sistema, ampliando el grupo familiar y cubriendo a las personas que pierden el empleo.

El segundo va a redefinir el sistema de salud en regiones donde lo más importante es la oferta, porque el sistema de aseguramiento funciona bien en las capitales pero no en Inírida, por ejemplo. Lo tercero es que vamos a revivir el decreto de habilitación de EPS que impone las condiciones financieras y estamos pensando en hacer algo con un decreto polémico que es el de biotecnológicos o biosimilares, sobre cuáles son las condiciones que tienen que darse para que exista competencia en ese campo.

¿Con el segundo decreto, se trata de subsidiar la oferta, como en el viejo esquema?

En el actual esquema uno subsidia la demanda y espera que la oferta esté ahí. En este tiene que partir de la oferta para que la demanda funcione, se invierte la relación.

Usted dice que ya está resuelto el problema de sostenibilidad, pero ¿acaso la deuda todavía no es grande?

El sistema sigue siendo sostenible pero está en construcción permanente y tenemos que ir mirando la sostenibilidad todos los días. Un reto futuro que está en la Ley estatutaria, es la redefinición del plan de beneficios, no basado en un listado de los procedimientos y medicamentos sino más bien en lo que no está. Es decir, poner más bien las excepciones, lo que no está cubierto.

Usted ha tratado de poner coto a la tardanza en las citas, ¿cómo está ese tema hoy día?

Los problemas más grandes están en las citas para especialistas. Entre el 30 y 40 por ciento se están dando para 10 a 15 días y eso hay que aumentarlo al 50 o 60 por ciento, aunque no es fácil. Pero también hay que decir que este no es un tema exclusivo de Colombia. Incluso si se va a los sistemas de Canadá, Inglaterra y hasta en Estados Unidos, es de los problemas más graves.

¿Cómo resolverlo?

Hay que seguir sensibilizando a las universidades, ampliando el número de cupos (para formar especialistas) y en eso seguiremos trabajando.

En la reforma fallida plantearon que los hospitales titularan a los especialistas. ¿Ese punto definitivamente se archivó?

La lección aprendida es que en eso definitivamente hay que trabajarlo en conjunto con las sociedades científicas y con las universidades. Lo que no puede estar llamado al olvido es el llamado de atención de que el país necesita seguir graduando más especialistas.

¿Qué ventajas les ha reportado la centralización de pagos del régimen subsidiado?

Cada mes el valor del giro es de 800.000 millones de pesos. Antes esa plata se demoraba 90 días para llegar a los hospitales y ahora llega en 5. En el tiempo en que eran los mismos municipios los que contrataban con las EPS, muchas veces fue capturado, incluso por grupos armados. Tenemos un mapa que muestra la coincidencia por ejemplo de la influencia paramilitar y las deudas que comenzaron a acumularse.

¿Pudieron detectar qué porcentaje se perdía por esa vía?

Teníamos una cifra de 500.000 millones de pesos en la década anterior. Es paradójico que lo que pasó con esos recursos no ha sido objeto de mayor análisis por los organismos de control, como si fuera una dimensión desconocida.

¿En qué sentido va a regular los biotecnológicos?

Apenas estamos colocando el decreto para comentarios y la discusión es compleja, tratando de buscar un equilibrio entre las condiciones de seguridad para los pacientes y unas condiciones de competencia que garanticen un acceso a precios razonables. Lo que hace el decreto en el fondo es dar una serie de criterios para que una sala especializada del Invima decida cuándo a un competidor de un producto que ya no tiene patente de exclusividad vigente se le puede eximir de algunos ensayos clínicos.

La Contralora, Sandra Morelli dijo que le preguntaran a usted por qué no se les ha cobrado 1,4 billones a Carlos Palacino y otros presuntos implicados de Saludcoop. ¿Qué responde?

En el fondo el cobro coactivo depende de la Contraloría, no es el Ministerio quien decide eso.

¿Cuándo se va a decidir de fondo sobre Saludcoop?

Si hacemos esto sin una buena planeación, esta se sumaría a las deudas problemáticas. La prórroga a la intervención vence en mayo del año entrante y creo que no debe haber otra más.

EN OCTUBRE REGULARÍAN PRECIOS DE MÁS DROGAS

Hasta ahora el Ministerio de Salud ha incluido más de 800 medicamentos en su régimen de control de precios, lo que, según el jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria ha representado un ahorro de más de 500.000 millones de pesos para el sistema.

“Esto es haciendo un estimativo conservador, porque otros cálculos hablan de un ahorro superior al billón de pesos anuales, y una reducción promedio en los medicamentos del 40 por ciento”, indicó.

El funcionario anunció que dedicarán los próximos meses para evaluar los resultados, revisar la metodología en algunos de sus aspectos no esenciales y ver cómo se están ajustando los diferentes agentes a la medida.

“En octubre haríamos el nuevo control”, reveló.

Gaviria defendió también el modelo que se aplica para este control y que consiste en establecer una comparación entre 17 países de referencia, a partir de lo cual el Gobierno se dio cuenta de que los precios en el país resultaban más altos.

También les respondió a los que desestiman el efecto de la medida. “Esa es una una crítica falaz que dice que en Colombia hay 13.000 o no sé cuántos medicamentos, y que en realidad, con los 800 controlados, no hemos hecho nada porque hacen falta más de 12.000, pero no se dan cuenta que esos 800 implican más del 80 por ciento del costo farmacéutico en que incurríamos”, dijo.

POR LO PRONTO, SE DESCARTA NUEVA REFORMA

Para el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no es aconsejable volver a llevar un proyecto de reforma a la salud al Congreso de la República.

Para el funcionario, lo que se requiere es ir introduciendo vía decreto los cambios que se requieran en el sistema. Y vaticina que “quien trate de hacer una gran reforma fracasará”.

De acuerdo con el funcionario, esa fue la principal lección que dejaron los intentos previos que se aguaron, aunque defendió los logros que se obtuvieron. “La Ley 1438 centralizó los recursos y creó el giro directo; la 1608, entre otras cosas, creó la compra de cartera, nos permitió que el Fosyga pagara y simplificó los requisitos para resolver las glosas que estaban asfixiando este sector”, dijo.

De la Ley estatutaria de salud resaltó que nació de la sociedad civil y comprometió a los médicos, e introdujo el tema de la autorregulación de los servidores de la salud.

Néstor Alonso López L.

Economía y negocios