Entre 32 meses y 7 años y medio de prisión pagarán usureros de compraventas

Eso será si pasan los límites de usura demarcados por el Gobierno para ese tipo de negocio; en este grupo están los propietarios de las casas 'comerciales' y los prestamistas de los 'gota a gota'.

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noviembre 21 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-21

Así mismo, firmó dos decretos más expedidos al amparo del Estado de Emergencia Social. Sólo falta la firma de algunos de los ministros del despacho para que entren en vigencia.

Las penas a la usura quedaron establecidas en el decreto legislativo (expedido bajo el Estado de Emergencia Social) firmado por Uribe y que solo espera la recolección de las firmas de todos los ministros del gabinete para convertirse en ley permanente.
El decreto con fuerza de ley busca agravar el delito de usura cuando se dé en las modalidades de pactos de retroventa (es decir compraventas) o en préstamos con cobros periódicos (los llamados 'gota a gota').

En estos casos aumentarán los años de cárcel entre la tercera parte y la mitad de la pena por usura: es decir, los responsables pagarán mínimo 32 meses y máximo 7 años y medio de prisión.

Un segundo decreto legislativo, que también fue firmado ya por el Presidente y que solo espera la firma de los ministros, está dirigido a penalizar las transacciones en efectivo, distintas a las del sector financiero, y que no son reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya labor es detectar operaciones de lavado de activos.

En este decreto se adiciona al Código Penal el artículo 325A. Allí se convierte en delito el hecho de que no se entreguen reportes de transacciones, movilizaciones o almacenamientos de dinero en efectivo, cuando autoridades como la UIAF requieran tal información.

Fuentes de la Casa de Nariño dicen que con esto no se pretende afectar, por ejemplo, a los campesinos que en zonas rurales negocian a diario con dinero en efectivo, sino a personas o empresas cuya captación de dinero sea sospechosa.

Este aplicaría a empresas que como DMG (del detenido David Murcia Guzmán) manejan millonarias sumas de dinero sin entregar los informes pedidos por las autoridades y reciben como única sanción el pago de multas.

En este nuevo decreto se establecen penas de 32 a 108 meses de cárcel para quienes no provean esta información. Además, se les sanciona con multas de mínimo 133 salarios mínimos mensuales y máximo 15.000 (es decir, entre 61 millones de pesos y casi 7.000 millones de pesos).

También se modifica el artículo 325 del Código Penal que aplica cárcel y multas para los empleados del sector financiero o cooperativas de ahorro y crédito que "con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omitan el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo".

En este aparte se aumentan condenas y multas y se establecen igual que en el artículo anterior. Se espera un nuevo decreto en el que, como lo ha dicho el presidente Uribe, se obligue a la banca a facilitar el acceso de los más pobres a los servicios financieros.

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