El contratista del túnel de La Línea, Carlos Collins, asegura que puede terminar la construcción en 40 días, debido a que la excavación del túnel principal tiene actualmente un avance del 99 por ciento. “Apenas nos queda faltando el 1 por ciento para terminar la excavación”, dijo en una rueda de prensa.
El ingeniero desmintió que la megaobra esté paralizada desde hace 7 meses y que la ejecución apenas esté en el 75 por ciento. Es decir, que tiene un atraso del 25 por ciento, después de cinco años y medio de trabajos, pues la etapa de construcción empezó el primero de julio de 2009.
De acuerdo con el Invías, la obra debió finalizar el 30 de noviembre del año pasado y ha recibido en estos años un total 19 meses más de plazo en tres prórrogas.
Sin embargo, el ingeniero y representante legal de la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC) se atreve a prometer que con los actuales avances está seguro de terminar la excavación del túnel principal el 28 de febrero próximo. El Invías tiene una visión opuesta del avance y recuerda que el contrato no solo comprende la terminación del túnel principal sino también de viaductos y túneles en Quindío y Tolima.
Según un informe de la entidad, fechado el primero de diciembre del 2014, el contratista está colgado en ocho túneles más y en nueve puentes que llevan una ejecución mínima dentro del megaproyecto.
Hace una semana, y después de recorrer las obras en compañía de la firma de interventoría, el director del Invías, Carlos Alberto García Montes, afirmó que la entidad se atiene a los términos y condiciones del contrato y por esa razón “no ha contemplado ampliar el plazo ya vencido de la etapa de construcción.
Al contratista se le han dado todas las garantías: una prueba testimonial y la inspección técnica”.
A su turno, el vicepresidente de la República, Germán Vargas, dijo que “no se puede dejar más tiempo parada la obra, por lo que el 27 de enero se adelantará una última audiencia y se tomará una decisión definitiva sobre el contrato”.
El contrato del túnel de La Línea o Cruce de la Cordillera Central está en la cuerda floja desde septiembre del año pasado, cuando empezó el proceso administrativo de caducidad por los presuntos atrasos.