Con la cara sucia, el overol teñido de negro y algunas manchas de sudor que se abren camino en su frente, Ricardo López sale de un socavón donde estuvo trabajando durante 8 horas, a 300 metros bajo tierra.
Este hombre labora en una de las minas ilegales o más conocidas por el gremio como tradicionales -por no tener título minero- de Guachetá (Cundinamarca), como lo ha hecho desde hace 15 años.
Está extenuado y un dolor en la espalda y en algunas articulaciones lo tienen "fregado", como dice. Ricardo está enterado de las noticias. Él y sus compañeros saben que el Gobierno Nacional escogió a Cundinamarca como departamento piloto para impulsar la formalización minera.
"Nos parece excelente que formalicen las minas porque si no, se corre el riesgo de que las cierren", dijo.
El plan arrancó hace unos días en Guachetá. Con esta iniciativa, la Dirección Nacional del Programa de Formalización Minera, del Ministerio de Minas y Energía, busca que las comunidades mineras que vienen ejerciendo la actividad tradicional trabajen en mejores condiciones técnicas y empresariales, y bajo el amparo de un título minero.
La estrategia busca formalizar -de aquí a que se acabe el cuatrienio- el 80 por ciento de las minas tradicionales; es decir, 500 de las 690 que hay en el departamento. Las explotaciones legales son 710.
"Empezamos dando a conocer la estrategia y los estándares ambientales, laborales y sociales de la actividad minera en Guachetá", dijo José Ignacio Flórez, secretario de Minas del departamento.
En 79 de los 116 municipios de Cundinamarca hay actividad minera, principalmente de extracción de carbón, arcilla y arena. Pero de esos 79, en 47 la explotación es tradicional o ilegal y emplean a unas 10.000 personas.
"La mal llamada minería ilegal fue un error del Estado cuando dijo que había que solicitar título minero, porque Ingeominas los otorgó al que primero entregó papeles", explicó el Secretario. Y añadió: "El título se les debió entregar a los mineros tradicionales".
Hoy se puede llegar a la formalización a través de dos procesos: por asociación y por operación. "En el contrato de asociación, los dueños de las minas entran en una sociedad junto con el dueño del título y dividen las ganancias, mientras que en el contrato de operación, el dueño del título les dice a los dueños de las minas que trabajen independientemente, pero el material sacado se vende sólo al dueño del título", explicó Flórez.
El Secretario dijo que de lograrse la formalización aumentarían en un 30 por ciento las regalías anuales para el departamento; es decir, se incrementarían en casi 5.200 millones de pesos. Otro beneficio de la medida es que "los mineros (los dueños) estarían dentro de la ley y dejarían de sentirse perseguidos con demandas", explicó.
"Para que entren en el programa, los mineros deben llenar un formulario con los datos de la actividad que ejercen, que luego serán corroborados", señaló el funcionario, quien dijo que un requisito esencial es que la explotación tenga mínimo 10 años.
En octubre próximo, el programa llegará al municipio de Cucunubá, también en el valle de Ubaté.
Pero mientras la estrategia despega, Ricardo López, al igual que sus compañeros, deberá seguir cruzando los dedos para que las minas en las que trabajan no las cierren.
DUEÑOS INFORMALES SE ASOCIARON
En Cundinamarca existen hasta ahora más de 10 asociaciones de mineros tradicionales o ilegales. Solo en la provincia de Ubaté hay al menos ocho asociaciones; entre ellas, la Asociación de Mineros de Lenguazaque, que cuenta con 110 minas y que agrupa a cerca de 2.000 obreros.
La creación de asociaciones ha sido la estrategia más acogida por los mineros tradicionales (dueños) durante el plan de formalización minera.
"De los siete planes de formalización que se han presentado al Estado en los últimos 50 años, esta es la mejor estrategia que se tiene por parte de los mal llamados mineros ilegales", dijo Wilson Octavio Triana, asesor jurídico de los mineros tradicionales.
Dichas asociaciones se comenzaron a crear en el 2001, con el propósito de trabajar por los derechos del minero tradicional, que no está vinculado a una multinacional.
"Así evitamos que sean acusados penalmente de explotación de recursos naturales", dijo Triana.
Las asociaciones mineras se sostienen con las cuotas mensuales que entregan las minas agremiadas. Los valores oscilan entre los 50.000 y los 250.000 pesos.
'SI LAS LEGALIZAN, NO NOS VAMOS A QUEDAR SIN TRABAJO'
José Luis Arévalo, un minero de la provincia de Ubaté, es consciente de los riesgos a los que se enfrenta por trabajar en la minería. Por eso, todas las mañanas, antes de empezar su turno de 5 a.m. a 1 p.m., se echa la bendición y se encomienda a Dios.
"Derrumbes, explosiones y caídas son los accidentes más frecuentes; sin embargo, todo trabajo tiene su riesgo", anotó, con su particular sonrisa.
Este hombre, de contextura gruesa, dice que empezó como ayudante de volqueta y que durante sus 20 años de recorrido en el mundo minero ha trabajado en distintos oficios. "Ahora hago de malacatero, o sea soy el que opera la máquina que mueve el coche con carbón. Eso implica mucha responsabilidad", cuenta.
Arévalo gana un salario mínimo mensual y para cuadrarse un mejor sueldo dice que hace dos turnos diarios. "Estoy agradecido con el patrón, pero nos gustaría que nos legalizara el Gobierno, porque así aseguramos nuestro trabajo y dejaríamos el miedo de quedarnos en la calle", anotó.
La mina en la que trabaja le ofrece un campamento para pasar las noches y alimentarse. "Me tocó traerme a mi mujer y a mi pequeño minerito (al hijo de 2 años) para poder estar más cerca de ellos".
El domingo, en su día libre, se va para Ubaté, Guachetá o Lenguazaque a pasear con ellos. "Nos comemos un helado o vamos a misa; eso sí, salgo bien vestido y oliendo a rico", dice y sonríe.
KATYA CHAMIÉ
REDACTORA EL TIEMPO