72 firmas, entre ellas DMG, deberán comprobar que no son captadoras de dinero ante la UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) les pidió a 72 firmas un reporte mensual de las operaciones que hagan en efectivo, la primera de las cuales se deberá hacer a finales noviembre.

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noviembre 12 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-12

DMG Holding S.A., Grupo DMG, Grupo NetWork Inversiones Ltda., Financiamos S.A., Gestión Hospitalaria de Colombia, Consorcio Bio, Club de Amigos Da&Re, Central de Inversiones en Red para Educación Ltda., Inver Vonilla E.U., Corporación Cre-Ser, Multiredex Ltda., y Afianzaval, son entre muchas otras las que tendrán que reportar sus operaciones a la entidad.

Entre la información que estas firmas le deberán enviar a la Uiaf está, por supuesto, el nombre o razón social de quien recibe el dinero, la fecha de la transacción, el monto, el tipo de moneda, la clase de vínculo con esa persona, la actividad económica de quien recibe y entrega el dinero. También deberán enviar el reporte de las transacciones en divisas y el país de origen y el receptor.

Unos $2 billones de aportes particulares en riesgo

Miles de personas estafadas que desde el martes se agolpaban frente a las oficinas en las que invirtieron su plata, y que ahora no responden, tuvieron custodia de autoridades en ocho departamentos.

La situación más complicada se vivió en Popayán, donde se tuvo que decretar el toque de queda para controlar a unos 3.000 inversionistas que esperaron infructuosamente a que los responsables de Proyecciones D.R.F.E. les dieran alguna razón de su dinero.

Las autoridades de Pasto, Túquerres e Ipiales (Nariño) y Santander de Quilichao (Cauca) tuvieron que imponer la misma medida.

La virtual quiebra de esa empresa, que sus responsables atribuyen a la "crisis económica mundial", no es una más en la larga lista de señaladas pirámides que desaparecen de un momento a otro con la plata de sus incautos inversionistas.

D.R.F.E tiene 61 oficinas inscritas en Cámara de Comercio en ciudades y pueblos como Pitalito, Pasto, Medellín, Neiva, Popayán y Mocoa.

El general Óscar Naranjo anunció que la Policía empezará a cerrar esos locales, pero se quejó de que para hacer lo mismo con las otras pirámides, a pesar de que abiertamente transgreden la ley, les hace falta una orden judicial o de los alcaldes. Hasta ahora, esas órdenes o no aparecen o llegan cuando los daños ya son millonarios.

Un año después del 'boom' de las pirámides, el Estado sigue quedándose corto frente a la capacidad de esas empresas para conseguir quién les entregue plata y frente a la ingenuidad y la ambición de los que deciden arriesgar, en muchos casos, sus ahorros de toda la vida.

Los informes de la Superintendencia Financiera, tal vez la entidad que más se ha movido frente a la plaga de las pirámides, señalan que en todo el país funcionan unas 200 empresas que captan plata de manera ilegal con la promesa de intereses millonarios. Incluso, algunas ya traspasaron las fronteras: la página de Internet de D.R.F.E dice que tiene negocios en Perú, Ecuador y Chile.

La Fiscalía, que ha procesado a algunos de los dueños de las empresas (ya hay una condena en Villavicencio), empezará a investigar a los inversionistas.

Un informe de la Veeduría de la Fiscalía, que recibió reportes de todo el país, señala que al menos 2 billones de pesos del ahorro de los colombianos estaría circulando por las pirámides.

Ese despacho apuró a todos los fiscales del país y al CTI para que actúen cuanto antes frente a las denuncias y anunció que hará vigilancia judicial a todas las investigaciones penales que se relacionan con el problema.

Autoridades, sin dientes

El viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, admitió que las autoridades están desbordadas por la fiebre de los intereses millonarios.

"El Gobierno tiene unas limitaciones, pero los organismos de vigilancia, las superintendencias, ante casos de flagrancia, pueden ejercer acciones de represión inmediata", señaló el Viceministro.

Pero las superintendencias no tienen dientes para frenar el negocio. El caso de la polémica DMG, la empresa más reconocida en ese campo, es emblemático, pues tiene varias sanciones y multas encima y sigue funcionando.

"Esta es una autoridad administrativa y sus facultades no son judiciales", explicó el Superfinanciero, César Prado Villegas. El problema es que cuando se ordena la liquidación de una empresa, un juez civil del circuito tiene que adelantar el trámite correspondiente. El proceso se puede tardar años.

Mientras tanto, el anunciado proyecto de ley con el que el Gobierno pretendía penas de hasta 12 años de cárcel para los responsables de las pirámides (bajo las reglas actuales, el delito podría incluso ser excarcelable), no ha despegado en el Congreso. No ha tenido ni el primer debate.

Ayer, precisamente, el presidente Álvaro Uribe pidió que se mueva ese proyecto: "Ojalá haya instrumentos legales para cerrar todas esas 'pirámides' y meter a todos los bandidos promotores, que son finalmente estafadores, a la cárcel", dijo.

El caos se apoderó de inversionistas en Ibagué

Las alarmantes noticias sobre el cierre de oficinas de D.R.F.E. en Cali, Pasto y Popayán causaron caos en Ibagué.

Hacia las 8:30 a.m., cuando aumentó el número de personas que exigía el pago, se armó una trifulca porque supuestos empleados intentaron huir con dos maletas tipo portafolio cargadas de dinero.

La gente se abalanzó sobre ellos y con el forcejeo, las maletas se abrieron. Los fajos de billetes cayeron y la situación fue aprovechada por algunos que se llenaron los bolsillos. Versiones extraoficiales indican que en las maletas habría más de 100 millones de pesos.

"Yo había cogido unos 15 millones, pero me los quitaron. Hasta me rompieron los pantalones", dijo Oswaldo Bejarano, un comerciante que viajó desde Bogotá para cumplir una cita para el pago del dinero, el miércoles y que se topó con el alboroto.

Representantes de la empresa, protegidos por la Policía, anunciaron que el dinero se iba a pagar, pero que solo pedían orden en las colas. Unidades del Ejército y agentes de organismos de inteligencia encubierta también llegaron.

El desorden reapareció cuando salieron versiones de que la plata no iba a alcanzar para pagarles a todos, lo cual no fue confirmado por los empleados de D.R.F.E., que no hablaron con la prensa.

En Popayán se volvió lío de orden público

La carrera séptima entre calles sexta y séptima, en el centro histórico de Popayán, era ayer un hervidero de gente que reclamaba la devolución de su inversión a Proyecciones D.R.F.E.

Poco antes de las 5 p.m., luego de que unos 3.000 inversionistas se percataron que 20 empleados que permanecían dentro de la captadora de dinero se volaron por el techo, la gente se encegueció, destruyó la entrada a las oficinas, saqueó los equipos de oficina y agentes del Escuadrón Antimotines de la Policía tuvieron que utilizar gases para dispersar a la multitud. La Alcaldía prohibió la presencia de gente en la calle entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. de hoy para evitar más tensión.

Ayer, la Fuerza Pública tuvo que hacer uso de dos petardos de aturdimiento para calmar los ánimos de la población, que insistía en entrar por la fuerza a las instalaciones del 'hueco', como llaman en esa capital a esta entidad.

"Hemos intervenido en el manejo del orden público porque cuando se generan noticias tan preocupantes la gente se altera. El representante de la firma está pagando, sabemos que lo que espera la comunidad es que cumplan", dijo Óscar Freddy Paz, secretario de Gobierno de Popayán.

En Cali, la situación fue tensa todo el día en inmediaciones de Proyecciones D.R.F.E. porque unas 2.500 personas esperaban su dinero.

En maletas se querían llevar $5.000 millones

Agolpados frente a la sede de la Policía Risaralda, cientos de personas reclamaban la devolución del dinero invertido en 'pirámides', incautado la noche del martes a dos personas que pretendían salir de un conjunto residencial de Dosquebradas (Risaralda), con unos 5.000 millones de pesos en dos maletas.

Cuando, al parecer, pretendían viajar a Nariño, la Policía capturó a Margarita Mélida Tovar Velasco, nacida en Pasto, de 45 años, y Francisco Javier Arce Villada, de 48.

La mujer, de profesión contadora, se desempeñaba como gerente de D.R.F.E. en la región, mientras que el hombre se presentó como conductor.

El comandante de la Policía Risaralda, coronel José Antonio Poveda Montes, explicó que "mediante orden judicial de la Fiscalía se venían haciendo estas investigaciones. Hacia las 11 p.m. se observó la actitud sospechosa de un hombre y una mujer. Portaban dos maletas con una suma apreciable. Todo fue dejado a disposición de la Fiscalía".

Precisó que el operativo se produjo en el garaje de la unidad residencial y dijo que uno de los detenidos ofreció dinero a la Policía, por lo que es investigada por cohecho.

Tanto la Policía como el director seccional de Fiscalías, Jaime Ángel Londoño, aconsejaron a quienes invirtieron allí sus dineros para que denuncien, pero muchos dijeron que eso complicaría las cosas.

En Quilichao dejaron cuatro sillas

Cientos de inversionistas de JEG, en Santander de Quilichao, que forzaron la entrada, encontraron un ofensivo como aleccionador cartel del riesgo al que están expuestos miles de ciudadanos.

Además de darles las gracias por el dinero, decía que "les dejaban las sillas más costosas del mundo" y los mandaban a trabajar para recuperar 2.000 millones de pesos. "Recuerden que las únicas pirámides que existen y no se van son las de Egipto".

Saqueos al comercio de Pasto y la amenaza de disturbios precipitaron la prohibición de la presencia de la gente en la calle.

La misma decisión se tomó en Ipiales y Túquerres. En Nariño cerró Servicio Integral de Inversiones y Divisas y D.R.F.E, que anunció su insolvencia. En Túquerres y Tumaco dos captadoras se llevaron unos 7.000 millones de pesos. Los administradores están detenidos.

La Fiscalía comenzó a seguir los pasos a la firma Costa Caribe, un complejo turístico y hotelero que ayer fue objeto de manifestaciones de sus inversionistas en Bogotá.

Esa empresa estaría captando dinero de manera ilegal. Los investigadores rastrean los movientos financieros y cuentas de sus socios y de las personas que han invertido millonarias sumas de dinero allí.

En Perú, hace cerca de una década, un famoso hombre, Carlos Enrique Carreño, dueño del Centro Latinoamericano de Apoyo Empresarial, CLAE, que gozaba de amplio prestigio en todos los más altos círculos de la sociedad (incluso sonaba para la Presi- dencia), durante cinco años manejó con estricto cumplimiento todos los pagos de sus fieles y creyentes clientes. Pero se voló con 350 millones de dólares.

María Mercedes Cuéllar, presidente de Asobancaria, dice que lo primero que se debe hacer para enfrentar las pirámides es configurar como delito la captación ilegal y el uso de tarjetas prepago.

Dice que bajo la normatividad actual, quienes se dedican a esta actividad "han logrado encontrar la protección de la ley". Dice que las empresas legales no tienen cómo competir.

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