Aclaraciones sobre el gasto público

Me refiero al editorial del día 11 de mayo titulado “La Aceleración del Gasto Público”, en el cual sobresale su ya reiterativo desconocimiento, imperdonable en cualquier publicación económica medianamente seria, de la institucionalidad fiscal colombiana. Este desconocimiento, aunado a sus inauditas insinuaciones políticas, contribuye más a confundir a los lectores que a informarlos sobre un tema vital. Procedo a hacer 5 aclaraciones:

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mayo 12 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-12

1. Desconoce usted que en Colombia el gasto público lo define una Ley de la República aprobada por el Congreso, en el caso que nos ocupa, en el mes de octubre de 2005 y no el capricho del Gobierno. En dicha ley se define un monto total de gasto para el año, se estiman unos recaudos tributarios y se establece un tope al endeudamiento público. El Gobierno no puede legalmente gastar un centavo más de lo que dispone la ley. Si lo hace, por capricho electoral como usted insinúa o por cualquier otra razón, comete un delito. Le recuerdo que este Gobierno, por primera vez en 15 años, tomó la decisión de no presentar una Ley de Adición Presupuestal en 2005, no obstante el hecho de contar con más recursos tributarios de los estimados, un acceso prácticamente ilimitado a los mercados de deuda internacionales y a pesar del presunto interés electorero del que usted nos acusa tan olímpica e irresponsablemente. Qué fácil habría sido ver aprobada una ley de esa naturaleza en vísperas de elecciones parlamentarias y qué caudal de irresponsabilidades taquilleras habría podido ejecutar un Gobierno irresponsable. 2. Con base en la dudosa metodología de la regla de tres, usted plantea que el déficit fiscal podría llegar al 7 por ciento del PIB. Como también dice (ahí si, correctamente) que el recaudo tributario va muy bien, la implicación, que usted deriva, es que el gasto público rebasará ampliamente lo dispuesto por la Ley. Esto, simple y llanamente, es acusar al Gobierno de estar fraguando un delito. Rechazo enérgicamente semejante despropósito que en otras latitudes ameritaría una carga probatoria contundente y no una lánguida argucia aritmética. 3. La decisión acerca del momento en el cual ese rubro -fijado por la ley- se gasta depende de múltiples circunstancias y dicha decisión en nada afecta la sostenibilidad fiscal de la nación, factor que depende del gasto total y no del momento en el cual se ejecuta. En este año 2006, resulta inaudito que usted no hubiera mencionado un factor altamente inusual, que sin duda tiene efectos sobre el ritmo de ejecución (repito, no sobre el monto total) del gasto: la presencia de la Ley de Garantías. Dicha ley limita enormemente la capacidad de ejecución del gasto entre enero 28 y las elecciones presidenciales. No debe sorprender a nadie que los entes ejecutores hayan adaptado sus decisiones teniendo en cuenta esta realidad legal, a fin de cumplir con sus exigentes metas gerenciales. 4. Respecto de su preocupación macroeconómica, le recuerdo que el Gobierno ha cumplido o sobrepasado sus metas fiscales trimestre tras trimestre durante los últimos 4 años, como lo corroboran las cifras y como lo certifican nuestras contrapartes en acuerdos internacionales de alta visibilidad y continua revisoría. Más allá de los flujos trimestrales, también le recuerdo que el Gobierno viene cumpliendo y seguirá cumpliendo a cabalidad su marco fiscal de mediano plazo. 5. El Gobierno estudió juiciosamente los elementos de juicio y compartió plenamente la decisión de elevar las tasas de interés de intervención del Banco de la República porque considera que era necesario para mantener el excelente ritmo de marcha de la actividad económica y los negocios. Esto es válido porque el crecimiento está siendo impulsado por el sector privado que ya no necesita la anormalidad de una tasa de intervención del 6 por ciento. La economía creció más del 5 por ciento en el 2005 y, según la inmensa mayoría de los expertos, lo hará también en el 2006. El entusiasmo y optimismo de los inversionistas y de los hogares asegura la continuidad de este proceso y elimina de plano el requerimiento del activismo monetario de la fase anterior. La continuidad del ajuste fiscal es complementario y consistente con dicha decisión, que no se tomó para “enfriar”, como usted alega, la demanda -la cual juzgamos crece en línea con los parámetros estructurales de Colombia- sino de retornar la política monetaria a la normalidad macroeconómica que hemos logrado recuperar. Alberto Carrasquilla Barrera Ministro de Hacienda"El Gobierno no puede legalmente gastar un centavo más de lo que dispone la ley”.

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