Aclaran límite a mora en servicios públicos; cuando un inquilino no pague la factura, se le debe suspender

La Corte Constitucional advierte que si no hay pago del servicio público, las empresas prestadoras tienen la obligación de suspenderlo máximo al vencimiento del tercer periodo de facturación.

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noviembre 07 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-07

Las controversias entre los propietarios de inmuebles y los arrendatarios por el retraso en el pago de las facturas de los servicios públicos domiciliarios derivaron en una sentencia de la Corte Constitucional, cuyo efecto es evitar el incremento desmesurado de estas deudas.

Según la Corte, las empresas de servicios públicos tienen la obligación de suspender el servicio ante la mora en estas cuentas para evitar que los dueños de estos bienes terminen en un proceso de cobro a raíz del incumplimiento de sus inquilinos.

"Lo anterior significa -dijo el alto tribunal- que cuando no se cancela oportunamente la prestación del servicio público domiciliario, las empresas prestadoras tienen la obligación de suspenderlo máximo al vencimiento del tercer período de facturación".

Es una exigencia, explicó la Corte, que no sólo constituye una garantía para la empresa al ejercer un mecanismo legítimo de coacción tendiente a asegurar el pago del crédito.

La corporación subrayó el deber de estas compañías de no prestar el servicio ante las cuentas insolutas, sin exceder dos períodos de facturación en el evento en que éste sea bimestral y de tres períodos cuando sea mensual.

Así lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia T-581 del 2008 al conceder una acción de tutela presentada por la propietaria de un bien -adquirido en 2006 por medio de diligencia de remate ante un juzgado de Barranquilla- contra la firma Electricaribe S.A.
Según el expediente, la ciudadana adquirió un inmueble sobre el cual recae una deuda por más de 19 millones de pesos por facturas de energía eléctrica causadas desde agosto de 1998.

La particular presentó la tutela para que la respectiva empresa le reconecte el servicio y deje sin efecto tales cuentas porque, en su criterio, no existe ninguna solidaridad entre ella y el antiguo titular del bien.

La Corte le ordenó a Electricaribe S.A. efectuar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, las liquidaciones a cargo de la nueva dueña del bien, correspondientes solo a las tres primeras facturas, más los gastos de reinstalación y reconexión. 

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