Actualizan norma sobre vertimientos a los ríos y quebradas

La resolución 0631 del Minambiente establece las cantidades permitidas de acuerdo con ocho sectores y 73 actividades productivas. Además, cambia los mecanismos de medición.

La nueva norma busca que en cinco años las fuentes hídricas estén más limpias.

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La nueva norma busca que en cinco años las fuentes hídricas estén más limpias.

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marzo 20 de 2015 - 01:30 a.m.
2015-03-20

El Gobierno actualizó la reglamentación para los vertimientos de las empresas a los alcantarillados, ríos y demás fuentes hídricas, con el objetivo de mejorar la calidad del agua en el país en cinco años.

El decreto 1594, que regía desde 1984, distinguía entre usuarios nuevos y usuarios existente previamente, siendo más estricto con los primeros. Ahora, la resolución 0631 que acaba de expedir el Ministerio del Ambiente les da igual trato.

Pero además, la nueva norma deja de lado el concepto de carga contaminante y establece una medición según la concentración (antes se hacía por kilos de contaminantes y ahora es por miligramos por litro).

Según el Ministerio, esto permite hacer un mejor control por parte de las mismas empresas y las autoridades.

Un tercer aspecto de la 0631, expedida el pasado miércoles, es que diferencia las cantidades de contaminantes permitidas de acuerdo con 8 sectores (servicios públicos, alcantarillado, agricultura, ganadería, minería, hidrocarburos, manufactura y servicios varios) y 73 actividades productivas.

Una fuente del Minambiente aclaró que la nueva reglamentación no solo es aplicable al sector empresarial sino a los municipios, las empresas de servicios públicos, los hoteles y todo establecimiento potencialmente contaminante del agua.

Aunque no habla de sanciones, estas figuran en la Ley 1333 del 2009 y en el código penal. Pueden ir hasta los 2.500 millones de pesos de multa, cierre del negocio y cárcel.

El estudio Nacional del Agua realizado por el Ideam hace cinco años (ENA2010) diagnosticó los cuerpos de agua en el territorio nacional y destacó problemas como la alta concentración de material orgánico, el exceso de nutrientes, turbiedad por arrrastre de sólidos y problemas de coloración.

Más de 25.000 hectáreas no podrán explotarse

Por otra parte, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, explicó el alcance del concepto que emitió el Consejo de Estado con relación a la prohibición de la minería en los páramos del país y reveló que un área superior a las 25.000 hectáreas de la zona protegida en el páramo de Santurbán con títulos mineros anteriores al año 2010 no podrá ser explotada.

La opinión había sido pedida al alto tribunal por Vallejo para definir cómo proceder con esta zona, ubicada entre Santander y Norte de Santander. Y aunque no es obligante, el concepto fue tenido en cuenta al delimitar las casi 100 mil hectáreas que continuarán bajo protección.

El concepto dice que quienes no tuvieran licencia ambiental para hacer trabajos mineros en los páramos, antes de la vigencia de la Ley 1382 del 2010, definitivamente no podrán conseguirla, y este es el caso en las mencionadas 25.000 hectáreas en Santurbán.

En contraste, los que detenten licencias ambientales o su equivalente anteriores sí podrían continuar hasta que se les venza el permiso, pero minimizando el daño ambiental.

En esta situación hay entre mil y dos mil hectáreas de los municipios de Vetas y California, en manos de mineros artesanales.

CONCEPTO DEL CONTENCIOSO NO ES OBLIGANTE

Aunque según la Ley 1382, por principio, no debe haber explotación minera y agrícola en casi 3 millones de hectáreas de páramos que posee el país, deja la posibilidad de sopesar los motivos sociales y económicos para establecer los límites, según explicó el ministro Vallejo.

En el caso específico de Santurbán, hay 40.000 hectáreas con títulos mineros –cerca de 3.000 en explotación–. Por eso, la intención del Minambiente era que el Consejo de Estado aclarara desde cuándo aplicaba la norma y en qué casos se podía correr la frontera de protección.

“El concepto lo estamos acatando de manera clara y contundente desde que salió. Pero no es una sentencia que mande lo que hay que hacer, sino que, como concepto, la gente lo interpreta de una u otra manera y nosotros lo interpretamos en el sentido de proteger los ecosistemas de los páramos, pero también con las salvedades que él mismo plantea”, explicó Vallejo.