Adiós a recaudo tributario de los particulares

La fiesta con los dineros públicos que hacían las empresas privadas creadas para ejercer la función exclusiva de las entidades del Estado, de recaudar impuestos, se terminó. Las plenarias del Senado y de la Cámara en conjunto, aprobaron la ley que prohíbe a particulares encargarse de esa actividad, como venía sucediendo en algunos entes territoriales.

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abril 29 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-29

Según Ana Lucía Villa, jefe de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, se trata de unas reglas de juego claras para proteger los derechos de los contribuyentes. “Los ciudadanos que pagan tributos en el nivel territorial no pueden estar en manos de particulares ni de terceros, que explotaban y se enriquecían a costa del principal patrimonio que tienen los entes territoriales, que son sus contribuyentes”. Y es que el monto económico por recaudo de impuestos en las regiones es alto. Prueba de ello es que, sólo en los departamentos, el ingreso tributario al cierre fiscal del 2008 fue de 4,8 billones de pesos. En consecuencia, en distintas regiones del país se formaron negocios promovidos por sociedades particulares que se encargaban de la administración de los impuestos. “Ejercían funciones de Estado que son indelegables, como el cobro persuasivo, el coactivo y la fiscalización de los impuestos”, señala Villa. Entre tanto, María Teresa Forero de Saade, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Departamentos, opina que el proyecto es bueno para los entes territoriales y recuerda que la situación empezó porque en algunos lugares no se tenía la capacidad institucional para administrar impuestos. “Trasladaron esa función a particulares, con los consiguientes problemas para el mandatario seccional, que es el que tiene que responderle a los entes territoriales”. La federación también impulsó la iniciativa legislativa, aunque uno de los puntos de mayor discusión fue el de los requerimientos técnicos necesarios para recuperar la soberanía tributaria. Al respecto, Ana Lucía Villa aclara que, para hacer efectiva la nueva ley no se requiere nueva infraestructura. “Los municipios que no tenían capacidad institucional para recaudar sus tributos la tienen que desarrollar. La razón de ser de un Estado es administrar los ingresos y redistribuirlos”. Y agrega que ni siquiera será necesario un empleado más, por el contrario, el ahorro de los entes territoriales será significativo. “Hay casos como el de Cali, que le entregó la administración tributaria a particulares y no rebajó un solo cargo de los que tenía en la Secretaría de Hacienda. Lo que hizo fue duplicar el costo en la administración de los impuestos”. En contraste, está el caso de Barranquilla, en donde, luego de recuperar la soberanía tributaria, lograron triplicar los ingresos por recaudo de impuestos, según anota el alcalde Alejandro Char. “Hace dos años, cuando se logró tumbar la concesión de la firma Métodos y Sistemas, encargada del cobro y administración de los impuestos, la ciudad ahorró 17.000 millones de pesos al año, que era lo que pagaba a esta entidad. Ahora, la operación cuesta 3.000 millones de pesos. Se recaudaban 9.000 millones de pesos sólo por impuesto de industria y comercio y ahora la cifra es de 14.000 millones”. Los términos de la nueva ley El proyecto de ley aprobado en el Congreso había sido hundido en dos ocasiones. Ahora, consigna que no se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La información de las bases gravables será reservada. ADRVEG