El Alcalde y los ejércitos privados

Encomiable la idea del alcalde Garzón, dirigida a estimular una especie de consulta popular para que los habitantes capitalinos se pronuncien sobre el desarme.

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agosto 23 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-23

La buena propuesta debería extenderse a todas las ciudades y pueblos colombianos no sólo para abandonar las armas de toda clase sino para desarmar los espíritus. Tanto en la Constitución actual, como en la de 1886, el Estado siempre ha tenido el monopolio del uso de las armas. Después de las guerras civiles del siglo XIX, auspiciadas en buena parte por el libre comercio de armas, la Constitución determinó que solamente el Estado podía fabricar, usar y distribuir armas y explosivos. Si eso ha sido siempre así, ¿en qué momento comenzaron a repartirse toda clase de armas entre la población, sin control alguno? La inseguridad en ciudades y veredas, y en cierta forma la ineficiencia de la justicia condujeron a nuestros ciudadanos a la equivocada estrategia del ‘ármese quien pueda’. Y aquí, como tantas veces se ha dicho resultó peor la medicina que la enfermedad. Cuando la guerrilla (M-19, Farc, Eln) intensificó su acción criminal sectores dentro del Estado y de algunos agricultores y empresarios creyeron que para combatirla era preciso dejar de lado el Estado de Derecho, y fomentar los grupos paramilitares que sin talanquera jurídica alguna pudieran erradicarla. No se acabó la guerrilla. Los ‘paras’ mataron mucho más población civil que guerrilleros en combate. Se engendró otro monstruo, al que ahora le resulta difícil domesticar a quienes lo concibieron. Los acontecimientos de los últimos días -y lo que falta por ver- están demostrando hasta qué punto fue errada esa política. Pero no sólo hubo esa complicidad. El Estado comenzó a expedir salvoconductos para el uso de armas, a diestra y siniestra. Los sicólogos han demostrado cómo un hombre armado se siente un semidiós. Una simple disputa de tránsito, pasa del intercambio de palabras al homicidio cuando se portan armas. Y aún por esa misma causa terminan en crímenes las peleas conyugales. No se entiende porqué -como en el caso de Arauca- un soldado profesional puede vestido de civil portar granadas y causar la muerte a una menor y lesionar a otras personas, simplemente porque su novia se negaba a casarse con él. ¿Quién autorizó las armas de los paramilitares? ¿De dónde han salido tantos salvoconductos para todo el mundo? ¿Quién o quiénes armaron los ejércitos de los narcotraficantes? ¿Por qué esmeralderos (en su época), mafiosos, paramilitares, pudieron mantener unos cuerpos de escoltas armados hasta los dientes? ¿De dónde brotaban tantas licencias? No es descabellado afirmar que hoy en día entre personal de seguridad de narcos, ‘paras’, edificios particulares, empresas, fincas, se configura un verdadero ‘ejército’ sin control, superior en número al de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. La onda privatizadora no puede expandirse a funciones especiales e indelegables del Estado como la justicia y la seguridad. Es indispensable restablecer plenamente el monopolio estatal en la fabricación y uso de armas y explosivos. Todo ese dinero que hoy se gasta en una incontrolada seguridad privada, debemos dárselo ya a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Los soldados y policías de Colombia deben ser los únicos guardianes de la seguridad ciudadana. Como medida preventiva la Superintendencia de Seguridad debería hacer una minuciosa revisión de las autorizaciones que se han dado para el uso de armas por particulares, empresas de vigilancia y seguridad, que han dado lugar a la proliferación de esos verdaderos ejércitos privados. Ex fiscal general "Es indispensable restablecer plenamente el monopolio estatal en la fabricación y uso de armas y explosivos”.

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