Alcaldes advierten que propuesta privada de aeropuerto regional puede terminar en un fracaso

Char, Pinedo y Díaz Granados plantean que, por menor inversión, se pueden transformar los actuales aeropuertos.

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marzo 30 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-30

Para los alcaldes de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta el sonado 'megaeropuerto regional', en el que algunos empresarios tienen los ojos puestos, puede terminar en la repetición de un multimillonario fracaso como el que han tenido otros proyectos de obras públicas en la Costa.

Por eso los tres mandatarios Alejandro Char, Judith Pinedo y Juan Pablo Díaz Granados, pidieron al Gobierno Nacional suspender las actuaciones dirigidas a licitar la construcción del nuevo terminal entre Barranquilla y Cartagena.

El costo del proyecto está estimando en 900 millones de dólares, y pese a que no ha sido presentado oficialmente ya generó la reacción negativa no solo de los burgomaestres sino de algunos gremios que consideran que es una obra suntuosa que en estos momentos no se requiere como quiera que los aeropuerto existentes no son utilizados en un 100 por ciento de su capacidad.

Los aeropuertos que existen en las tres ciudades en este momento son considerados como altamente competitivos porque quedan cerca de las ciudades y tienen posibilidades de ampliación. Se estima que con una inversión muchísimo menor de la estimada para el nuevo, podrían quedar en excelentes condiciones por varias décadas.

Pinedo, Char y Díaz Granados se reunieron en Cartagena para analizar la situación y hacer el pronunciamiento en conjunto como quiera que la iniciativa afecta a las tres ciudades. Dijeron que hasta el momento no hay diseños ni una valoración concreta de su costo.

Coinciden en que no se puede seguir adelante con un proceso sin que se hayan realizado los estudios que evalúen su rentabilidad social y el impacto económico y urbanístico sobre la región. Además señalan que se trata de un proyecto privado que no ha sido socializado adecuadamente con los diversos sectores de sus ciudades y pueden generar un perjuicio a la competitividad de las principales fuentes de empleo y generar desarrollos urbanísticos que no pueden adoptarse sin las autoridades locales.

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