Alcaldes no dejaron tierra para la VIS

En el país, hay cerca de 40.000 familias con subsidios y créditos aprobados, pero sin proyectos dónde comprar. De hecho, en todo el territorio nacional existen apenas 3.000 unidades disponibles.

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mayo 27 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-27

Y el panorama no parece mejorar en el futuro cercano pues, según un informe del Ministerio de Vivienda, ninguna de las 10 ciudades principales delimitó el suelo que se reservará para el desarrollo de Vivienda de Interés Social (VIS) durante este mandato. Es decir, los alcaldes pasados no dejaron tierra para este tipo de proyectos y los actuales tampoco han hecho la previsión ni han destinado un presupuesto específico. De hecho, en Bogotá -donde el problema es más crítico- apenas quedaron 434 hectáreas proyectadas, mientras que la demanda se incrementa anualmente en 258 familias. En el 2007 solo se aprobaron 3 planes, por esto se perdieron 25.000 subsidios. Para Luis Felipe Henao, viceministro de Vivienda, es claro que la caída de Bogotá revela el estancamiento del país, pues allí se produce 40 por ciento de las soluciones habitacionales. “Históricamente, el bajonazo en la producción en VIS coincide con el debut de los nuevos alcaldes (que se toman varios meses para ajustar el plan de desarrollo y empezar programas y obras). Sin embargo, en esta ocasión es mucho más marcado por el volumen de subsidios disponibles y porque ya se siente la escasez de la tierra que resulta de décadas de falta de planeación”, reconoció el ministro Juan Lozano. El déficit habitacional se ha incrementado notablemente con el desplazamiento por la violencia. En la última convocatoria, se presentaron 220.000 solicitudes de las cuales 140.000 fueron aptas pero el presupuesto solo alcanzó para 20.000. Ante este panorama, el Ministerio empezó a incentivar a los alcaldes asignándoles subsidios mediante la Bolsa de Esfuerzo Territorial; allí, el requisito es que las administraciones pongan los lotes (propios o de la Nación) y las acometidas de servicios públicos. También concibió los macroproyectos que impulsarán 185.000 unidades en cinco años. Ya son 12 los que se están consolidando y que arrojarán 6.000 unidades en la primera etapa. A sabiendas de que el suelo es una prioridad, los proyectos incluyeron la obligación de destinar entre el 15 y el 25 por ciento del área útil en vivienda social. EN BOGOTÁ HAY PREDIOS SOLO PARA DOS AÑOS Si se atiende solo a las 200.000 nuevas familias que se forman cada año, el suelo de Bogotá se agotará en cuatro años y el de las áreas urbanas en cinco (según el documento Visión Colombia 2019). Si se atiende el déficit acumulado (2,3 millones de viviendas), en Bogotá el suelo se agota en 2,5 años y en las demás áreas urbanas, en 3. El problema es que entre la tierra de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla apenas se reunirían 523.100 soluciones. Bucaramanga tiene el valor más elevado para VIS. Un metro cuadrado fuera de la ciudad oscila entre 200.000 y 300.000 pesos. Hacer realidad en Bogotá un proyecto con subsidios, tarda más de cinco años “Los terrenos dentro del perímetro urbano se deben hacer mediante planes parciales (trámites mediante los cuales se cambia el uso de la tierra). Sin embargo, de acuerdo con los constructores reunidos en una mesa redonda el pasado 25 de abril, en Bogotá, la aprobación de cada uno tarda de dos a tres años. Y eso si les va bien”, asegura Óscar Borrero Ochoa, consultor inmobiliario. Agrega que a pesar de que en el 2006 se aprobó el Decreto 436 para agilizarlos, la Secretaría de Planeación tiene engavetados muchos que -según los constructores participantes en la mesa- no se agilizan por simple burocracia. Hoy, un proyecto normal en Bogotá se tarda 3 años en trámites, 6 meses en preventas y 2 años en construcción, demoras que encarecen la poca tierra con permiso o plan parcial aprobado. Así, ante este cuello de botella, el propietario de la tierra carga los costos causados al precio del lote. Borrero recuerda que el Gobierno, a través del Minambiente; la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá han planteado dos grandes macroproyectos en Soacha y Mosquera, con 40.000 viviendas, situación que considera una contradicción. “No tiene sentido que la Alcaldía tenga que promover proyectos en municipios vecinos, porque no es capaz de agilizar los trámites de los constructores bogotanos en las 5.600 hectáreas que todavía tiene la ciudad, pero de las cuales 2.500 están en el Plan Zonal del Norte, 800 en Usme, mientras que el resto de las 2.300 hectáreas son para otros estratos, usos o están entrabadas en los requisitos de los planes parciales”, concluye. Esta situación influye en la deserción de los usuarios.Los constructores dicen que ha habido retroceso De acuerdo con los constructores de VIS, el problema actual radica en que lo que se había avanzado en los últimos tres años en Vivienda de Interés Social (VIS) se vino al piso en el primer trimestre del 2008. Los urbanizadores legales aseguran que varias obras han tenido que ser paradas por las dificultades de trámites. “Nosotros manejamos un sistema de inscripciones para los interesados en comprar; es decir, una especie de separación, solo con la cédula. Sin embargo, la situación nos ha obligado a revaluar el tema y a decirles que las viviendas que les íbamos a entregar con algo de acabados se les darán en obra gris”, dijo un constructor de Bogotá. “De una pobre rentabilidad de 4 por ciento hemos pasado a cero. Reconocemos que todos debemos hacer esfuerzos pero, definitivamente, no somos beneficencia”, enfatizó el constructor dedicado, que pidió no ser identificado. El ministro de Vivienda Juan Lozano, asegura que esta situación estaba detectada desde hace más de un año. “Por eso se tomaron las medidas para estar preparados y no dejar caer el sector, y en esa tarea estamos; de hecho, la semana pasada expusimos las ocho estrategias para construir 185 mil viviendas en cinco años”, sostuvo Lozano. El consultor Óscar Borrero Ochoa dijo que en el caso de Bogotá es posible que quede algo; sin embargo, esta tierra no es apta para este rango y uso, bien sea porque queda muy distante o porque no tiene servicios públicos, trasporte ni escuelas”, dijo Borrero, quien citó el caso de Usme, que tiene 800 hectáreas de expansión, pero no es posible desarrollarlas ni a corto ni a largo plazo, porque la gente no quiere vivir en este sitio, sin trasporte. Igual suerte corre Antioquia, específicamente el Valle de Aburrá. Según Eduardo Loaiza, gerente regional de la Cámara Colombiana de la Construcción, no hay proyectos del sector privado de menos de 50 salarios mínimos (23 millones de pesos, aproximadamente). Allí es imposible construir. 10,49 por ciento más UVR es la tasa actual de los créditos hipotecarios. Esta cifra preocupa al Gobierno, pues el techo que impuso la Ley es de 11 por ciento. WILABR

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