Alcaldes que permiten colados en Sisbén serán juzgados

Polémica por muertos y ricos que se cuelan en registros. Hay inscritos con $ 6 millones en ingresos.

Personas con salarios superiores a $ 6 millones aparecen como desempleadas y le quitan oportunidad a los que necesitan subsidio.

Archivo particular

Personas con salarios superiores a $ 6 millones aparecen como desempleadas y le quitan oportunidad a los que necesitan subsidio.

Finanzas
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noviembre 04 de 2015 - 05:41 a.m.
2015-11-04

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) pidió a las alcaldías, como responsables del tema, el levantamiento, actualización y verificación de la información de los ciudadanos que se registran en el Sisbén, que hoy muestran a 457.000 personas muertas en sus bases de datos (300.000 de ellos fallecidos hace más de un año).

Para Simón Gaviria, director del DNP, este tipo de problemática atenta directamente contra los 16 programas sociales del Gobierno y sus más necesitados beneficiarios en aspectos como educación, vivienda, salud, protección a la niñez y al adulto mayor, entre otros.

Con ese fin, Gaviria anunció la expedición de una circular que orienta a los alcaldes en el proceso de actualización de las bases de datos de sus municipios en el menor tiempo posible.

“Hoy tenemos más de 34 millones de colombianos registrados en el Sisbén, es decir, un 75 por ciento de la población del país. Sin embargo, en el sistema hay cerca de 653.000 registros por verificar en terreno que la información sea correcta”, advirtió el funcionario.

Entre lo que denuncia la entidad está que el hecho de que en algunos municipios no se ha realizado la verificación de ningún caso de personas muertas, luego tienen que validar el total de la información.
De ellos, el primero en la lista es Pauna, en Boyacá, con 115 registros reportados por la Registraduría Nacional, pero la alcaldía no ha verificado ninguno. Le siguen Montebello (Antioquia), con 109; Puerto Lleras (Meta), con 99, y Magüí (Nariño), con 76.

Y si se revisan las cifras por número de casos, es Bogotá la que lidera el listado de fallecidos que aparecen en el Sisbén, con 53.338, pero ese número representa apenas el 1 por ciento de las personas registradas. Le siguen Cali, con 26.345 (2 por ciento del registro); Cartagena, con 10.279 (1 por ciento) y Cúcuta, con 9.966, el 2 por ciento de la base.

En este sentido, Simón Gaviria recalcó que son las administraciones municipales las responsables de hacer las encuestas del Sisbén y de enviar la información actualizada al DNP para su consolidación y luego ponerla al servicio de los programas sociales.

“Publicaremos en la página web de la entidad www.dnp.gov.co el listado de cada uno de los municipios que deben depurar lo más pronto posible sus bases de datos. No podemos seguir permitiendo la injusticia de que los más vivos les quiten oportunidades de ayudas a quienes realmente las necesitan”, afirmó el director del DNP.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, lanzó la propuesta de crear una comisión anticorrupción que ayude a la depuración del Sisbén y agregó que “el castigo a los avivatos es el gran reto de los organismos de control”.

De acuerdo con Gaviria, las irregularidades afianzan la intención de operar una reforma de fondo en el manejo del Sisbén, la cual se estaría presentando en lo que falta de este año o durante el primer trimestre del 2016.

“No podemos seguir ocho meses a un año pidiéndoles a los alcaldes que por favor hagan las revisiones correspondientes. Muchos de estos casos que tienen flagrancia o alta duración sigan en la impunidad”, se quejó.
Entre otras cosas, la reforma permitiría hacer más cruces de bases de datos y tomar medidas en tiempo real, que incluyen la suspensión temporal de los beneficios como forma de castigo, cuando se hallen actos flagrantemente irregulares. Hoy esto no se puede hacer.

Pero el cambio mayor es tomar como base la capacidad de las familias para generar ingresos como mecanismo de clasificación, y no las condiciones del entorno, en las que se basa actualmente la encuesta que se hace.
“El hecho de que la persona tenga una vía pavimentada no garantiza que sea una persona rica. Otra preocupación de la gente es que muchos prefieren no ser contratados formalmente por temor a perder el régimen subsidiado de salud”, explicó Gaviria.

ACCIONES LEGALES

Tanto el Director de Planeación como el Defensor del Pueblo hicieron un llamado a los alcaldes, quienes son los responsables directos de la depuración de la información del Sisbén y anunciaron que estos casos en que se ha inflado de manera artificial la información serán llevados a una comisión anticorrupción, en la que participan la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, con el fin de ver si ameritan sanciones.

“Eso es inaceptable y creo que debe tener consecuencias tanto penales como disciplinarias y fiscales para aquellas personas que le están quitando la posibilidad a alguien más de poder salir de la pobreza”, expresó enfático Gaviria, quien dijo que muchos mandatarios locales han sido informados sin que se apliquen las correcciones respectivas.

Por su parte, Otálora indicó que aún los ciudadanos del común involucrados podrían ser acusados de falsedad en documento o, aun peor, si por ejemplo resultaron beneficiados con algún subsidio de vivienda gratis, incurrirían en fraude procesal. Los equiparó con las falsas víctimas y falsos reclamantes de tierras, que han llegado a la cárcel.
“Son dineros del Estado que se están tirando a la basura y que están enriqueciendo a una persona. Puede que en esos eventos la gente de la EPS no tenga conocimiento porque no se los hayan reportado, pero en temas como ese son en los que los organismos de control tienen que mandar un mensaje ejemplar”, dijo.

‘NO TODO RECAE SOBRE LOS MUNICIPIOS’

El presidente de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, defendió a los municipios.

Planeación dice que a ustedes les corresponde depurar datos del Sisbén, ¿por qué no lo hacen?

En primer lugar, no toda la tarea es de los municipios. Si una entidad está en capacidad de establecer inconsistencias (el DNP), justamente es la que está arriba centralizando, no los municipios que están abajo y que solo tienen fragmentos de información. El artículo 21 de la Ley 715 establece que es cada 3 años que se actualiza la base de datos. Es el mandato que tienen los municipios, según el propio DNP.

¿El problema es por no actualización o por corrupción?

No creo que esto se esté dando como consecuencia de una actitud tramposa de los funcionarios municipales. Mucho menos creo que se debe considerar que ahí hay dolo o mala fe. Son los municipios los más interesados en que la mayor cantidad de gente pobre se beneficie con el Sisbén.
El tema no se puede seguir vendiendo como algo malintencionado, porque si fuese así, la responsabilidad no sería solo de los mandatarios, sino también de las autoridades nacionales.

¿En dónde le cabría ‘culpa’ al nivel central?

Es más fácil controlar o actualizar automáticamente la relación de los beneficiarios del Sisbén, a nivel centralizado que municipio por municipio. Los municipios no tienen, en su mayoría, la capacidad de bajar del Sisbén a las personas que mueren. Quien certifica eso es la Registraduría. Debería haber un sistema que permita el registro automático de fallecimientos. Es un tema parecido al de las multas de tránsito que no se pagaba hasta que se creó el Simit y hoy, quien aparece como deudor allí, no puede hacer ningún trámite con el auto.

EL TIEMPO