Alcaldes no permitirán que Minprotección escoja a colombianos beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud

En el debate ya entró a terciar el presidente, Álvaro Uribe, quien ya aceptó revisar el tema. Sin embargo, el Ministerio insiste en que, en su momento, el delegado de los municipios estuvo de acuerdo.

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julio 13 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-13

El director de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, abrió otro frente de batalla, en esta ocasión contra el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Cnsss), que en su última sesión, la del 29 de mayo, estableció que, en adelante, será el Ministerio de la Protección el que decida quiénes son los pobres elegibles para afiliarse al RSS.

La Federación sostiene un litigio millonario con la administración de Bogotá, a la que le reclama cuantiosos recursos por las multas de tránsito impuestas a los conductores capitalinos, y una controversia con el sector de la salud por el proyecto de ambulancias aéreas.

Como lo anticipó este diario, el último Acuerdo del desaparecido Cnsss, cuya elaboración les tomó a sus miembros alrededor de 18 meses, determinó, además, que el aspecto operativo del RSS pasará de las manos de los alcaldes a las EPS que administran este régimen.

"Los alcaldes continuarán con funciones clave para el funcionamiento del RSS, por lo que es un poco exagerado afirmar que todo lo relacionado con este régimen lo manejarán las EPS", dijo un funcionario público que pidió omitir su nombre.

Los mandatarios locales, comentó Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud (asociación que reúne a las principales empresas del régimen subsidiado del sector solidario), seguirán con la licitación y contratación con las EPS, garantizarán la libre elección de estas por parte de los afiliados y verificarán la afiliación de los elegibles; además, su capacidad de inspección, vigilancia y control fue fortalecida recientemente por la Superintendencia de Salud.

El presidente de Fedemunicipios no solo expresó su sorpresa por el Acuerdo mencionado sino que se declaró en "acuartelamiento de primer grado" para combatir decisiones que, en su concepto, están en contravía de la descentralización.

Toro dijo que el rechazo de la Federación fue puesto en conocimiento del presidente Álvaro Uribe en una reunión en Bogotá de hace 12 días de la Esap y la Contraloría con 740 alcaldes y a la que asistió el primer mandatario.

Allí, agregó, se acordó la conformación de unas mesas de trabajo para "revisar ese tema", es decir, el acuerdo mencionado que dispuso que desde octubre próximo comenzará regir el que funcionarios del Ministerio y dirigentes del sector llaman un revolcón a la operación del régimen subsidiado de salud.

No obstante, miembros del extinto Cnsss consultados por este diario aseguraron que el representante de las entidades municipales y distritales de salud ante ese organismo y quien participó en las discusiones estuvo de acuerdo con la decisión adoptada.

Incluso, algunos se declararon gratamente satisfechos con su posición, pues creyeron que no contarían su visto bueno.

El acuerdo mencionado, que está en proceso de revisión en el Ministerio de Hacienda, busca agilizar el flujo de los dineros del RSS (más de seis billones de pesos anuales) hasta las clínicas y hospitales, hacer uso efectivo de más de cuatro millones de cupos, que valen más de un billón de pesos y están congelados en diferentes instancias de su recorrido, y hacer más expedita la operación del régimen con la activa participación de las 40 EPS, pues estas se encargarán de la afiliación y reporte de novedades a la base de datos que maneja el Ministerio de la Protección Social.

Ese es el día a día de las EPS del régimen contributivo; estas cuentan con una larga experiencia en el manejo de la información relacionada con sus afiliados, pues su responsabilidad es saber dónde están ellos, señaló el presidente de Acemi (gremio de las EPS privadas), Juan Manuel Díaz-Granados.

El Ministerio de la Protección Social, al cruzar la base de datos del Sisbén, que administra el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con registros censales sobre desplazados, niños bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), desmovilizados y adultos mayores en situación de vulnerabilidad y otras fuentes de información determinará quiénes son los hogares pobres que entrarán a la salud subsidiada. Este es, quizás, el punto que más irrita a la Federación de Municipios.

A mayo pasado, según cifras de Elisa Torrenegra, el RSS contaba con 23,75 millones de cupos de afiliación, de los cuales, 19 millones estaban afiliados a las EPS y en la base de datos del Ministerio de la Protección Social.

El Gobierno y gremios como Acemi y Gestarsalud están convencidos de que con los cambios a la operación del RSS mejorará sustancialmente la información sobre los afiliados y sus beneficiarios y habrá una asignación más oportuna de los dineros para su atención.

Hoy, como lo ha señalado este diario y lo reconocen las autoridades del sector, mientras en algunas entidades territoriales faltan recursos para aumentar la cobertura, en otras están sobrando y hay que esperar mucho tiempo para reasignarlos (es el caso de los cuatro millones de cupos que no han sido utilizados y cuya financiación está asegurada).

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