Amenazas al Estado de Derecho

Amenazas al Estado de Derecho

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octubre 16 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-16

Los fuertes enfrentamientos de la semana pasada entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia y las acusaciones mutuas de complots y obstrucción de la justicia, solo dejaron perdedores del lado de las instituciones: de una parte la Corte que ha visto cuestionada su credibilidad ante la opinión pública y, de otra, la dignidad presidencial que se desgasta en acaloradas trifulcas en y contra los medios de comunicación. Sobre todo pierde la imagen y el prestigio internacional de Colombia como país respetuoso de las leyes y las instituciones, como ya se dice en las noticias y editoriales de algunos diarios internacionales. Los únicos ganadores con esta pelea, y tal vez son sus instigadores, son los ‘parapolíticos’ que están siendo investigados por la Corte, pues les interesa el desprestigio de su juez constitucional para poder justificar sus apresuradas renuncias al fuero parlamentario, buscando instancias judiciales que creen más benévolas o en las que puedan hacer valer el control político que tienen en sus regiones. La mayoría de los análisis y comentarios sobre este enfrentamiento se han referido a su forma y a lo bochornoso del episodio. Sin embargo, más allá del debate sobre el estilo frentero del Presidente, que a unos gusta y a otros no, ha pasado casi inadvertido un aspecto mucho más preocupante que se refiere a la concepción que parece tener el presidente Uribe sobre las instituciones judiciales en el Estado de Derecho y que explicaría en buena parte la forma como se han planteado las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial en la actual administración. Cuando el Presidente llamó al programa radial Hora 20 a confrontar a los cuatro panelistas que estaban criticando el famoso comunicado de prensa de la Casa de Nariño sobre el paramilitar ‘Tasmania’, el director del programa le preguntó si no era inconveniente tratar estos asuntos a través de los medios de comunicación en lugar de hacerlo directamente con las Cortes, y el Presidente le respondió así: “mi querido Néstor (Morales), en estos casos yo acostumbro apelar al juez principal del Estado de Derecho que es la opinión pública”. Reconozco que no soy ni siquiera aprendiz en materia de derecho constitucional, pero como simple lego sentí escalofrío cuando escuché semejante afirmación. Entonces, ¿la ‘opinión pública’, y su forma de expresión post-moderna, que son las encuestas de opinión, están por encima de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y el Consejo de Estado? Entonces, ¿las decisiones de los jueces de la República deben ser supeditadas a los vaivenes de la opinión pública? Entonces ¿la obligación de fallar en derecho que tienen los tribunales debe supeditarse a las vías de hecho que representa una votación mayoritaria? Entonces, ¿debemos volver a las épocas del circo romano donde los aplausos o abucheos de una multitud eran los que decidían la vida o la muerte del gladiador? Hay en la afirmación presidencial una confusión grande sobre la independencia de los poderes en un sistema democrático. Respecto del Ejecutivo y el Legislativo es cierto que la opinión pública es la autoridad suprema cuando se expresa a través del voto directo (y este voto no es presionado ni comprado como sucede hoy en más de la mitad de los municipios del país), pero nunca las decisiones del poder Judicial se someten a este procedimiento. Sería muy conveniente oír la opinión de los expertos en el tema, porque hasta donde yo conozco la afirmación del Presidente implica la negación misma de varios de los elementos esenciales del Estado de Derecho como la preeminencia de las leyes y el derecho para regir y ordenar la vida de la sociedad, la existencia de pesos y contrapesos y de instancias judiciales independientes. Si por encima de estas instituciones se impone una difusa ‘opinión pública’ que es volátil y manipulable, el sometimiento a la legalidad y la certidumbre del respeto al debido proceso es reemplazado por la arbitrariedad, con el peligro adicional del autoritarismo por parte de quienes se consideran los portavoces y representantes de esa opinión. Si realmente el Presidente está convencido de su afirmación, y no es fruto de la pasión del debate, estamos ante una seria amenaza al Estado de Derecho. Mauricio Cabrera Galvis Consultor privado ¿Debemos volver a las épocas del circo romano donde los aplausos o abucheos de una multitud eran los que decidían la vida o la muerte del gladiador?”.

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