Análisis/Más Familias en Acción requiere esfuerzo individual

La política de ayuda a hogares de escasos recursos podría enfocar sus esfuerzos y aprovechar su periodo de rediseño para implementar reglas que induzcan a mejorar la calidad de la educación.

Familias en Acción cuenta con más de 2 millones de familias beneficiarias.

Diego Santacruz

Familias en Acción cuenta con más de 2 millones de familias beneficiarias.

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septiembre 19 de 2013 - 11:28 p.m.
2013-09-19

Hoy, el programa de transferencias condicionadas, Familias en Acción, cuenta con más de dos millones de familias beneficiarias y una década de experiencias. Este año, el Gobierno ha rediseñado el programa dándole el nombre de Más familias en Acción y adicionando el componente de Jóvenes en Acción.

La principal razón para dar continuidad a esta política son los impactos positivos que se han encontrado en términos de reducción de la desigualdad, mejoras en salud para la primera infancia, incremento de la asistencia escolar y mayor culminación del bachillerato.

Teniendo en cuenta estos logros, el componente Jóvenes en Acción busca potencializar los resultados en educación mediante una propuesta de formación de competencias para el trabajo con el objetivo de incrementar la empleabilidad, reducir la informalidad y aumentar la calidad de vida de la población vulnerable a través de la generación autónoma de ingresos.

Específicamente, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) tiene planeado brindar 120.000 cupos (entre los 140.000 beneficiarios de Familias en Acción que se gradúan anualmente) para vincularse a los programas de formación del Sena. Estos jóvenes recibirán educación técnica o tecnológica gratuita a lo largo de dos años y una transferencia monetaria de 200.000 pesos mensuales.

Los potenciales beneficios de este programa saltan a la vista, entre ellos el DPS menciona: la reducción de la informalidad en el mercado laboral colombiano, la generación futura de ingresos por parte de técnicos y tecnólogos, la prevención de la vinculación al crimen por parte de los jóvenes y la reducción del embarazo adolescente para esta misma población. El programa, tal y como está planteado ahora, logra cumplir a cabalidad los dos últimos objetivos; puede prevenir el crimen y reducir la tasa de embarazo adolescente, dada la condicionalidad de asistencia que impone a los jóvenes, pero para lograr que los dos primeros objetivos se cumplan es necesario que la política incentive el esfuerzo de los estudiantes.

Actualmente, aun cuando los estudiantes de Familias en Acción asisten y se gradúan con mayor probabilidad de la escuela que sus contrapartes; estos beneficiarios obtienen resultados muy parecidos, e incluso algunas veces menores, en sus exámenes de estado cuando se comparan con estudiantes muy similares a ellos, pero que no reciben la transferencia del programa. En este caso, el programa está promoviendo una mayor cantidad de educación, pero no necesariamente una mayor calidad de la misma. En mi opinión, el esfuerzo de los estudiantes, dada la oferta educativa, se debe ver reflejado en una mejor calidad de la educación, por lo cual es un requisito fundamental para mejorar los retornos tanto privados como sociales del programa Más Familias en Acción.

La política Más familias en Acción podría enfocar sus esfuerzos y aprovechar su periodo de rediseño para implementar reglas que induzcan a mejorar la calidad de la educación. Incluso cuando la condicionalidad de asistencia pasó de 80 a 90 por ciento de las clases, esta se podría complementar con unos requerimientos mínimos en el logro escolar, así como lo hace Paces, un programa exitoso de bonos escolares en Colombia.

Para mi sorpresa y en contra del objetivo de mejorar la calidad de la educación y el esfuerzo de los estudiantes, el programa de Jóvenes en Acción no requiere que sus participantes aprueben el examen de ingreso al Sena, el cual sí es un requisito fundamental para otros estudiantes que buscan capacitarse en los programas de esta institución. Como resultado de esto, se puede esperar un detrimento en la calidad de estudiantes que ingresan y, por lo tanto, de los futuros técnicos y tecnólogos del país.

Con esto no quisiera implicar que los programas sociales se vuelvan excluyentes y competitivos, pero sí que sus exigencias sean mínimas para que estas inversiones sean efectivas en lograr la reducción de la pobreza que buscan a través de la mejora en la calidad de vida y la independencia en generación de ingresos por parte de los beneficiarios en el largo plazo.

Adriana Camacho

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

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