Análisis/El Estado vs. El Estado: ¿a favor de quién?

Análisis/El Estado vs. El Estado: ¿a favor de quién?

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Análisis/El Estado vs. El Estado: ¿a favor de quién?

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septiembre 27 de 2013 - 03:18 a.m.
2013-09-27

Puede el Estado legislar en contra de sí mismo? Pues eso parece, cuando se leen la Resolución 3534 del 14 de febrero del 2012 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Resolución 4170 del 24 de abril del 2013.

¿Puede el Estado, con conceptos sibilinos, perjudicarse a sí mismo y terminar favoreciendo a un particular? ¿Hay algún interés en las altas esferas del Estado de favorecer a alguien? ¿Hay interés en estrangular el negocio de líneas fijas? ¿No fue suficiente con haberle regalado Coltel a Telefónica?

Imagínese señor lector que usted es el dueño de un inmueble. Lo arrienda y acuerda con el arrendatario que los servicios públicos y la cuota de administración los pagará él, es lo normal y lo legal. De repente, el Estado expide una norma en la que dice que quienes sean dueños de inmuebles con más de tanto tiempo de pertenencia no pueden exigirle al arrendatario que pague la cuota de administración y los servicios públicos, porque usted ya se benefició con el canon de arriendo durante X años, ya pagó y se lucró lo suficiente de su inmueble.

Pues eso es, más o menos, es lo que está haciendo el Estado al pedirles a las empresas de telefonía fija que dejen de cobrar cargos de transporte por la llegada de llamadas a sus redes. Eso beneficia a las empresas de móviles y, en especial, a una a la que la nación le acaba de premiar su ineficiencia: Telefónica Movistar, que podrá ofrecer paquetes en sus redes a cero pesos, al ser el dueño, aún, de más de 3 millones de líneas fijas en Colombia. Algo, en apariencia, bueno para los usuarios, pero que perjudica a los habitantes de municipios pequeños a los que atiende Edatel, por ejemplo. Para nadie es un secreto que la antigua Coltel, hoy Movistar, luego de la fusión por la capitalización tan cuestionada, ha, prácticamente, abandonado su operación en municipios pequeños, incumpliendo uno de los compromisos adquiridos por el socio Telefónica, cuando adquirió el control de la compañía en el 2006. Vivo en provincia y puedo dar fe del abandono que hay en la atención a los municipios pequeños.

Vuelvo y pregunto, ¿hay interés del Estado por acabar con el negocio de líneas fijas? Sí es así, que nos hable de un verdadero programa de banda ancha –que no existe– y que replantee el negocio de la red de fibra óptica con TV Azteca, que hoy no es rentable y ningún operador quiere utilizar.

La tan cacareada red no ha resuelto el problema de interconexión y la llegada de operadores, porque es un negocio mal planteado y hoy no hay ningún operador utilizándola para ofrecer servicios en sus zonas. En San Diego (Cesar) ya llegó hace rato la fibra óptica de TV Azteca, pero la banda ancha no. Sería bueno preguntarle a Telefónica Movistar, el mayor operador de la región, por qué no ha comenzado a ofrecer el servicio de banda ancha allí y en otros muchos municipios por donde ya ha llegado la fibra, pero no hay aún servicio de Internet.

Tiene razón Edatel en haber demandado las resoluciones mencionadas, y ETB y Emcali deberían unir propósitos con la emblemática empresa antioqueña. ¿Cuántos habitantes de estratos 1 y 2 de Bogotá y Cali se benefician de programas de expansión de telefonía e Internet auspiciados por dichos cargos? No son solo los municipios pequeños los que se desfavorecen con dichas normas, sino también, los pobres de las más grandes ciudades de Colombia.

Un editorial de El Tiempo (domingo 8 de septiembre) decía: “… es verdad que en el Ejecutivo hay cierta frustración porque el público no reconoce algunos de los cambios que para mejorar ha experimentado el país, pero tal vez eso tiene que ver con el discurso oficial que, a veces, pinta ‘pajaritos de oro’ en exceso…”, y me atrevo a afirmar que eso es lo que pasa con las actuaciones y los logros del Mintic y sus organismos anexos, como la CRC.

Es urgente que, más allá de los ‘pajaritos de oro’ del programa Vive Digital y la actuación efectista y mediática del ministro Diego Molano, el país tenga un programa nacional de banda ancha que contemple no solo la red de fibra óptica que está instalando TV Azteca, sino también la infraestructura que tienen las empresas públicas de telecomunicaciones que hoy atienden a los sectores populares y municipios más apartados del país, y que las resoluciones cuestionadas pretender borrar de un plumazo, haciéndolos migrar a comunicaciones que dependan solo de los operadores móviles, cuando es un deber del Estado facilitarles el acceso a Internet; que es un derecho y no una opción.

Colombia no puede permitir que la única posibilidad que tengamos los colombianos sea a través de los operadores privados.

Nicola Stornelli García

Gestor del Puerto Digital de Valledupar y Cesar Digital

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