A los 142.910 títulos de propiedad entregados en Colombia entre el 2010 y el 2014 se sumarán otros 14.000 que se gestionarán este año.
Así lo anunció el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien agregó que la inversión de 11.460 millones de pesos durante ese cuatrienio les ha permitido a muchas familias legalizar su patrimonio construido informalmente.
El proceso forma parte del Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales, con el cual se promueve la legalización masiva de los asentamientos que han crecido informalmente en ese tipo de predios.
“Para ello, se han suscrito convenios interadministrativos con entidades departamentales, distritales y municipales”, explicó el funcionario.
De esta manera, las familias garantizan el título sobre la vivienda construida sin los requisitos de ley y tienen acceso a un soporte jurídico sobre su tenencia.
Hasta el momento, 28 departamentos se han beneficiado, entre ellos Antioquia, Arauca, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Caldas y Caquetá, y la idea, este año, es llegar a más de 90 municipios, cuya suscripción de convenios interadministrativos se inicia a mediados de febrero próximo.
LA LEGALIDAD PAGA
Una de las ventajas del proceso –en el que la participación de la Superintendencia de Notariado y Registro ha sido clave– es que al dejar la informalidad, los propietarios pueden acceder a créditos con garantía sobre sus inmuebles.
Esto significa que se convierten en sujetos de bancarización e incluso, les ofrece la facilidad de postularse a los subsidios de mejoramiento.
A esto hay que sumarle que a los municipios les permite recaudar el impuesto predial y, por lo tanto, mejorar sus rentas para inversión social e infraestructura.
En Bogotá, la Caja de Vivienda Popular (CVP) también impulsa un programa de títulos de pertenencia que, de hecho, está ligado a otro proceso: el Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), algo en lo que hay coincidencias con las estrategias del Gobierno Nacional.
Para el arquitecto Ricardo Ramírez, el impacto del segundo es mayor, pues se logra más desarrollo con un barrio legalizado urbanísticamente que con la intervención predio a predio que, de hecho, es dispendiosa.
“Claro, la titulación es importante y resuelve una parte, pero no el problema integral que sí garantiza un programa macro como el MIB”, concluyó Ramírez.