Un año más para ver luz al final del túnel de Carimagua; en Ecopetrol estaría inicio de proyectos productivos

Por lo menos un año más se mantendrá la expectativa por lo que pueda hacerse en el predio Carimagua, tema que causó una candente controversia a comienzos del 2008.

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julio 24 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-24

Lo último que se debatió fue la decisión del Presidente Uribe de pedirle a Ecopetrol que hiciera los estudios del caso para analizar la viabilidad de la zona para la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel).

La empresa petrolera dijo esta semana que los resultados del estudio sólo se presentarán, a la junta directiva de la compañía, en octubre del 2010.

Por su parte, Jaime Triana, director del Centro de Investigación La Libertad, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), fue enfático en afirmar que pasará por lo menos un año antes de entregar cualquier resultado previo encargado por Ecopetrol.

Por lo anterior, se mantendrá la expectativa frente a un predio ubicado en una zona cuyas características de suelos demandan altas inversiones para hacerlas productivas.

Para financiar los estudios, Corpoica cuenta con un presupuesto de algo más de 4.200 millones de pesos destinados a investigar tres materias primas con potencial para biocombustibles en la altillanura: sorgo dulce y caña azucarera, para etanol, y jatropha para biodiesel.

Del total de los recursos, 871 millones de pesos son aportes de Ecopetrol, resultado de un convenio firmado el 18 de septiembre del 2008 entre la empresa, Corpoica y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Los restantes provienen de las arcas de Colciencias y del Ministerio de Agricultura.

Por ahora, según Corpoica, el proyecto con mayor viabilidad es la producción de biocombustibles (etanol) a partir del sorgo dulce y de la caña azucarera, mientras que para la jatropha la investigación es aún incipiente, no sólo en Colombia, sino en el resto del mundo, aunque no se descarta por su potencialidad.

"Antes de un año no puedo entregar resultados y los que estamos preparando están relacionados con la viabilidad técnica de estos proyectos", recalcó Jaime Triana.

Dichos resultados estarán relacionados, no solo con la parte agrícola y técnica, sino también con la vinculación de los pequeños cultivadores en unidades productivas de las materias primas anotadas, lo mismo que en proyectos de seguridad alimentaria para sus propias familias.

Todos los ensayos se están haciendo en el centro de investigación Carimagua de Corpoica, mientras que los 'paquetes' adicionales de seguridad alimentaria hacen parte del inventario de oferta tecnológica de la entidad, que ha trabajado en estos desde hace 46 años.

Cada uno de estos 'paquetes' comprende nuevas variedades o híbridos de semillas (mejoradas), recomendaciones para la fertilización de los suelos, los sistemas de labranza y de cosecha, entre otras herramientas necesarias para la producción agrícola.

Ahora, la puesta en marcha de proyectos productivos en la altillanura, que generen rentabilidad para los cultivadores, requiere de altas inversiones de capital.

"Solo en las labores agrícolas de adecuación y preparación de suelos deben invertirse dos millones de pesos por hectárea", advirtió Julio Cambruzzi, gerente de Mónica Semillas, la única empresa extranjera que ha hecho inversión en la zona.

El empresario advirtió que pasarán, por lo menos tres años para que el proyecto agrícola genere utilidades a sus inversionistas. "Así las cosas, por más buenos resultados de la investigación que se presenten, son necesarias las inversiones de capital", concluyó Cambruzzi.

La calidad deficiente de los suelos la ratifica la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), que en un informe de esta semana destacó que son ácidos, tienen bajos contenidos de materia orgánica, calcio, magnesio, potasio y fósforo, lo mismo que altos contenidos de aluminio.

Estos factores limitan el crecimiento de las plantas y por eso es necesario invertir en la corrección y en la fertilización.

Diagnósticos y estudios

Hoy, tras 45 años de investigaciones a cargo del ICA (en su momento) y de Corpoica desde hace más de 10 años, para esta zona del país, la altillanura en general, la entidad tiene disponibles paquetes de oferta tecnológica de todo tipo.

Se destacan variedades de pastos, como forrajes para ganado, y especies de ciclo corto como maíz y soya, acompañadas de sistemas de labranza y recomendaciones precisas sobre la fertilización y de labranza de suelos.

Estos últimos, resultado de una alianza estratégica con la Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa).

Además, está disponible otra oferta para cultivos permanentes como caucho y especies forestales (tres especies de pino).

Hoy, para el desarrollo agrícola de la altillanura sólo dos aspectos logísticos deben sortearse para poner en marcha proyectos exitosos: las inversiones y el valor de la tierra.

La primera ya se relacionó, mientras que la segunda se convirtió en especulación luego de la anunciada llegada de inversionistas internacionales y la puesta en marcha de proyectos locales a cargo de empresas como Sapuga, Mavalle, Manuelita y Aliar, entre otros.

Así las cosas, el valor por hectárea se ha incrementado, de 500.000 pesos (máximo) hace dos años, a algo más de dos millones de pesos, precio que hoy piden los propietarios de estas tierras.

Una vez sorteado el tema del precio de la tierra surgen otros inconvenientes como los títulos de propiedad y que los inversionistas no pueden tener proyectos mayores a 900 hectáreas, es decir, una Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida para esta zona.

Este tema ha sido debatido en la Presidencia de la República.

 Un agarrón 'histórico'

La controversia por el predio Carimagua se dio a comienzos del 2008 cuando se denunció una posible entrega por parte del Gobierno del predio de 17.000 hectáreas a varias empresas agrícolas que lo destinarían a producir palma aceitera y caucho, esto se dio, pese a la promesa del mismo presidente Uribe, en el 2004, de entregarlo a las familias campesinas desplazadas y desmovilizadas.

Una vez conocida la denuncia, se detuvo todo proceso de entrega, mientras que todos los analistas del sector agropecuario expusieron sus puntos de vista frente al destino del predio.
En general, las discusiones se dieron apoyando a los pequeños productores y a la agroindustria.

Para los primeros se expuso el derecho de tener un sitio dónde vivir y poner en marcha un proyecto productivo, mientras que para los agroindustriales se argumentó que tenían el 'musculo' financiero para sacar adelante cualquier proyecto que podría favorecer, incluso, las arcas de la Nación.

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