Una vez más, las cajas de compensación familiar se salvaron de perder el 4 por ciento que reciben de las empresas, calculado sobre la nómina, pues su eliminación, como piden muchos, no fue incluida en el proyecto de reforma tributaria.
Sin embargo, reconoce el director de Colsubsidio, Luis Carlos Arango, esta ha sido la ocasión en que más cerca ha estado el sistema de subsidio familiar de no contar con esa fuente de financiación, que el año pasado llegó a 3,45 billones de pesos.
Sin embargo, dice Arango, dentro del mismo Gobierno se dice que “las cajas son una institucionalidad irreemplazable”, como se lo oyó a un ministro.
En cambio, el Sena y el ICBF, que en conjunto reciben cinco puntos, dependerán de un impuesto adicional a las utilidades de 8 por ciento, si fructifica la iniciativa.
Ante la afirmación de que el aporte se ha mantenido porque las cajas tienen una alta capacidad de presión en el Gobierno y una altísima capacidad de cabildeo en el Congreso, Arango lo niega categóricamente, y enfatiza en que “lo que sí hay es un reconocimiento a la labor de las cajas en vivienda, educación, recreación, microcrédito, etc.”.
Los parafiscales, como se llaman los aportes, han sido señalados de encarecer la mano de obra, desestimular la creación de puestos de trabajo e incentivar la informalidad.
Por esto, entidades y expertos del sector privado y del Gobierno han propuesto su desaparición.
Arango observa que el 4 por ciento, que hoy reciben 43 cajas con más de 6,5 millones de afiliados de más de 351.000 empresas, está definido por la ley como una prestación social dirigida esencialmente a trabajadores que ganen menos de cuatro salarios mínimos y que además tengan personas a cargo menores de 18 años o hasta 23 si están estudiando.
El aporte a las cajas fue una iniciativa de los empresarios antioqueños a mediados del siglo pasado.
Con tantos intentos para tumbarlo, cabe la pregunta de si hoy ya no quieren hacer esa contribución.
“Desde luego que todo el mundo busca reducir costos, pero no puedo generalizar que todos los empleadores no quieren aportar.
Muchos empresarios nos dicen que para ellos la existencia de las cajas es positiva, porque tienen un compromiso para mejorar la comunidad, la sociedad y los trabajadores, y esto es lo que hacen las cajas’’, señala el directivo.
Cree que en el momento en que no existan los aportes a las cajas, de inmediato en todas las convenciones colectivas volverán a aparecer las peticiones de centros recreativos, de subsidios para educación, vivienda, etc., pues son 21,2 millones de beneficiarios, casi la mitad de la población colombiana.
‘EFICIENCIA NO ES PAGAR BAJOS SUELDOS’
Ante el argumento de que los parafiscales encarecen el empleo y estimulan la informalidad, Arango recuerda la afirmación de las centrales obreras de que con la Ley 789 del 2002 (que amplió el horario diurno hasta las 10 de la noche), se prometía generar mucho empleo, pero eso no sucedió.
“El empleo –dice– no se crea porque quiten un parafiscal sino porque hay una actividad productiva y competitiva; la eficiencia no necesariamente tiene que ser por un salario bajo. No siempre el costo tiene que ser el que el trabajador tenga que laborar en condiciones precarias”.
Jorge Correa C.
Redacción de Economía y Negocios