Cabeza fría y más seriedad con lo que se dice y con lo que se propone.
Eso es lo mínimo que piden los analistas del sector, al momento de tomar decisiones para solucionar la situación por la que atraviesa el sistema de salud.
Hay consenso entre los analistas sectoriales en que es indispensable respaldar toda medida tendiente a darle transparencia al manejo de los recursos, y ubicar a los responsables de su robo y malversación.
Es más, muchas opiniones coinciden en que no se puede transigir en eso ni desconocer que para seguir funcionando, el sistema de salud requiere ajustes profundos y urgentes.
También es claro que la crisis actual no se resuelve a punta de escándalos o propuestas de populistas, que sin fundamento han llegado a pedir que se arrase con lo que hay, y que el país se devuelva al ineficiente Sistema Nacional de Salud de antes de 1993.
Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas asegura que cualquier decisión que se tome exige un análisis serio y profundo, que, sin apasionamientos, mida los aciertos y desaciertos, con base en la evidencia que ha dejado el sistema desde su creación.
Hay que recordar que en 1993 la seguridad social tenía un manejo monopólico, por parte del Estado, que sólo cobijaba al 23 por ciento de la población; el sector privado, al 10 por ciento; el 20 por ciento no tenía acceso a servicios, y el resto (el 47 por ciento) recibía atención en hospitales públicos, entidades sin ánimo de lucro y cajas de compensación.
Este modelo, francamente ineficiente e inequitativo, exigió de la Constituyente de 1991 la búsqueda de una reforma inaplazable.
Francisco Yepes, escribió en el libro Luces y Sombras de la Reforma de Salud en Colombia sostiene que la orden constitucional de universalizar la seguridad social se instrumentó en la Ley 100 de 1993, construida sobre principios de eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
Dichos principios se fueron desdibujando con el tiempo, a medida que cada aparte de una norma, que era positiva en esencia, se fue reglamentando improvisadamente.
Más allá de esa realidad es necesario ver con objetividad los resultados.
Para empezar, hoy cerca del 95 por ciento de los colombianos tiene algún tipo de cobertura en salud, y hay una mejor distribución de los subsidios entre los más pobres.
La financiación del sistema está definida. En 1995 el porcentaje del PIB que se destinaba para este fin era del 7,3 por ciento, en 1999 alcanzó el 9,3 por ciento y hoy representa el 6,4 por ciento. De acuerdo con analistas, el sistema se ha vuelto más eficiente en materia de gasto, si se compara con el 16,2 que dedica Estados Unidos, el 11,7 de Francia y el 8,2 de Chile, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cifras del Ministerio de la Protección Social indican que la mortalidad de menores de un año pasó de 41 casos por cada 1.000 nacidos vivos en 1985, a 13,9 por ciento en 1999.
La mortalidad materna, por su parte, pasó de 105 casos por cada 100.000 mujeres a 59 en el 2008.
También aumentaron las consultas de promoción y prevención, se redujo el gasto de bolsillo de cada colombiano en salud; mejoraron la equidad en el aseguramiento y el acceso a los servicios.
Antes de lanzar propuestas, conviene encontrar respuestas a tantos interrogantes. Se trata de ser objetivos y de tener en cuenta que el sistema necesita reformas de fondo.
La lista de los errores cometidos también es larga
No se le puede echar la culpa al sistema, de que el POS no haya sido actualizado por ningún Gobierno.
La otra cara de la moneda son los resultados negativos en salud pública, que estancaron la curva descendente de las muertes prevenibles, según el investigador, Rubén Darío Gómez, hacia el 2006.
La Organización Panamericana de la Salud asegura que ha habido un aumento de enfermedades de control especial, como la tuberculosis, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y la rabia; la peligrosa reducción de los índices de vacunación, y el aumento de la sífilis congénita y de las complicaciones por enfermedades respiratorias y diarréicas.
También hay que mencionar las barreras de acceso impuestas a los usuarios; el flujo tortuoso de los recursos (que benefician los rendimientos financieros); el caos de las bases de datos y la falta de reglas claras para todos.
No se le puede echar la culpa al sistema de que el POS no haya sido actualizado jamás, lo que conllevó a un desborde de los recobros; que no se hubieran contenido las dobles afiliaciones, la elusión y la evasión, y que se aumentaran los subsidios de 9 a 18 millones en ocho años, lo que causó un profundo desequilibrio financiero.
No hay manera de entender tampoco por qué el Fosyga tiene varios billones de pesos de la salud invertidos en TES, lo que le resta liquidez al sistema.
Carlos Francisco Fernández
Asesor médico de CEET