Asofondos dice que en licitación de Ruta del Sol faltan estudios financieros, jurídicos y ambientales

Se alista un documento que le entregará al Gobierno en el que expone cuáles son las condiciones que representan mayores riesgos en los contratos de obra pública y cuál sería el escenario ideal.

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mayo 07 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-07

En un ejercicio que pretende un allanar el camino para que los inversionistas institucionales se le midan a los proyectos de infraestructura vial en el país, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), está alistando el documento.

El presidente del gremio, Santiago Montenegro, sostiene que el primer paso es tener claridad sobre la importancia de los estudios definitivos de los proyectos de infraestructura, pues a su juicio, en el pasado se ha minimizado la importancia de contar con ese tipo de elementos clave a la hora de lanzar una licitación.

"Recuérdese que ISA, cuando el Gobierno le encargó la concesión de Autopistas de la Montaña, en Antioquia, una de las primeras cosas que dijo fue que para estructurar el proyecto debe contar con los estudios en fase dos y que sólo en ese momento podrá hacer los estimativos de los recursos requeridos por parte del Estado y lo que va a aportar el sector privado (...). También hacen falta otros estudios, como los financieros, los jurídicos y los ambientales. Todo eso hay que hacerlo", dijo en un foro de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) sobre la evolución de la inversión y de los proyectos de infraestructura, con base en los riesgos que dichos proyectos presentan.

Una apreciación en ese mismo sentido argumenta el vicepresidente jurídico de la CCI, Francisco Suárez, quien señala que los recursos del sector privado no van a fluir a 'ojo tapado', de tal manera que resulta imprescindible determinar con exactitud cuáles son los riesgos en cada obra, y ese propósito se logra a partir de los estudios.

Adicionalmente, para el gremio es necesario que los aportes de la Nación sean claros desde el mismo momento en que se establece el pliego de condiciones y que no remplacen, bajo ninguna justificación, al capital privado.

"Se han efectuado alcances adicionales de los proyectos y aportes estatales directos, que en muchos casos hay que hacerlos, pero a veces no se dice la verdad cuando se oferta con un menor costo.

Ya hay una exagerada renegociación de los contratos y de ahí la importancia de los estudios. Si no hay estudios no se sabe cuánto va a costar el proyecto", argumenta Montenegro frente a lo que considera como una estructura deseada el hecho de que se haga énfasis en la capacidad de financiación.

"Hacer explícitos y transparentes todos los alcances adicionales del proyecto. Los aportes de la Nación deben ser claros y no remplazan el capital privado" reitera.

En cuanto a la regulación, el representante de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías), considera que aún es débil y a su juicio, en la práctica la única herramienta en los proyectos de infraestructura es la caducidad del contrato.

"La estructura deseada es eliminar los alcances adicionales grandes. Yo creo que se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo aportes del gobierno o peajes en función de la calidad del servicio", indica.

También señala que los plazos de los contratos de concesión han tendido a ser cortos, por lo que hay que buscar períodos más largos. "Nosotros hemos tenido plazos en promedio de 10 a 15 años, frente a países de A. Latina que tienen plazos de 30 años".

Para el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, hay otros factores que el Gobierno está teniendo en cuenta para minimizar los riesgos que se presentan a la hora de promover un proyecto de infraestructura vial, de tal manera que la tarea se viene haciendo con anterioridad.

Un ejemplo de ello es el trabajo realizado con la Corporación Financiera Internacional, de cara a sacar adelante la autopista Ruta del Sol, la cual agilizará el tránsito entre el centro del país y la Costa Norte. Este proyecto fue documentado, estructurado y liderado por la entidad multilateral, el Instituto Nacional de Concesiones y un grupo de expertos, con el objetivo de ser claros en la forma como se desarrollará el proceso licitatorio y las condiciones mismas del contrato.

Fondos quieren diversificar

Las Administradoras de los Fondos de Pensiones y Cesantías ya se le han medido a las inversiones en infraestructura, y ahora tienen en la mira proyectos viales, rubro que representa menos de lo que estos inversionistas han destinado al sector energético o al de agua potable y saneamiento.

Además, quieren dejar la dependencia de los títulos de renta fija, que son los que dan una mayor seguridad a la hora de invertir.

Mientras en 1997 el portafolio de inversiones de sectores como el bancario, los seguros y de pensiones alcanzaba los 25 billones de pesos, en la actualidad la cifra puede alcanzar los 230 billones de pesos.

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