En el primer caso, la AMV encontró que el directivo suscribía los estados financieros del puesto de bolsa sin asegurarse de que reflejaran la realidad económica y financiera de la compañía, y que además omitió unos requerimientos realizados por la Superfinanciera frente a las cifras del 2007.
La investigación arrojó que Ariza conocía el manejo irregular de los dineros de un cliente y que además, en un contrato de comisión con otro cliente se le había garantizado indebidamente una rentabilidad mínima, lo cual no puede ofrecerse por parte de una comisionista. Por estos hechos, el investigado quedará suspendido por tres años del mercado de valores.
En cuanto a Castañeda Calvo, el Autorregulador consideró que la investigada permitió que se utilizara la contabilidad de la compañía para dar apariencia de legalidad a unas operaciones no autorizadas con dinero de los clientes, como la utilización de títulos de 40 personas para la realización de repos, con las cuales se pretendía generar liquidez para que la comisionista cumpliera con sus obligaciones.
Esto tuvo un costo que se cargó a la cuenta de los clientes, pero luego tuvo que ser asumido por Intervalores y esto afectó sus resultados.
Por ello, será suspendida por tres años y deberá pagar una multa de 15 millones de pesos.
El AMV considera que "los administradores de los intermediarios de valores y quienes ostentan cargos gerenciales deben velar por el cumplimiento de las normas legales y son los primeros llamados a actuar con los más altos estándares, convirtiéndose de esta manera en ejemplo de corrección, de transparencia, de diligencia, de lealtad y de profesionalismo para todas las demás personas que prestan sus servicios a dichas entidades".
