En abril del año pasado Enka, que se especializa en producir y comercializar polímeros y fibras sintéticas, abrió una planta para producir la energía que requieren sus procesos, y ese fue un elemento esencial que le permitió exportar el 52 por ciento de lo que produjo en el 2014.
La razón, según su presidente, Álvaro Hincapié, es que cada kilovatio que genera es 40 por ciento más barato que en el mercado, y esto le permite pujar en mejores condiciones contra sus competidores extranjeros. De la generadora salen 14 megavatios, equivalentes al 82 por ciento del gasto energético propio, con un ahorro por año de $8.000 millones. De no ser así, anota Hincapié, no hubiera sido posible competir con empresas de países con los cuales Colombia ha firmado tratados de libre comercio.
No obstante, ahora Enka y las demás firmas del país que autogeneran y cogeneran su propia energía ven un nubarrón en un proyecto normativo que está en discusión desde agosto del año pasado y que, dicen, pondría en riesgo la rentabilidad de las inversiones millonarias que han hecho.
De acuerdo con el director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, Daniel Romero, la inversión requerida para instalar un megavatio de capacidad oscila entre US$1,5 millones y US$2 millones. A Enka, por ejemplo, su planta le costó US$26 millones.
Las autogeneradoras (plantas alimentadas con combustibles como carbón y gas) y cogeneradoras (usan desperdicios agroindustriales) pagan un cargo, para contar con el respaldo de la red interconectada en caso de que su infraestructura deje de funcionar por daños o mantenimiento; sin embargo, la resolución 179 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), les traslada un cobro mayor.
“Si se quiere respaldar la totalidad del consumo se deberá pagar la totalidad del respaldo pero, en la medida que se requiera respaldar la mitad o menos de su consumo habitual, el costo será proporcional a estos porcentajes”, explica la Creg, para la cual es apenas natural cobrar por “reservar para uso exclusivo” una fracción de la red.
“Es como si yo me fuera para el aeropuerto a pie y tuviera que pagar el costo del taxi”, dice María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía –el gremio de los grandes consumidores de energía–, quien recalca que así se anulan los incentivos a la autogeneración, pues una planta de estas jamás produce más barato que una hidroeléctrica, por lo que su ventaja es ganarse los costos por distribución.
ENTRE $80 Y $120 MÁS
Cálculos del gerente de Negocios de Energía de los Ingenios Incauca y Providencia, Marco Aurelio Vera, indican que serían entre $80 y $120 por kilovatio/hora, mientras que en la bolsa el precio del kilovatio/hora ronda los $150. Eso haría que no se justifique producir.
Vera, quien además fue presidente de Andesco (Asociación de empresas de Servicios Públicos Domiciliarios), se queja de que “hoy día el cargo de Incauca es del orden de 15 millones de pesos mensuales y con el nuevo pasaría a pagar 20 veces más, o sea, $300 millones. Es un incremento absurdo del 2.000 por ciento”.
Inicialmente, en el país solo los cogeneradores (plantas alimentadas con desperdicios industriales) podían vender sus excedentes energéticos, pero la Ley 1715 del 2014 no solo les dio incentivos, sino que también les permitió a los autogeneradores (con plantas a base de combustibles como gas y carbón) vender lo que les sobraba.
El objetivo era incentivar formas alternativas de energía. Luego, la Ley 1715 del 2014 les permite también comercializar a los autogeneradores.
Esto motivó a muchos, como palmicultores, cañicultores, bananeros y fabricantes de papel a acometer proyectos para ampliar su capacidad.
Pero de ser aprobada la resolución 179, según los afectados, probablemente no se pararán las generadoras actuales, pero sí se pondrían en riesgo nuevos proyectos.
“El país perdería la oportunidad de ser más eficiente desde el punto de vista energético. De hecho, en muchos países se reconocen estos aportes porque son una ganancia de eficiencia y evitan acometer más inversión en infraestructura; antes les dan incentivos”, anota el director ejecutivo de la Cámara de Grandes Consumidores de la Andi, Daniel Romero.
Los ingenios Incauca y Providencia aseguran que están repensando su plan de aumentar su generación, de los 50 megavatios actuales a 90, a partir del bagazo de la caña.
Fuentes de la Creg le dijeron a Portafolio que la intención es firmar la resolución 179 antes de finalizar el año, pero le están incorporando cambios a partir de las consultas que han hecho en varias audiencias y talleres en varias ciudades.
ESTOS SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS
En especial, la cogeneración y autogeneración han hecho carrera en sectores industriales como alimentos, materiales de construcción –en especial cemento–, fibras textiles, caucho, plástico, vidrio, aluminio y acero, productos de la minería, papel y cartón, así como químicos, todas intensivas en gasto de energía y que han reclamado bajar los precios del mercado energético para ganar competitividad.
Pero la motivación de todas no es el precio, sino contar con autonomía que las blinde en casos de apagones generalizados.
Estadísticas de la Cámara de Grandes Consumidores de la Andi indican que en el país las empresas producen 350 megavatios bajo la modalidad de cogeneración y más de 400 en autogeneración.
Néstor Alonso López
Redacción Portafolio
