Buscan marco regulatorio para alumbrado público y transporte

A través del Plan de Desarrollo, el Gobierno pretende establecer normas de carácter nacional para la prestación de estos servicios. En energía, señala el Ejecutivo, las tarifas todavía son muy altas.

Buscan marco regulatorio para alumbrado público y transporte

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Buscan marco regulatorio para alumbrado público y transporte

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febrero 20 de 2015 - 01:17 a.m.
2015-02-20

Además de las propuestas que hace el Plan Nacional de Desarrollo en torno a temas como licencias ambientales, catastro rural y eliminación de barreras para instalar antenas de telecomunicaciones, el Gobierno busca unificar los criterios para prestar el servicio de alumbrado público en el país y, también, crear autoridades regionales de transporte en ciudades y municipios donde la movilidad urbana se realice más allá de sus límites.

En cuanto al alumbrado público –que el Plan busca convertir en un servicio esencial–, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, dejó claro que es hora de abrir un debate para ponerle orden. “Hay municipios que cobran demasiado por el alumbrado”.

Entretanto, el subdirector Territorial y de Inversión Pública del DNP, Manuel Fernando Castro, aseguró que en los sistemas de alumbrado actuales existen fallas como el mantenimiento del servicio, el cual no sigue las mismas reglas.

“El municipio es el responsable de prestar el servicio, pero la calidad es desigual. El alumbrado no se encuentra regulado y se pretende que al volverlo servicio esencial esté en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, explicó Castro.

Según el articulado, que está en discusión en el Congreso, el objetivo es que la electrificación pública tenga estándares mínimos de calidad, lo cual no debe suponer costos para la Nación.

Además, el texto señala que se debe buscar la expansión de la cobertura, el cálculo de los costos totales máximos para el país y la aplicación de estándares nacionales.

José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), cree que poner en marcha un marco general para el alumbrado público puede eliminar las diferencias tarifarias que en la actualidad existen entre los municipios. “Hay precios desbordados y nos parece adecuado un marco que garantice la autosuficiencia”.

A su turno, la expresidenta de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Astrid Martínez, manifestó que es necesario que los alcaldes y las empresas prestadoras del servicio hagan los contratos bajo criterios comunes, lo cual mejoraría la calidad del alumbrado.

Entretanto, una fuente consultada, que pidió no ser mencionada, señaló que la iniciativa contenida en el Plan es buena para los industriales de algunos municipios, quienes en este momento están pagando un alumbrado público muy costoso, debido a que demandan grandes cantidades de energía.

TRAS NUEVAS NORMAS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE

A través del Plan de Desarrollo, el Gobierno busca que a petición de las entidades territoriales se creen o se fortalezcan las Autoridades Regionales de Transporte en aglomeraciones urbanas y en municipios.

Esto significa, según la iniciativa, que la Autoridad Regional de Transporte “será la encargada de regular el servicio de transporte público de pasajeros, otorgar permisos y habilitaciones, integrar operacional y tarifariamente los diferentes modos, y garantizar la articulación de proyectos contenidos en los planes maestros de movilidad de cada uno de los municipios”.

De este modo, por ejemplo, se eliminarían barreras para los vehículos de transporte público que operan entre Soacha (Cundinamarca) y Bogotá.

Manuel Fernando Castro, subdirector territorial de Planeación Nacional, explicó que la idea es que las autoridades de transporte regulen la prestación del servicio en una región (por ejemplo, abarcando municipios cercanos a Bogotá como Chía, Mosquera y Soacha).

Sin embargo, Marino Quintero, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans), advirtió que esta propuesta de homogeneizar tarifas es “una gran amenaza” y señaló que el Gobierno pretende desconocer el transporte tradicional. “Esto atenta contra las pequeñas empresas. Movemos alrededor de 5.000 millones de pasajeros al año”.

Héctor Sandoval D.
hecsan@eltiempo.com