La búsqueda de un orden centralizado: la Constitución de 1886

La búsqueda de un orden centralizado: la Constitución de 1886

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mayo 07 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-07

Los liberales se alzaron en 1885, hicieron la guerra y fueron derrotados por el gobierno de Núñez que procedió a declarar extinguida la Constitución de 1863 y convocó una asamblea constituyente. En esta escasearon los representantes del partido liberal, lo que de nuevo le restaría consenso y legitimidad a la nueva Constitución.

La soberanía del Estado no partía de los otrora estados soberanos sino que "reside esencial y exclusivamente en la Nación" (Artículo 2). Partiendo de este concepto moderado, surgido de la Constitución de Cádiz en 1812, Caro logró derivar un origen divino del poder político al hacerle decir a la Carta en su Artículo 28: "La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social".

De esta manera, se liquidó la idea de soberanía popular que exige recurrir al pueblo para que exprese la voluntad pública y su interés sea defendido en quienes delega su poder, siendo remplazada por las nociones de autoridad ilimitada derivada de Dios, expresada en una presidencia imperial a la que debían total obediencia todos los ciudadanos que más bien volvían a ser súbitos.

El monopolio religioso fue acompañado también de un monopolio político concentrado en una presidencia muy fuerte, cuyo período era de 6 años, con re-elección, transcurrido un período.

El presidente era elegido indirectamente por ciudadanos con requisitos de alfabetismo, renta anual de 500 pesos o propiedad de 1.500 pesos.

El poder regional quedaba abatido, pues el presidente nombraba y separaba libremente a los gobernadores y éstos a los alcaldes. El presidente nombraba los magistrados (vitalicios) de la Corte Suprema y de los tribunales superiores de ternas presentadas por la propia Corte Suprema.

Se nombraban jueces de escrutinio electoral que actuaron a favor del Gobierno, cerrando así las vías electorales a la oposición, lo que incitaría al partido liberal a recurrir a dos nuevas guerras civiles (1892 y 1899-1902).

En general, la Constitución limitó fuertemente los derechos individuales, y los pocos que quedaban podían ser abolidos, pues podía recurrir al Estado de Sitio y a la suspensión de las garantías individuales cada vez que lo considerara necesario.

La Cámara de Representantes tenía período de 4 años, mientras que el Senado de 6 años era elegido por las asambleas departamentales. El legislativo era muy débil: sólo se podía reunir cuatro meses cada dos años. La Corte Suprema vitalicia fue empacada de conservadores, dando una señal de que los sesgos del sistema judicial no iban a modificarse en mucho tiempo.

De esta manera no había división entre los tres poderes que se balancean entre sí, pues Legislativo o Judicial carecían de independencia y de fuerza que pudiera neutralizar los abusos del poder Ejecutivo; tampoco existía división geográfica del poder, al abolir las elecciones por gobernadores y alcaldes.

Un elemento importante de la Constitución que continuó con una tradición liberal fue la defensa del principio de propiedad privada. Existía protección de los contratos privados (Artículo 31), pero el interés privado debía someterse en caso de conflicto al interés público, donde "las expropiaciones que sea preciso hacer requieren plena indemnización".

Sin embargo, el Banco Nacional al emitir en exceso vulneró los contratos que hacían los agentes entre sí y el Estado, al restarle valor de manera arbitraria a los activos que se intercambiaban y en especial a los ahorros del público, algo que a Caro lo tenía sin cuidado, como lo revela la siguiente afirmación suya: "La sobrevaluación de la moneda es prerrogativa del soberano, sólo que pugna con preocupaciones arraigadas".

Núñez entendió bien que el país necesitaba seguridad y orden. La centralización emprendida por él dio pie a un ejército nacional fuerte que limitó la sedición regional y nacional, prestándole mayor legitimidad al Estado.

Otra tarea fundamental exigida por el desarrollo de largo plazo del país fue establecer un mercado interno sin aduanas interiores, que se obtuvo aboliendo la soberanía de los otrora 9 grandes estados.

La República tuvo también una regla de sucesión clara, pero sesgada a favor del partido en el poder, con serios problemas en los derechos de la oposición, como vetos a la participación liberal en el Congreso y de manipulación electoral. La carencia de división y rotación del poder construía un régimen escasamente democrático y, de varias maneras, opuesto al crecimiento económico de largo plazo.

En los temas sociales, La Regeneración adoptó una visión cristiana para enfrentar la pobreza mediante la caridad: la salud y la educación públicas debían ser atendidas por la Iglesia con limosnas y unas escasas transferencias del Gobierno Central. La educación primaria se declaró como gratuita, pero no obligatoria, contra la visión liberal de universalizarla, mientras su contenido debía estar acorde con la fe religiosa, lo que de entrada impedía la enseñanza de la biología moderna y de las ciencias sociales.

Se gestó así un Estado muy pequeño que no tenía porqué inmiscuirse en los temas sociales ni cobrar impuestos para financiar la educación y menos la salud. Aún si el país requería centralismo, sus excesos le restaron legitimidad a la tributación, en la medida en que alejaba al contribuyente de las decisiones de cuánto debía pagar y cómo se gastaban los fondos públicos. Los encargados de gastar no tenían controles para impedir que hicieran tratos corruptos.

Los aranceles y el impuesto inflacionario sumieron al ciudadano en la más profunda inconsciencia sobre quién pagaba por el Estado, que no era el que más podía hacerlo. El Estado aparece así como padre milagroso al que se le implora por sus favores y no como resultado terrenal de los impuestos contribuidos por los ciudadanos.

En balance, las políticas monetarias y financieras de La Regeneración frenaron el surgimiento de una burguesía liberal y de un sistema financiero que apalancara el desarrollo económico. "La emisión de papel es un recurso especialísimo, gratuito", repetía Caro.

La pregunta -¿es la moneda blanda un atajo para el desarrollo económico?- ha confundido a economistas contemporáneos que descubrieron en Caro a un Keynes precapitalista.

En verdad el desarrollo económico surge de varios requisitos: un sistema político que garantice escenarios de negociación pacífica de intereses, un mercado de trabajo libre, el ahorro y la inversión, intermediados por un sistema financiero profundo, derechos de propiedad justos, existencia de justicia independiente, educación universal que permita la absorción de la ciencia y la técnica y, no menos, moneda sana. Todas las evidencias empíricas informan que el crédito no creció e incluso se paralizaba en esta fase, que muchos bancos se liquidaron y que la creciente inflación fue un freno al crecimiento económico (Ocampo, 1994).

Caro pretendió imponerle impuestos a las exportaciones de café en 1895, algo que unificó a los terratenientes de Cúcuta, Cundinamarca y Tolima con los cafeteros medianos, comerciantes y banqueros de Antioquia en su contra. Este fue el principio del fin de La Regeneración que sería remplazada después de la Guerra Civil por una alianza regional y política que limaría los aspectos más corrosivos de la Constitución de 1886, tornándola en una buena carta de navegación para la paz política y el crecimiento económico moderno que alcanzó Colombia en el siglo XX. 

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