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Cambio de cartilla para atacar la pobreza

El supuesto es sencillo: los 7,3 millones de votos que le dieron el triunfo al candidato Álvaro Uribe en las elecciones del domingo son los mismos que respaldan su gestión y los resultados como presidente desde el 2002.

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mayo 30 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-30

Con ese apoyo, los electores expresaron su conformidad y satisfación por la forma como Uribe y su equipo han manejado la economía colombiana, cuyos lineamientos centrales están escritos y en ejecución de tiempo atrás, y esperan que dicho manejo se mantenga y mejore en este segundo mandato. El modelo económico seguido no es otro que el de darles a las fuerzas del mercado la mayor libertad posible - o, lo que es lo mismo, eliminar al máximo las limitaciones regulatorias que impiden una mayor eficiencia del mercado - y restringir, también al máximo, la intervención del Estado en las actividades económicas. La premisa de que una economía sin amarras conduce al bienestar general de la población ha sido desvirtuada por la realidad en los países que lo apostaron todo por el libre mercado. Colombia no ha sido la excepción. Los beneficios del crecimiento no se han distribuido como se esperaba. Diferentes indicadores de progreso social registran atrasos cuya superación no admite demoras, según coinciden las fuerzas políticas y sociales, y para lograrlo se requiere de una decidida y focalizada intervención del Estado. Ese es, sin lugar a dudas, el reto más grande que, desde la óptica social, tiene Uribe en su segundo periodo presidencial en el cual tendría que aplicar a todo el Gobierno la frase alusiva al Banco de la República que soltó cuando se posesionó hace cuatro años: hay que cambiar la cartilla. La distribución del ingreso es de las más inequitativas del mundo: la mitad de los colombianos recibe el 14,2 por ciento del ingreso, en tanto que la quinta parte de la población se queda con el 60 por ciento. La reciente crisis económica, junto con la concentración del ingreso, disparó el desempleo y los niveles de pobreza hasta cifras impensables, cualquiera que sea la metodología utilizada para medirla. Y si bien la desocupación ha venido disminuyendo, 22 millones de personas (casi la mitad de la población, según las cifras ‘viejas’ del Dane) mantienen su estatus de pobres y de estos, 6,6 millones son indigentes. La mejor señal de si en realidad hay un cambio de cartilla serán los proyectos de la tan anunciada reforma tributaria estructural y del presupuesto nacional para el 2007 (este último debe ser presentado al nuevo Congreso antes de terminar julio), en los cuales tiene que reflejarse el compromiso del ejecutivo y el legislativo de combatir eficazmente la pobreza. De otro lado, una de las formas para mejorar la competitividad de las empresas y generar puestos de trabajo ha sido mediante la flexibilización de las normas y la reducción de los costos laborales, lo cual ha repercutido negativamente en la calidad del empleo, una de cuyas medidas es el nivel del subempleo, que al finalizar marzo registró 30 por ciento (6,3 millones de trabajadores). Si el mismo presidente Uribe hizo un llamado a los empresarios para que vincularan a sus nóminas a aquellos empleados temporales que tuvieran un mínimo de tiempo a su servicio, es de esperar que ahora haya iniciativas en ese sentido sin poner en peligro el apoyo que ha recibido de los gremios empresariales y la competitividad que estos han logrado por los menores costos de la mano de obra calificada y no calificada. 22 millones es el número de colombianos que esperan acciones decididas del Gobierno (Ejecutivo y Congreso) para ir dejando atrás su condición de pobres.SALUD SUBSIDIADAEl acceso a los servicios de salud de los más pobres, entendido como su afiliación al régimen subsidiado, está entre las deudas sociales pendientes de pago desde el 2000.Lo anterior significa garantizarles esos servicios a la población de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, casi 30 millones de personas, de las cuales 1,7 millones aportan al régimen contributivo, 16,9 millones ya están afiliadas a las ARS y 2,1 millones reciben subsidios parciales. El déficit de cobertura es de 11,2 millones y asegurar a esos millones de colombianos cuesta 2,8 billones de pesos.Por eso el Ejecutivo y el Congreso tendrán que ponerse de acuerdo sobre la fuente para esos recursos.Nuevamente, el cambio en la cartilla implicará obtener nuevos recursos sin afectar otros programas sociales de manera que los pobres sientan que sí los están teniendo en cuenta a la hora de distribuir el presupuesto nacional.PAGAR LOS SERVICIOS SIN HACER FILAS Y RECIBIR CREDITOAunque tener cuenta de ahorros es más sencillo que acceder a un crédito bancario, se calcula que ese ‘privilegio’ lo tiene solo el 40 por ciento de los colombianos mayores de 12 años. El resto está obligado a hacer fila para pagar los servicios (pues no tiene acceso directo a cajeros automáticos o a Internet), carece de referencias bancarias y no tiene cómo demostrar que es buena o mala paga, dado que no cuenta con historial financiero.Con el objetivo de reducir ese número de excluidos de los servicios financieros, una de las promesas del nuevo gobierno es el banco de las oportunidades, que está dirigido a ese grupo de personas y que funcionará a través de pequeños comercios, que actuarán como agentes de los bancos. La idea es que allí se ofrezcan todos los servicios financieros y aunque ya hay un documento Conpes que le da vida a esta entidad, que arranca con un fondo de 120.000 millones de pesos, no se sabe cuándo iniciará.

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