Un cambio necesario

Un cambio necesario

POR:
noviembre 09 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-09

Ni la decisión final está tomada, ni las medidas son inminentes, pero eso no quiere decir que un cambio no sea necesario. Así podría resumirse la polémica levantada por una propuesta considerada en el interior del Gobierno y compartida con el sector privado, la cual busca revisar la estructura arancelaria del país. Y aunque todavía faltan varias semanas antes de que el Consejo Superior de Comercio Exterior tome una posición definitiva, es evidente que la sola posibilidad de modificar los impuestos que pagan las importaciones levantó ampollas entre diversos sectores. La razón es que son muchos quienes temen perder la protección que han tenido desde la época ya lejana de la apertura, cuando se tomó la decisión de derribar las barreras que entorpecían la entrada de productos al mercado nacional. Desde ese entonces ha habido críticas a una política que, para algunos, dejó descubiertos a los productores nacionales. Sin embargo, una mirada a diferentes indicadores muestra que Colombia está más en la retaguardia que en las primeras filas de la liberación comercial. Así lo confirmó hace unos días el Foro Económico Mundial, cuando hizo público su Índice de Competitividad, según el cual el país ocupó el puesto 69 entre 131 naciones en el promedio general, pero el 97 en la medición del arancel ponderado por volumen de comercio. No obstante, ese no fue el punto de partida del análisis iniciado por un grupo conformado por técnicos de los ministerios de Comercio, Hacienda, Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación hace unos meses. En realidad, todo comenzó con la expedición de la Decisión 669 de la Comunidad Andina, del pasado 13 de julio, que les otorgó a los miembros del acuerdo lo que se conoce como una franquicia arancelaria, que no es otra cosa que la autorización para revisar, si lo desean, la arquitectura vigente con el fin de “mejorar sus estructuras productivas”. Ese permiso resultaba indispensable, tanto para Colombia como para los demás integrantes de la CAN que han tratado de tener una política conjunta en materia comercial. En desarrollo del mismo, tanto Ecuador como Perú introdujeron cambios profundos hace pocas semanas. Ante esas realidades, resultaba casi obligatorio revisar el tema. De tal manera, el estudio tomó como punto de partida la situación arancelaria actual, que oscila entre un promedio de 14,4 por ciento para los bienes producidos en Colombia y uno de 8,6 por ciento para los no producidos. El siguiente paso fue el de definir criterios como reducir los costos de manufactura, agrupar los aranceles según uso o destino económico, disminuir la dispersión de tarifas y tratar de minimizar el impacto fiscal. El resultado de dicho trabajo fue la definición de una lista de partidas arancelarias bajo diversos principios. En el sector agrícola, por ejemplo, se propuso no subir los aranceles de los insumos y delegar los cambios a las negociaciones comerciales que adelanta el país. En el caso de la industria, a su vez, la intención fue crear tres grupos: 2 por ciento para los bienes de capital, 8 por ciento para las materias primas y 15 por ciento para los bienes de consumo. Según los cálculos hechos, el costo fiscal de la medida equivaldría a unos 75 millones de dólares, una cifra considerada como manejable. Pero diversos sectores se rasgaron las vestiduras. Ante las protestas, el Gobierno aclaró que el borrador actual es un primer paso y prometió revisar casos puntuales. Por esa razón, el trabajo de las próximas semanas va a ser intenso, si efectivamente el criterio del bienestar general va a primar sobre las ventajas individuales de determinadas actividades. Y es que de lo que se trata es de realizar cambios que son necesarios para recortar el terreno perdido por Colombia, tanto con los vecinos como con el resto del mundo. De lo contrario, existe la posibilidad de que unos pocos queden agradecidos, pero muchos resulten sacrificados si los niveles de protección actual no cambian, si no se privilegia la competencia y si el país no se ajusta a nuevas realidades. La revisión de la estructura arancelaria está más que justificada, si de lo que se trata es promover la competitividad y eliminar privilegios sin fundamento”.

Siga bajando para encontrar más contenido