Cada vez son más las voces que se suman a la necesidad de que se haga un profundo ajuste al sistema pensional, con el objetivo de que aumente la cobertura, sea sostenible y se reduzca la inequidad.
Dichas modificaciones se están haciendo en tres fases, que van desde ajustes normativos sencillos para resolver problemas de funcionamiento en el régimen privado, hasta una gran reforma estructural que responda a los cambios demógraficos.
Así lo plantearon ayer representantes del Gobierno y del sector privado durante el seminario ‘Presiones de Gasto en Seguridad Social y Reforma Pensional”, realizado por el centro de estudios Anif y Asofondos, gremio de las administradoras privadas de pensiones.
La primera y segunda fase incluyen la reglamentación de una serie de normas para facilitar el funcionamiento del régimen privado.
Jaime Cardona, director de regulación económica de la seguridad social del Ministerio de Hacienda, explicó que ya están listos el decreto con la obligación de darles doble asesoría a las personas que cambien de régimen pensional para que tomen decisiones acertadas, la cobertura del riesgo del aumento del salario mínimo –clave para reanimar la emisión de rentas vitalicias–.
Añadió que hay otros puntos en los que se está trabajando como la reglamentación para que los nuevos afiliados a pensiones entren automáticamente al fondo que más les convenga de acuerdo con su perfil de riesgo (moderado, conservador, mayor riesgo) y la creación de un sistema único para la recopilación de las historias laborales.
Señaló que también estudiarán la posibilidad de que la indemnización sustitutiva (devolución de aportes cuando una persona no logra pensionarse) se hagade manera gradual y no en un solo pago.
EL GRAN AJUSTE
La tercera fase sería la reforma estructural, sobre la cual expertos han propuesto cambios paramétricos (posponer la edad de pensión, aumentar las cotizaciones y cambiar la tasa de reemplazo y la forma de calcular la pensión), que respondan a los cambios demográficos.
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explicó que el país ya está viendo algunas características de otras partes del mundo, como el aumento en la expectativa de vida y la disminución de la cantidad de trabajadores activos por cada adulto mayor.
Insistió además en que más allá de los ajustes paramétricos, es urgente que se hagan reformas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad.
Por su parte, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, señaló que “por las presiones fiscales, llegó el momento de una verdadera reforma estructural, que debe arrancar por el marchitamiento de Colpensiones”, es decir que una vez entre en marcha el ajuste no pueda tener afiliados nuevos y quede solamente con aquellos que ya están vinculados. “Los ajustes paramétricos serán insulzos si no tomamos la nuez del problema, que es tener abierto a Colpensiones con los altos niveles de subsidios públicos”.
Entre tanto, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, destacó las medidas que se han tomado para revivir las rentas vitalicias, e insistió en el diálogo entre todas las partes para la reforma pensional.
Sin embargo, reconoció que políticamente es un tema difícil, pues se trata de asumir unos costos de manera inmediata para que los beneficios se vean en el largo plazo.