La escena de ayer en la Casa de Nariño, cuando tan solo una de las tres centrales obreras invitadas asistió a un almuerzo que debería seguir a la reunión de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales creada por la Constitución de 1991, es sintomática de la compleja discusión que viene para definir el nuevo nivel del salario mínimo. Y es que no se necesita ser un experto, para darse cuenta de que el clima en asuntos relacionados con los trabajadores, está tan cargado como las nubes invernales que opacan por estos días el territorio nacional.
El motivo principal es el aumento en la inflación muy por encima de los parámetros fijados por las autoridades, pero las preocupaciones en torno a la desaceleración de la economía y el estallido de huelgas han complicado todavía más el que, por naturaleza, es un asunto difícil.
Debido a ello, es improbable que la decisión final se tome por consenso pues, como pocas veces, las posiciones de empresarios y representantes sindicales son bien distantes. Así, mientras los primeros hablan de una cifra cercana al alza en el Índice de Precios al Consumidor para el 2008, estimada en algo menos del 7,5 por ciento, los segundos han mencionado que lo correcto sería un incremento del 15 por ciento. Por su parte, los técnicos consideran que lo ideal sería aplicar la fórmula de ajuste universal que incorpora no solo la subida en los precios, sino una pequeña prima por productividad que Anif calcula entre 0,3 y 0,8 por ciento. Puesto en cifras, una elevación entre el 7,5 y el 8 por ciento dejaría el salario mínimo mensual entre 496.110 y 498.420 pesos, a partir del próximo primero de enero.
Aunque a primera vista algo más cercano al medio millón de pesos podría parecer más justo, diversos analistas insisten en que hay que ser austero. Una de las razones es que la política en esta materia condiciona implícitamente las negociaciones salariales, tanto en el sector privado como en el público, al igual que los reajustes en los valores de una buena cantidad de artículos. Dicho de otra manera, el nuevo mínimo afecta a una proporción mucho más amplia de la población, que la de los trabajadores que están en la base de la pirámide de ingresos.
Adicionalmente, hay preocupación sobre lo que está ocurriendo en el campo laboral. Según las cifras más recientes del Dane, el desempleo muestra una ligera tendencia al alza, así la población ocupada haya crecido. Pero lo más inquietante es que el empleo asalariado cayó a un ritmo del 8 por ciento anual en septiembre, mientras que los trabajadores por cuenta propia subieron en 20 por ciento. Ese contraste sugiere que la calidad de los puestos de trabajo que se están generando no es la mejor y que la informalidad tiende a ganar impulso, incluso antes de sentirse con intensidad el coletazo de la crisis económica, que sería más fuerte el próximo año. En consecuencia, un mínimo muy alto puede dejar satisfechos a quienes sigan en la nómina, pero contribuiría a un aumento en la desocupación, tal como sucedió a finales de la década pasada.
En respuesta, los enemigos de la moderación dicen que golpear el ingreso mensual de millones de colombianos no hará más que influir negativamente sobre la pobreza y la desigualdad. Eso para no hablar del efecto que una menor renta de los trabajadores puede tener sobre el comportamiento de la demanda interna, justo cuando el entorno internacional es desfavorable. También está el elemento político en momentos en que el tema electoral comienza a ganar fuerza y que las protestas contra el Gobierno han arreciado, así la figura presidencial despierte una opinión muy favorable.
En conclusión, el dilema para Álvaro Uribe, quien tendrá la última palabra a finales de diciembre, no es fácil. Por un lado, arriesga las quejas de los empresarios y, por otro, las de la población trabajadora. Pero ojalá primen las consideraciones de largo plazo y la necesidad de adoptar un alza razonable en un mandatario que, en repetidas veces, ha dicho que la popularidad es para gastársela.
Finanzas
19 nov 2008 - 5:00 a. m.
Camino al disenso
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