Camioneros absueltos, a salir de listas negras

Las bases de datos de las confederaciones y asociaciones de transporte de carga terrestre en el país, como Asecarga, Defencarga y Colfecar, en las cuales se reportan el registro de siniestros y hechos ocurridos a diario en las carreteras en desarrollo de su actividad contractual, deberán ser actualizadas como resultado de una sentencia de la Corte Constitucional.

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noviembre 24 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-24

Según el alto tribunal, estas centrales de riesgo deberán incluir, además de las anotaciones negativas, los reportes que resulten ventajosos y favorezcan el buen nombre de propietarios y conductores de vehículos de carga. Como consecuencia del fallo, las empresas del gremio deberán modificar también sus estatutos sobre administración de información -derivada de la ejecución de contratos de transporte- con el fin de permitirles a quienes hacen parte de este sector autorizar, de modo expreso y claro, la divulgación de todos sus informes. Con relación a las compañías de transporte, la Corte dispuso, además, que éstas, en lo sucesivo, no deben efectuar reportes a esas bases en las cuales insinúen o imputen responsabilidades individuales, sin que hayan sido declaradas judicialmente. “No significa lo anterior, que la Corte esté proscribiendo la posibilidad de efectuar registros en las centrales de riesgo correspondientes, los cuales, con el fin de proteger la presunción de inocencia, deberán efectuarse en términos generales, y sin que sea posible la individualización”, dijo la corporación. El pronunciamiento lo hizo la Sala Novena de Revisión de la Corte en el fallo T-947 de 2008 al conceder una acción de tutela al propietario de un camión para proteger sus derechos al trabajo, al buen nombre y al habeas data -también llamado derecho a la autodeterminación informática-. El particular presentó esta acción basado en una resolución inhibitoria, dictada por la Fiscalía General de la Nación el 15 de junio de 2006, a raíz del episodio de hurto de mercancía en el cual resultó involucrado su vehículo el 21 de octubre de 2005 en Sibaté (Cundinamarca), en las afueras de Bogotá. Pese a la decisión de la Fiscalía, el reporte negativo -efectuado el 25 de octubre de 2005- está en las bases de datos de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), Defencarga y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar). Según el propietario, “se trata de una situación que vulnera sus derechos, ya que cuando envía el vehículo a cargar no le dan viaje en ninguna empresa porque todas consultan las bases de datos, y al ver el informe nos niegan el acceder a la operación de servicios”. FIJAN REGLAS AL ‘HABEAS DATA’ EN EL TRANSPORTE Con todo, en la Sentencia, la Corte dijo que el ‘habeas data’ no tiene ámbito restringido y se aplica también a las bases de datos sobre información del transporte de carga por vía terrestre. El ‘habeas data’ está consagrado en el Artículo 15 de la Constitución, según el cual, todas las personas tienen derecho, además, a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Desde 1991, es la primera vez que la Corte se ocupa de esta materia en este gremio. Durante los últimos 17 años, el alto tribunal solo se ha referido a episodios de historias clínicas o deudores de bancos, como ocurrió hace un mes con el respaldo al proyecto de ley estatutaria de ‘habeas data’, en trámite de sanción presidencial. Por ello, la Corte explicó que las centrales de riesgo de los transportadores, al procesar la información personal, deben garantizar el derecho a conocer, actua- lizar o rectificar los correspondientes datos. Sí al consentimiento previo, claro y expreso, dicen los magistrados La Sentencia de la Corte se produjo al revocar el fallo dictado por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá el 31 de enero de 2008 que negó la tutela presentada por el propietario del camión contra la empresa que lo reportó ante las bases de datos del sector. Según la Corte, este particular no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial que le permita controvertir el informe efectuado a las mencionadas centrales, pese a la resolución inhibitoria de la Fiscalía General. Así, al verificar el material probatorio, el alto tribunal consideró que en este caso no existe evidencia alguna de que el peticionario -quien acudió a la tutela- hubiera autorizado, de manera previa, expresa y clara, la divulgación de cierta información, derivada de la ejecución del contrato de transporte. En el proceso, dijo el alto tribunal, aparece es un “documento incipiente”, en el que sólo hay datos generales -conductor, referencia familiar, datos del propietario, datos del vehículo, datos de la empresa afiliadora, entre otros.- sin que aparezca alguna mención expresa y clara que habilite reportar información a cualquier base de datos. “Al respecto, la Sala debe indicar que este requisito exige que la autorización sea previa, expresa y clara, pues al fin y al cabo, los datos que se van a suministrar conciernen a él, y por tanto, le asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos, actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar”, dijo la corporación. Bajo estos parámetros, la Corte Constitucional dio vía libre a la actualización de las bases de datos en este gremio, así como a la modificación, por parte de las empresas respectivas, de los estatutos de administración de información relacionada con la ejecución de sus contratos. En el episodio concreto, la Corte ordenó actualizar la información, en estas bases de riesgo, con relación a quien presentó la tutela con base en la resolución inhibitoria de la Fiscalía. Para el efecto, el alto tribunal dio a la empresa -que hizo el reporte- 48 horas tras la notificación de esta sentencia. Esta firma deberá también, según el fallo, modificar sus estatutos de administración de información con base en los parámetros consagrados en esta providencia. La sentencia la proyectó la magistrada Clara Inés Vargas Hernández y la aprobaron los juristas Jaime Araújo y Manuel José Cepeda.WILABR

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